El greenwashing ¿engaño deliberado o práctica aceptable?

Blog / Calidad de Vida / Cambio Climático / Desarrollo Sustentable
agua

El Acceso al Agua Potable y Saneamiento: Un Derecho Humano Fundamental

Abg. Ma. Maritza Da Silva (*) @MaritzaDaSilva

Cuando hablamos del acceso al agua potable y saneamiento, como derecho humano fundamental afirmamos que tiene un
reto pendiente, bien por el derecho consagrado, bien por la autonomía de derechos, bien porque el ser humano demanda
mas efectividad en su facultad de disfrute de su derechos, bien porque los Estados están obligados a garantizar el desarrollo progresivo de su disfrute, bien porque aun falta mucha participación ciudadana en el ámbito político, para lograr el efectivo disfrute de derechos fundamentales.

Nadie pone en duda el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental, ello quiere decir que no puede ser conculcado, vulnerado y mucho menos violentado en su disfrute por las sociedades humanas, encontrando respaldo en un sinnúmero de tratados
ratificados por la mayoría de los Estados de la comunidad internacional, estableciendo principios y mecanismos reguladores para un manejo sostenible del recurso hídrico y su acceso en calidad a todos los seres humanos.

La Declaración de Dublín, por ejemplo, emitida durante la “Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente” en 1992 y la Declaración de San José de 1996, en las cuales se acordó impulsar estrategias para alcanzar un mejor equilibrio entre el suministro y la demanda del agua.

La Observación General 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) obliga a los Estados respetar, proteger y garantizar el derecho al agua, cuyas características esenciales e interrelacionadas son: disponibilidad, calidad y accesibilidad, por ende los Estados deben garantizar instalaciones y servicios de agua seguros para el acceso, y atender las necesidades humanas, dentro de los estándares de calidad.

Aunque no se menciona explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una parte esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, y ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos, implican que las poblaciones tengan acceso al abastecimiento y al saneamiento de las aguas residuales.

La tarea reside en exigir de manera ciudadana postura frente a los Estados de proteger, cumplir y hacer efectivo el derecho humano al agua, sin discriminación y en condiciones de igualdad, porque no podríamos hablar de vida humana sin agua: es el elemento más importante para la salud, la vida y la permanencia en el planeta, por eso desde Vitalis exigirlo es nuestro compromiso.


(*) Abogada. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS.

chichen-itza-683193_1920

¿Tren Maya? Si, pero no.

Por Diego Díaz Martín, PhD. @DDiazMartin

El Tren Maya ha sido, sin dudas, uno de los proyectos más polémicos de la actual administración gubernamental mexicana. Si bien aún es una idea ya que aún no se ha licitado el proyecto, en el debate por su implementación hay argumentos a favor y en contra, así como también varias contradicciones.

Imagen cortesía de adnpolitico.com

A favor

La interconexión urbana por medio de sistemas de transporte ferroviarios masivos, más eficientes y menos contaminantes, puede ser sin duda una buena noticia para cualquier país.  

Un tren debidamente planificado provee una gran capacidad de transporte de personas y mercancía (cuando se comparte para ambos usos) y los costos de operación, por lo general, suelen ser más bajos.

En materia de seguridad, los trenes presentan baja siniestralidad, y contribuyen a disminuir la congestión del tránsito en las vías tradicionales.

Desde el punto de vista económico, el Tren Maya podría contribuir a liberar el potencial del desarrollo del sureste de México, particularmente de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Ello detonaría la desconcentración turística de ciertas zonas como Cancún y fortalecería el sector hotelero, elevando la visibilidad y visita de otros atractivos en la región, como la zona arqueológica de Calakmul.

En contra

El proyecto mexicano del Tren Maya genera dudas, ambientales, jurídicas, sociales y hasta económicas, razón por la que su sustentabilidad está es riesgo.

