Estrategia nacional, apoyo a la ciencia y acciones precisas requiere el desafío del cambio climático en Venezuela

El Grupo Orinoco, entre otros, coincide con Vitalis en la catalogación de los factores que más preocupan en la actualidad a personalidades e instituciones vinculadas al ambientalismo y la ecología en Venezuela

Gilberto Carreño / Observatorio Ambiental de Venezuela

Vitalis identifica entre el conjunto de problemas que afectan al ambiente en Venezuela, cinco de los que consideran los especialistas consultados como los más apremiantes, y entre los que destaca la amenaza que se cierne sobre la ecología de la región guayanesa y del propio país, como es el de la activación de Decreto Presidencial sobre la denominada “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, iniciado en la región guayanesa .

Como es conocido, recientemente fue anunciada la publicación del Balance Anual correspondiente al 2016, concebido como uno de los proyectos de mayor importancia de la Organización No Gubernamental Vitalis, a través del Observatorio Ambiental de Venezuela, por constituir el más amplio diagnóstico de la realidad ambiental del país, iniciado desde el 2000. Al igual, que los años precedentes el documento puesto a disposición del público y de manera especial de quienes corresponde tomar decisiones sobre esta materia, recoge la opinión de profesionales y de representantes de los diversos sectores públicos y privados, así como de la sociedad civil.

Además del mencionado, otros problemas están referidos a una inadecuada gestión de los recursos hídricos del país, deficiente manejo de los residuos y desechos sólidos, pérdida de la biodiversidad y al estado de vulnerabilidad que actualmente afecta a las áreas naturales contempladas en la legislación venezolana como objeto prioritario de protección.

Destaca el documento el hecho de que la explotación minera ocupa la principal atención de parte de quienes se interesan por los asuntos del ambiente, especialmente referido a la zona que comprende el mencionado “arco minero”, lo cual constituye un hecho novedoso en relación con los informes de años anteriores del Observatorio. Como dato preocupante sobre el particular, además de los relacionados con las negativas consecuencias sobre las poblaciones indígenas directamente afectadas por la actividad minera, señalan lo que está relacionado con otro de los cinco problemas, en este caso que “en los últimos años se han incrementado la denuncias de estas prácticas extractivas en Parques nacionales, como Canaima”.

Preocupaciones compartidas

Otros informes elaborados por acreditadas organizaciones de la sociedad civil venezolana, apuntan en alguna medida de forma similar al de Vitalis, entre ellos el documento que próximamente será hecho público por el Grupo Orinoco, denominado “Hacia una nueva institucionalidad ambiental”, al incluir el aspecto de la minería incontrolada entre los seis problemas ambientales que, según sus encuestados, figuran entre los principales, junto con otros mencionados como: deficiente gestión del agua, precaria gestión urbana, consecuencias socioambientales de la actividad petrolera, gestión fallida de residuos sólidos y desechos y deterioro de la diversidad biológica.

Además de constituirse hoy en el foco de atención de la mayoría de las ONG y de personalidades íntimamente vinculadas al movimiento ambientalista del país, el tema del arco minero es, por otra parte, citado incluso a principios de año por José Infante en el portal web Aporrea, de tendencia cercana al oficialismo, como uno de los temas principales que hicieron del 2016 “el peor año para la gestión ambiental en Venezuela”. Un año, explica, cuando las organizaciones conservacionistas se desmovilizaron o se debilitaron, y las instituciones no respondieron a las demandas sociales, y “el propio Estado entró en contradicción cuando por un lado promueve el V objetivo histórico (salvar el planeta) a la par de entregar el Arco minero del Orinoco y de esta manera legalizar y promover la minería en los estados Amazonas y Bolívar”

#LupAmbientalVE

gcarreno@vitalis.net

Por: Gilberto Carreño, VITALIS

Sesenta y una Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Vitalis, emitieron este lunes un pronunciamiento de condena y exigencia de resarcimiento de daños,  en relación con el más reciente derrame petrolero registrado en aguas marítimas de Trinidad y Tobago que está afectando las costas orientales de Venezuela, especialmente de los estados Nueva Esparta y Sucre, donde se reporta la muerte de un número no determinado de tortugas.

