Por Diego Díaz Martín, PhD. (*) @DDiazMartin

El pasado 5 de noviembre, el Senado de México ratificó el Acuerdo de Escazú, decisión que sumada al refrendo de la Cámara de Diputados Argentina del pasado mes de septiembre, permite lograr los 11 países requeridos para su entrada en vigor. Este tratado, garantiza los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, además ser el primer acuerdo regional que reconoce y garantiza la protección de personas defensoras del ambiente, un tema de especial importancia para América Latina.

Entre otros instrumentos normativos, el Acuerdo de Escazú reafirma la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. De igual forma, reconoce la importancia de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.

Además de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú propiciará la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación dentro de la región, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

A pesar de la importancia de este Tratado, Chile, uno de sus impulsores, no lo firmó. Tampoco lo hicieron El Salvador y Venezuela, quienes subestimaron su importancia.

Por su parte, Costa Rica, otro de los países promotores, y sede del Acuerdo, diluyó su entusiasmo y hasta la fecha no lo ha ratificado. Mientras tanto Perú, uno de sus firmantes, decidió «por ahora» no ratificarlo.

Pese a las contradicciones de los mismos gobiermos de la región, y la compleja problemática ambiental existente, la sensatez privó. Por ello el Acuerdo de Escazú entrará en vigor tan pronto sean consignadas las ratificaciones en las Naciones Unidas, lo que permitirá avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de sus defensores, fortaleciendo el Derecho al Ambiente, como lo hizo el Convenio de Aarhus firmado en Dinamarca en 1998 para Europa.

El Acuerdo de Escazú marca un acontecimiento significativo en la defensa y conservación de nuestros recursos naturales y del desarrollo sostenible en la región que debemos conocer, divulgar y hacer cumplir.


(*) Biólogo, Maestro en Gerencia Ambiental y Doctor en Proyectos de Ingeniería orientados al Desarrollo Sustentable. Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. https://www.linkedin.com/in/ddiazmartin/