Para comenzar, muchos expertos compartimos la preocupación sobre sus impactos ambientales, pues atravesará 15 áreas naturales protegidas, sujetas a un régimen especial de administración y manejo, protegidas nacional e internacionalmente para conservar la biodiversidad, los paisajes y sus procesos ecológicos esenciales, además de garantizar la supervivencia de alrededor de 40 especies en situación de peligro o amenaza.

Desde la perspectiva social y étnica, el megaproyecto ferroviario también tendrá sus incidencias en al menos 82 comunidades indígenas, quienes deben ser consultadas para mitigar cualquier posible efecto sobre su integridad, incluyendo el patrimonio arqueológico tan importante para México y el mundo.

Económicamente hablando, la inversión oscila en alrededor de 150 mil millones de pesos, cifra que contrasta con la política de austeridad del gobierno, y las necesidades existentes en otros sectores como la salud y la educación.

Contradicciones

Tal y como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México, un proyecto de este tipo requiere la correspondiente evaluación del impacto ambiental, por medio del cual se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de la obra, a fin de evitar el desequilibrio ecológico y el rebase de los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente.

Sin embargo, este proyecto aún no cuenta con la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aunque el gobierno reconoce su importancia, y se espera que esté listo antes de su construcción, como lo establece la ley.

La evolución de este proyecto, sin embargo, ha estado determinada por algunas contradicciones. Por ejemplo, al principio algunas autoridades afirmaron que probablemente no requería una MIA, pues ya existía la vía férrea. Sin embargo, a finales de 2018 se colocó la primera piedra de este proyecto que inicialmente cubriría 900 kilómetros y que ya se extiende hasta 1,525.

Si, pero no.

Conociendo la diversidad y fragilidad biológica de la zona, incluyendo su extraordinaria riqueza étnica, me atrevo a pensar que aunque la modernización del sistema de transporte es importante y necesaria, sin una evaluación de impacto ambiental desarrollada por profesionales independientes y debidamente acreditados, este proyecto ferroviario no es una buena idea.

Técnicamente hablando, es imprescindible identificar, describir y evaluar los riesgos e impactos ambientales, y sus medidas de mitigación, prevención y compensación, incluyendo los pronósticos y alternativas. No hacer esto es irresponsable e ilegal.

Por ello, cada vez que mis alumnos, colegas o algún periodista me preguntan qué opino del Tren Maya, sin pensarlo mucho les digo: Si, pero no.

(*) Biólogo, con Maestría en Gerencia Ambiental y Doctorado en Proyectos de Ingeniería. Profesor universitario del Tecnológico de Monterrey y de las Universidades Anáhuac México y Anáhuac Cancún. Director General para las Américas de @ONGVitalis – ddiazmartin@vitalis.net

lake-irene-1679708_1920

Los bosques, fuente de vida e ingresos para los mexicanos.

Por José David González Merlín (*) @Davidegon

Los bosques ocupan un tercio de la superficie total de nuestro planeta y contienen cerca de 70% de carbono presente en los seres vivos. En el caso de México los bosques representan casi el 18% del territorio mexicano, constituidos en su mayoría por pinos, encinos, cedros blancos y oyameles; ubicados en los estados de Durango, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Oaxaca, principalmente, aportando cerca del 70% de la producción maderable del país para la fabricación de papel, madera y muebles.

Actualmente el sector forestal mexicano se encuentra inmerso en una problemática compleja que abarca distintas áreas: normativa, ambiental, técnica, comercial y social. Por tal motivo es urgente plantear una estrategia de producción y aprovechamiento forestal en México, que permita el fortalecimiento de la participación ciudadana incluyendo a los actores clave, el impulso a la producción forestal sustentable y buscar disminuir las importaciones de productos forestales.

Se requiere establecer acompañamiento técnico que coadyuve a potenciar las capacidades de comunidades, ejidos y propietarios forestales para la producción sustentable; en sinergia con la conservación y restauración bajo un enfoque de territorio multifuncional que considere los derechos sobre la tierra y los bosques.