Entre las playas afectadas por el derrame registrado el pasado 23 de abril y que continúa propagándose por las costas venezolanas, se mencionan: La Caracola, Valdez, El Angel, Punta Ballena, Las Marites, El Agua, Parguito y Guacuco, además de las correspondientes a las islas de Coche y Cubagua, en el estado Nueva Esparta;  las de Güiria, Paria, Isla de Patos, Bahía del Morro de Puerto Santo y Cipara, en el estado Sucre: y de los archipiélagos de  Los Frailes y Los Roques, en las dependencias federales venezolanas.

Según lo informó el biólogo Diego Díaz Martín, presidente de VITALIS, en el documento se denuncia “la gravedad del daño ambiental” causado y se exige, tanto al Gobierno de Trinidad y Tobago como de la empresa Petrorin, causante del desastre, asumir las responsabilidades que les corresponden en el tiempo más perentorio.

Al mismo tiempo, indicó el vocero, se exhorta al Comité de Zona Costera de Nueva Esparta a que investigue a profundidad sobre el alcance de la contaminación por petróleo presente en las áreas marítimas y playas afectadas, e  instan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su  Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de las Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo y a todos los entes competentes a que garanticen, tanto la preservación de la calidad del agua como la vida de la flora y la fauna de las costas que aún continúan recibiendo parte del petróleo. Todo ello, además de las gestiones de carácter diplomática para hacer valer los derechos del país ante tan lamentable acontecimiento.

Indicó el líder de VITALIS que la situación es tan grave, que ya el hidrocarburo ha llegado al menos a tres parques nacionales de Venezuela: Península de Paria,Turuepano y Archipièlago de Los Roques. “La toxicidad del petróleo es ampliamente conocida, por lo que si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán irreversibles”, agregó Díaz Martín.

También solicitan las ONG firmantes, que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el área ambientalista para aportar alternativas de solución al problema y contribuir con la contingencia y apoyo con otros actores claves.

Invitamos a leer el documento completo en nuestra página: http://vitalis2.live-website.com/pinguino/2017/05/61-ong-se-pronuncian-acerca-del-desastre-petrolero-afecta-las-costas-nueva-esparta-sucre/

#LupaAmbientalVE

@ONGVitalis

La protesta crece, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada,

Gilberto Carreño / Periodista ambiental (Especial del Observatorio Ambiental de Venezuela).

Desde la región geológica catalogada entre las más antiguas en el proceso de formación de La Tierra con las características que hoy conocemos, surge un grito convertido en alarma nacional ante las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema del que depende la vida de sus habitantes y la calidad ambiental del país y del propio planeta.

La Guayana venezolana, conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar, integra lo que es conocida como el Macizo Guayanés en una extensión estimada en más de 430 mil kilómetros cuadrados. En una combinación de maravillas geológicas y de selva tropical únicas  y más extensas del planeta, como los tepuyes y el área que abarca a la cuenca del río Amazonas compartida con otros ocho países de América del Sur, han constituido la fuente principal de riqueza para ese mundo bajo el predominio del desarrollo tradicional basado en la irracional explotación de los recursos de la Naturaleza.

De allí que, siguiendo con una vieja práctica de entrega territorial de los productos mineros de la región, una nueva amenaza contra la calidad de vida sus habitantes hace su aparición el 24 de febrero de 2016, cuando a través del Decreto Presidencial Nº 2.248, se crea lo que comenzó a denominarse “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, concebida por el Gobierno nacional como “una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico productivo y social de la nación, salir del rentismo petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral”.

En la determinación del área de afectación se establece una extensión de 111.000 Km², equivalente al 46% del estado Bolívar, donde se ubica geográficamente, y abarca a 10 de los 11 municipios de esta entidad, afectando prácticamente a toda su población, predominantemente a los pueblos indígenas que los ocupan desde tiempos ancestrales, pese a ser teóricamente beneficiario su territorio de figuras de Áreas de Régimen de Áreas de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de reserva de biósfera, reservas forestales, parques nacionales y zonas protectoras de cuencas, entre otras.