Es importante que las instancias se enfoquen y trabajen de manera conjunta, para la construcción de un futuro en el que los bosques existan fortalecidos y sean bien aprovechados. Para ello, la inversión pública deberá ser eficaz, transparente y considerar la adquisición de infraestructura y tecnologías sustentables para la producción forestal. Es imprescindible fomentar la investigación así como la inversión de activos públicos y el desarrollo de políticas forestales con visión de largo plazo que impulsen el Manejo Forestal Comunitario como forma colectiva, ordenada y organizada del manejo de los bosques.

Toda vez que se logra implementar una política forestal sustentable dentro de un marco legal aplicable, se podrá aprovechar de los servicios ambientales que los bosques ofrecen: la producción de oxígeno, la regulación del régimen hidrológico, la reducción de la erosión, la regulación climática, la captura y almacenamiento de carbono, la belleza escénica para el entretenimiento, la contemplación de paisajes y el desarrollo de diversos servicios turísticos.

Conservar los bosques depende de nosotros. Fomentar la conciencia social sobre el respeto a cada ser vivo es una manera de vivir en plenitud. Te invito a sumarte.


(*)  Economista Agrícola, Maestro en Agronegocios, actualmente cursando la Maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac. Consultor agrícola-ambiental. Universidad Anáhuac Facultad de Ingeniería CADIT Maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable Materia: Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente

jesodivad@gmail.com

 

splashing-275950_1920

El futuro de la gestión del agua en Venezuela

Ing. Luís Alejandro Padrino (*) @agua_ambiente

Para abordar una emergencia humanitaria compleja como la que vive Venezuela, se deben considerar componentes de atención urgente como el abastecimiento de agua potable a la población más vulnerable, pero es en los temas de gobernanza y gestión donde se sientan las bases para que no vuelva a ocurrir o, en caso de presentase, que sus efectos sean controlables. En este aspecto, la gestión del agua tiene un papel crucial que amerita medidas estructurales que vayan más allá de la coyuntura actual, buscando mejorar los niveles de seguridad hídrica del país ante escenarios de mayor incertidumbre como el cambio climático.

Aunque Venezuela cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita del mundo, esta no se traduce en seguridad hídrica debido a la falta de inversión, carencia de políticas y la escasa integridad en la administración los recursos financieros. Los impactos de la falta de seguridad hídrica van más allá del evidente deterioro del servicio de agua potable, generando importantes retrocesos en el sector agrícola y energético por la interdependencia del “nexo: agua-energía-alimentos”.

El agua está presente en todos los aspectos de la sociedad de manera transversal, siendo considerada como el epicentro para el desarrollo sostenible, por lo que todos los sectores tienen algo que aportar en la gestión del recurso. Los esquemas de gobernanza del agua se establecen bajo criterios de descentralización por cuencas hidrográficas, que deben ser gestionadas por órganos consultivos y ejecutivos denominados Consejos de Cuenca o Región Hidrográfica. Estos a través del consenso con los distintos actores estratégicos planifican entorno a la gestión integrada de los recursos hídricos y la conservación de las fuentes, llevando a cabo una gestión efectiva a través de las Secretarías Ejecutivas de Cuenca o Región Hidrográfica en coordinación con otros entes y organizaciones. Contar con un ministerio solo para la gestión de aguas facilita en gran medida los procesos administrativos y de coordinación para establecer una línea estratégica nacional, siempre que cuente con las atribuciones para ejercer un control y gestión real sobre el sector.

Los recursos hídricos son el mayor vínculo de la sociedad con el ambiente, donde la infraestructura verde o natural realiza una serie de funciones ecológicas y procesos naturales que benefician directamente a la sociedad como lo son: secuestro de carbono, regulación hidrológica, control de erosión, almacenamiento de agua en suelos y acuíferos. Estos también son llamados servicios ambientales. El eslabón más débil de la conservación ambiental, tanto en Venezuela como en otros países de la región, es el acceso al financiamiento, por lo tanto del reconocimiento de los servicios ambientales, nacen estrategias de retribución económica como los pagos por servicios ambientales con los que no solo se estarían reconociendo los costos de operar y mantener la infraestructura gris, conformada por plantas potabilizadoras, sistemas de riego o centrales hidroeléctricas, etc., sino que también se brindaría soporte financiero a la ejecución de proyectos de conservación de la infraestructura verde conexa, ya sea en áreas protegidas o en áreas intervenidas por la agricultura, ganadería y otras actividades económicas que pueden desarrollar modelos de producción más sostenibles y amigables con el ambiente.


(*) Experto en seguridad hídrica y manejo de cuencas. Profesional Asociado de VITALIS en Ecuador. lpadrino@vitalis.net


drops-of-water-578897_1280

El agua: un recurso alterable.

Por Marta Leticia Gaytán Herrera (*)

Sin agua la vida no sería posible, es un compuesto indispensable para la vida debido a que constituye alrededor del 70 al 80% del peso de los organismos biológicos, regula la temperatura del ambiente, ocupamos un gran volumen de esta parala producción de nuestros alimentos (producción agrícola), para nuestras actividades de higiene y en el último siglo, para los procesos industriales.

Su importancia está dada por sus propiedades físico-químicas: 1) es el disolvente universal, pues por su molécula polar, logra disociar las sales minerales que llegan a ella y 2) posee una gran capacidad de absorber calor, por lo que es un regulador de la temperatura ambiental.

En la antigüedad, las poblaciones buscaban manantiales para abastecerse del líquido, porque sabían empíricamente que el agua que ya había tenido contacto con el medio ambiente podría causar enfermedades. Esto sucede porque, a través de la evaporación, el agua queda libre de sustancias disueltas y de microorganismos, pero cuando cae en forma de lluvia, va incorporando nuevamente en su masa los elementos que encuentra a su paso, en su flujo por los continentes.

Si la lluvia se infiltra en el suelo, disuelve sales minerales, pero el suelo sirve como un filtro para limpiarla de muchos de los organismos dañinos y cuando brota posteriormente como manantial en terrenos bajos, es más segura para su consumo. No ocurre lo mismo con el agua que corre por los ríos, en donde es más probable que se incorporen todo tipo de microorganismos, como virus y bacterias, algunos de ellos causantes de enfermedades como tifoidea, cólera, fiebre tifoidea, salmonelosis, diarreas, amibiasis, hepatitis y giardiasis entre otras.

Generalmente en las ciudades existen instituciones encargadas de llevar agua que se somete a procesos como filtración, floculación y cloración, con el fin de eliminar tanto los microorganismos como sustancias que la enturbien o representen algún peligro al consumidor. Sin embargo, el líquido puede contaminarse nuevamente dentro de las viviendas, por lo que es conveniente tener cuidado en su manejo dentro de las mismas, asignando recipientes limpios para almacenarla.

En poblaciones rurales difícilmente puede llevarse un control de la calidad del agua, por lo que es conveniente hervir aquélla usada para beber, pues es un método seguro para eliminar los agentes infecciosos, pero también se pueden utilizar desinfectantes como el cloro, combinado con el uso de filtros, para lograr su inocuidad. La educación sobre el manejo adecuado y cuidado de este preciado recurso redituará en una mejor salud poblacional y en la conservación de este para las generaciones venideras.  


(*) Bióloga, Maestra en Ciencias Biológicas. Trabaja en la FES Iztacala, UNAM, estudiando el fitoplancton del embalse de Valle de Bravo y de otros cuerpos de agua. martha.iztacala.unam@gmail.com .

lady-justice-2388500_1920

Salud Ambiental: un derecho humano fundamental.

Abog. Maritza Da Silva (*) @MaritzaDaSilva

La protección de la salud humana está íntimamente ligada a la protección del ambiente, desde tiempos inmemoriales, al punto que resulta imposible deslindar la protección de la salud de la protección del ambiente.