Indígenas activan la alarma

Fueron precisamente los pobladores de la región quienes emitieron su primer grito de alerta, exponiendo entre otros argumentos: en primer lugar, que “las negociaciones del gobierno con las transnacionales mineras no fueron consultadas con los Pueblos Indígenas, lo cual viola el Art.120 de la República Bolivariana de Venezuela”; segundo, que “no se han realizado los estudios de impacto ambiental  previos a las negociaciones, tal como se establece en el Art. 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y, en tercer lugar, “el gobierno venezolano pretende involucrar a los Pueblos Indígenas a través de planes y políticas públicas, pero no hay medidas que mitiguen la magnitud de los conflictos que vienen con la explotación minera de 150 transnacionales voraces”

De igual manera, en comunicado que divulgó desde un principio la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas “Wanaaleru”, advierten sobre las consecuencias de la minería en el área de los pueblos indígenas, entre las que señalan la destrucción de la naturaleza, “es decir, la producción que hace la misma naturaleza de bienes y servicios para la vida”; y que al destruirse su economía de sustento, se ven obligados a desplazarse hacia centros poblados donde terminan como mano de obra barata, vendiendo sus artesanías a “revendedores oportunistas”. Además, que la minería destruye las culturas indígenas, porque se adopta la cultura minera basada en la acumulación y  depredación; incide en la salud de los pobladores, “porque con la destrucción de la economía de sustento y la dieta tradicional, además de la contaminación química, aparecen enfermedades que no eran comunes, como el cáncer, diabetes, neumoconiosis”,  y que las minas a cielo abierto repuntan la malaria.

El pronunciamiento indígena fue inmediatamente secundado por organizaciones ambientalistas y de investigación científica de la región, entre las que se incluyó el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Bolívar y la Universidad Experimental de Guayana, que emitieron su Manifiesto de Guayana, en el que además de respaldar la argumentación de los pueblos indígenas, han propuesto, entre otras, además de su actualización tras su debida discusión, la promulgación del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales de la región conforme a la vocación de uso del espacio; la aprobación de la reforma del Decreto Nº 2.165, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y sus conexas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés públicos referidos a dichas actividades sobre los minerales propiedad de la república (artículos 150 y 187 de la República);  el diseño de una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para el área de la minería, y reformar la ley de minas y sus reglamentos y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región.

Igualmente, se han sumado a las protestas y exigencias de eliminación o reforma del referido plan Arco Minero del Orinoco, diversas Organizaciones No Gubernamentales como, entre otras, la Fundación Vitalis, Sociedad Homo et Natura del Estado Zulia, Azul Ambientalistas, la Red ARA, Una Montaña de Gente, la Federación Ecológica de Calabozo-Ciudadanos Verdes del Llano y la Fundación Agua Clara.

La gestión de la Asamblea Nacional

Por otra parte, promovida por el representante del Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), diputado Américo De Grazia, esa institución designó una comisión que ha venido trabajando en el sentido de  evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, cuyo informe preliminar fue presentado en plenaria del Parlamento a fines de diciembre del pasado 2016, en el cual se señala entre sus principales conclusiones que el decreto de creación de dicha zona “representa una violación de la soberanía nacional al pretender entregar más del 12% del territorio nacional para la explotación minera masiva, en condiciones lesivas para la República, desconociendo además los derechos sociales, sindicales y de los pueblos indígenas, quienes serían desplazados de sus territorios, de sus hábitats y tierras, al crearse un Estado dentro de otro Estado, con especial incidencia negativa para el 46% del Estado Bolívar que quedaría destinado a la minería”.

Asimismo, advierte sobre los enfrentamientos que se han venido denunciando entre distintos grupos por el control de las minas, y que han arrojado varias muertes en la zona, además de las irregularidades que observa con el otorgamiento de facultades en materia de negocios y actividades extractivas a una empresa militar “cuyas funciones de resguardo de la soberanía territorial están establecidas en la Constitución, todo lo cual crea un cuadro general de anomia o ausencia de normas que se agudizan por la crisis institucional existente y la corrupción en los altos mandos oficiales; y se compromete la moral y la ética de la Fuerza Armada, inconveniente para el país que requiere de su servicio para coadyuvar en la protección de sus cuencas, ríos, bosques, biodiversidad y del sistema de Áreas Protegidas.”

Con las dificultades que hoy enfrenta la Asamblea Nacional, la comisión sigue trabajando en la formulación de una ley especial que regule lo concerniente a la materia. Mientras, la protesta sigue creciendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada.