En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos como la salud es un derecho de toda persona y a su familia a disfrutar de un nivel de vida adecuado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), denomina a la salud ambiental como una prioridad básica de la humanidad, conllevando a la obligación de los Estados a revisar sus patrones epidemiológicos garantizando la salud como un derecho humano impostergable, pues la protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la salud se han convertido en requisitos inseparables de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y sostenido de desarrollo económico y social.

La protección del ambiente tiene su aparición a nivel internacional en el año 1972 en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, posteriormente se ve desarrollado por la Carta de la Tierra del año 1982, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 y la Declaración de Johannesburgo del año 2002, todos ellos relacionados con el derecho al ambiente sano como garantía de calidad de vida.

Empero, la salud debe entenderse no sólo como ausencia de enfermedad, sino como condiciones mínimas que permitan el disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, y así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 127, reconoce el derecho-deber que tienen todas las personas inclusive las generaciones futuras, de un vivir en un ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado, como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, es una garantía del derecho humano a la salud ambiental y a un nivel de bienestar en todos los espacios de la vida.

En conclusión, el ambiente sano y la salud se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y su desarrollo en condiciones de suprema felicidad, como base para el ejercicio de otros derechos humanos, tendientes a la protección de la humanidad.


(*) Abogada, profesora universitaria. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS (Venezuela). mdasilva@vitalis.net

adult-1822449_1920

La problemática silenciosa de una sociedad que grita.

Por Lic. Adriana Reyes Ortega (*) @adrianareyeso

Ciudades que no duermen, procesos productivos cada día más complejos y una constante búsqueda por lograr la utilización más eficiente de los recursos disponibles, son características de la mayoría de las sociedades modernas: estructuras que no paran, que se esmeran en prolongar sus jornadas laborales al máximo, que lloran, que rugen.

La dinámica actual de las ciudades, nos ha dejado como consecuencia que el sonido con el que despertamos, no sea ya el trino de un pájaro, sino el motor de un camión o los golpes provocados por los albañiles de una obra cercana.

El ruido es ese sonido molesto, inoportuno para quien lo escucha y que puede llegar a causar daño, por su intensidad o por exposición recurrente. Es provocado por la mayoría de las actividades humanas, pero la industria es sin duda, la principal generadora, ocasionando un problema que, durante mucho tiempo, estuvo callado sin llamar la atención de autoridades y reguladores.

Las iniciativas de México, guiadas por las mejores prácticas internacionales, se centran en dos puntos vitales para la atención de éste problema: Normatividad y Tecnología. Mediante la creación de normas se determinan los límites permisibles de ruido y las medidas necesarias para proteger al receptor del mismo. Mientras que, a través de la tecnología, se construyen alternativas que mitigan el ruido desde tres perspectivas: el emisor, el receptor y todo aquello que se puede colocar entre ambos para que el efecto del sonido molesto, se disipe.

Para controlar el ruido desde la fuente que lo emite, se han diseñado silenciadores acústicos y aislantes que absorben las ondas del sonido, saliendo al exterior con menor intensidad. Por otro lado, para proteger al receptor, la tecnología ofrece tapones para los oídos, orejeras y cascos que bloquean el canal auditivo y con ello, el ruido llega a ser imperceptible. Asimismo, para impedir que el ruido llegue del emisor al receptor, se han creado materiales absorbentes y barreras acústicas y en casos de ruido extremo, se destinan zonas de aislamiento o casetas sonoamortiguadas para mitigarlo.

La normatividad y el desarrollo tecnológico, respaldados por su correcta implementación, tratan de contener los efectos adversos que provoca el ruido a la población. Ambos, representan sólo sutiles silenciadores ante la demencia del mundo actual, en donde el único objetivo es obtener más beneficios y poder, sin escuchar las quejas de una sociedad que grita.


(*) Licenciada en Administración Financiera, con 12 años de experiencia profesional en Bancos nacionales y extranjeros. Especialista en Financiamiento a MIPYMES para Mitigación de Cambio Climático.

mobile-phone-1917737_1920

Las redes sociales como vehículo de conciencia ambiental.

Por. David Mendoza (*) @_Mendoza

Especialista en desarrollar estrategias de marca y comunicación, con fuerte inclinación al ambiente digital.

Mucho se ha reseñado de cómo las generaciones más jóvenes son cada vez más conscientes del impacto que tienen en el mundo. El infinito acceso a la información ha construido una juventud hiper conectada que cada vez se entera más de la cambiante realidad de nuestro planeta y se pregunta cómo ser parte de la ayuda.

La ecología, el trato ético de los animales, los movimientos sociales en contra del racismo, la igualdad de género, la aceptación de diversidad sexual; son solo algunos ejemplos de causas que están viendo crecer su alcance a través de medios sociales.
Las empresas se han adaptado a este panorama. Marcas como Nike y Chipotle han generado propósitos más allá de lo comercial para conectar con jóvenes que están dispuestos a pagar más por una determinada postura ante una problemática social.
En el lado ambiental, empresas están diversificando su portafolio para incluir productos amigables con el ambiente o prácticas con menos desechos. Ejemplos más evidentes vemos en marcas que han cambiado sus empaques para reducir desechos no reciclables o incluso en la industria de la moda, donde diseñadores están buscando reducir el uso de agua o tintes que pueden dañar la calidad del agua.
La clave en hacer que estos programas tengan impacto es que trasciendan el anaquel, es fomentar la amplificación a través de usuarios online. Las redes sociales cumplen un rol de difusión muy importante para generar conciencia ambiental que está permeando a otros ámbitos.
Las ONG y Asociaciones Globales o Regionales en pro del ambiente también pueden beneficiarse de la amplificación social. Ahora gozan de plataformas donde pueden construir una comunidad cautiva de usuarios deseosos por escuchar qué están haciendo.
Una clave importante en generar interacciones con estos temas es hacer al usuario parte de la causa. El usuario debe sentir que con su “me gusta” está contribuyendo. Las interacciones deben fomentarse para darle visibilidad a problemas que hoy no están en los noticieros.
¿Cómo pasamos de la interacción social a la acción?
• Contar historias que cautiven, usando video, infografías reseñas o testimoniales. Cualquier recurso que pueda hacer que el usuario quiera ser parte de ello.
• Multiplicar y amplificar. Tal vez hoy ese “fan” en Facebook no se convertirá en voluntario o donante, pero uno de sus amigos sí. Se apuesta a la constante difusión y recomendación para llegar a esos usuarios más inclinados hacia la acción.
• Hacer más fácil el camino, entendiendo que algunos usuarios simplemente no se separarán del teclado, generemos caminos para las donaciones con un click, las firmas de peticiones online o el que nos ayude a difundir un caso de éxito. Todo cuenta.
• Es importante fomentar la educación constante para que los usuarios distingan los hechos de las opiniones y la propaganda. En ocasiones se hace eco de información no verídica o datos que no tienen fuente. Como usuarios tenemos la responsabilidad de no darle difusión a cuentas no verificadas o información que no suena del todo correcta.
• Cuando somos parte de un movimiento social en línea se genera un “efecto burbuja” en el cual es difícil distinguir los hechos porque nos dejamos ir por la pasión del tema. En el otro extremo, pueden crearse efectos muy positivos como ocurrió con el movimiento anti-popotes que nació en redes para cambiar por completo industrias y amplificarse más allá del mundo online.
• La presión social cumple un rol importante en esta ecuación de causas nobles. Como usuarios, nuestras redes son un reflejo de nuestra “persona online”, y hemos aprendido a que ellas reflejen nuestros intereses y gustos. Es por ello que han surgido movimientos que fomentan la integración de buenas acciones al estilo de vida. Más personas están dedicando sus vacaciones a hacer voluntariado y otras dedicando sus búsquedas de desyino de viaje a lugares ecológicamente sustentable.d
¿Por dónde empezar?
No todas las causas tienen un lugar en redes sociales. Es importante primero entender el objetivo para las que las usaremos. Sea para darle exposición a un problema que no tiene mucho conocimiento, generar voluntariado o simplemente recibir donaciones.
Es necesario empezar a ver las redes sociales como un recurso más en tu plataforma de trabajo y difusión, y no como lo protagonista. No dejar que la emoción de ganar fans supere la emoción de sembrar más árboles o ayudar a más personas en una comunidad.
Por último, entender que al momento de generar contenido y promoción tienes una responsabilidad con la gente y tu causa. Lo que ponemos allá afuera tiene un potencial de impacto real y está en nuestras manos ser parte del cambio y convertir a las comunidades online en comunidades de personas realmente comprometidas con el mejoramiento de su entorno.