@GilbertoCarreno @ONGvitalis

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Leyenda foto: Explotación minera en el área del Arco Minero del Orinoco / Foto cortesía Prodavinci-AirPano

El Doctor Juan Carlos Sánchez y la Bióloga Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, explican cómo se puede corregir la gestión ambiental de Venezuela para que su biodiversidad y ecosistema no sufra consecuencias irreversibles.

El desarrollo ambiental en Venezuela se desempeñó de manera recalcable e incluso referencial para otras naciones hace décadas, al punto de que las delegaciones extranjeras viajaban al país para hablar con los responsables de las gestiones ambientales. Sin embargo, actualmente el rezago de la gestión se expone con los amplios tiempos de espera para tomar decisiones relevantes ante la problemática ambiental.

Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, coincide en que Venezuela enfrenta una difícil situación difícil en diversos ámbitos, incluyendo el debilitamiento de la gestión pública en favor de la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente.

Para el Doctor en Ciencias Ambientales, Juan Carlos Sánchez, este es un punto clave en la situación ambiental presente. Asegura que los tiempos políticos son muy distintos a los que requiere en realidad la gestión ambiental. “La conexión de esto con los problemas ambientales es precisamente porque la mayoría de las dificultades que confrontamos en el país son problemas crónicos, es decir, que no se han resuelto en mucho tiempo”.  Como ejemplo se puede tomar la gestión de desechos sólidos de la ciudad, que no es un problema reciente. Al respecto, Zoila Martinez resalta que la disposición indebida de los residuos sólidos ha destacado entre los principales problemas ambientales del país por más de cinco años en las evaluaciones que realiza VITALIS anualmente.

De acuerdo con Sánchez, las mallas abarrotadas de basura van más allá del techo, situación que no debería existir en una ciudad como Caracas, debería tener por lo menos “dos o tres estaciones de transferencia para desalojar los desechos de manera de que nunca se viera ese espectáculo que tiene ramificaciones sociales, lamentablemente.

Eso no es nuevo, es porque no se toman las decisiones y la gente se va acostumbrando a esa calidad de vida”, sostiene. Las consecuencias de este retraso pueden llegar a ser muy negativas para los ecosistemas, que también poseen un punto de inflexión a partir del cual los daños son irreversibles.

Los principales desafíos de la gestión ambiental en Venezuela

Martínez destaca la escasez de herramientas para el seguimiento, evaluación y medición de muchas de las variables fundamentales en el campo ambiental, e indispensables para la adopción de medidas preventivas. Zoila Martínez concluye que, en Venezuela, en materia ambiental, la inquietud es cada día de mayor alcance. Es evidente la necesidad de articular sistemáticamente los aportes de diferentes actores en espacios de interconexión que los integren y que favorezcan la maximización de acciones conjuntas.

Desde el primer Observatorio Ambiental de Venezuela diseñado por VITALIS entre los años 2002 y 2004, enfocado inicialmente en parques nacionales y monumentos naturales, la ONG asumió la evaluación anual de los principales desafíos en la materia, incluyendo el análisis de los retos y acciones necesarias para brindarles su oportuna solución.  Actualmente se extiende en sus funciones para evaluar los principales alcances y dificultades de la gestión ambiental en el país, identificar acciones concretas que pueden ser desarrolladas tanto por gobiernos regionales y locales, universidades y sociedad civil organizada. Busca, además, analizar periódicamente las políticas en la materia teniendo en cuenta el contexto internacional, para promover una mayor eficiencia y eficacia en la gestión, conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales y del ambiente en general.

El ingeniero Juan Carlos Sánchez destaca la gravedad de que “podamos tener consecuencias muy adversas de pérdida de biodiversidad”. El detalle del cambio climático en el país no puede operar “por decisiones exclusivas del Gobierno Central, hay que tener una descentralización en la gestión del cambio climático y darles la capacidad a los alcaldes y gobernadores para que ellos mismos establezcan sus programas de adaptación”.  

La oportunidad para abrirle paso a la descentralización tan urgida se presenta con la nueva Ley que se discute en el presente: la Ley del cambio Climático Nacional que está en manos de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN).

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