(*) Publicista, Mercadólogo. Director de Comunicaciones Integradas de Vitalis LatAm. Especialista en desarrollar estrategias de marca y comunicación, con fuerte inclinación al ambiente digital.

earth-1709250_1280

Incincera tus residuos o elimina en vertederos, ¡pero paga!

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*) @albertobuq 

Cuando la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo nos habla de “autoridades nacionales”[1], se refiere a todos los niveles territoriales del poder, cualquiera sea la estructura organizativa de cada Estado, pudiendo tratarse de entes centrales como parlamentos o ministerios, pero también de figuras descentralizadas federadas, autonómicas, provinciales, municipales, etc.

De este modo, la aplicación del principio «quien contamina, paga», al buscar la internalización del coste ambiental dentro de la contabilidad del operador económico, para hacerlo responder del daño ambiental derivado de su actividad, es obligación de toda autoridad pública, en el marco de la respectiva normativa.

En este orden de ideas, tenemos que la novedosa Ley Foral 14/2018 de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, dictada por el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, en España, establece el Impuesto sobre la Eliminación en Vertedero y la Incineración de Residuos, como tributo indirecto, real y extrafiscal, siendo su finalidad fomentar la prevención, la reutilización y el reciclado, y desincentivar las acciones que constituyen su hecho imponible: la eliminación controlada en vertedero público o privado y la incineración en instalaciones al efecto.

La ley consagra supuestos excepcionales de no sujeción y de exención del tributo.

Los contribuyentes son las entidades locales y las personas naturales y otras personas jurídicas, cuando entreguen directa o indirectamente los residuos para su eliminación en vertedero o para su incineración.

El devengo o causación del tributo sucede en el momento en que se produzca la eliminación mediante el depósito o la entrada en la instalación de incineración.

La base imponible viene dada por las toneladas de residuos por vez, y será por estimación directa a través de sistemas controlados de pesaje, y si ello no es posible se aplicará la estimación indirecta conforme con la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Para la estimación indirecta se usará cualquier dato, circunstancia o antecedente de los que pueda deducirse el peso de los residuos, tales como el volumen, la densidad o la composición, y en especial los datos económicos y del proceso productivo.

La cuota tributaria prorrateable es de 20 euros por tonelada de residuos domésticos y comerciales, o por tonelada de residuos no peligrosos, industriales o comerciales; de 3 euros por tonelada de residuos de construcción y demolición no peligrosos; 1 euro por tonelada de materiales naturales excavados (tierras y piedras) y residuos industriales inertes; 20 euros por tonelada de residuos para incineración; y,  5 euros por tonelada de residuos industriales minerales no peligrosos de baja lixiviación.

El tributo se satisface por el mecanismo de autoliquidación.

Finalmente, la recaudación de este impuesto, así como el ingreso por multas por incumplimiento de deberes legales en materia de gestión de residuos, se destinan al Fondo de Residuos.

Se trata de un patrimonio separado, administrado por el departamento con competencia en materia ambiental, y está afectado al financiamiento de medidas que persigan mitigar impactos adversos sobre la salud humana y el ambiente, asociados a la generación y gestión de residuos.

 


(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. Asesor Internacional de VITALIS basado en Francia. www.albertoblancouribe.com

[1]    Principio 16: “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionaleshttp://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

Archivos

Categorías