Cambio climático ante el juez: el “caso del siglo”

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Fracking – What you need to know

 .  Luke Metzger (*)

Texans are increasingly concerned about the huge amount of water required for oil and gas extraction, the frequent and damaging wastewater spills and earthquakes linked to disposal, the land on family farms and ranches seized for pipelines, and the air pollution, fires and explosions at petrochemical plants that all add up to significant damage to our air, water and land. And about the growing amount of gas going to produce plastics, much of which winds up clogging our oceans. A recent poll found that a majority of Texans believe the oil and gas industry should pay for the harm they’re causing to the planet.

Texas produces 41% of the nation’s oil and is home to approximately 30% of U.S. refinery capacity and 75% of U.S. petrochemical production. And since the removal of the oil export ban in 2015, Texas oil and gas exports to other countries have surged.

Mexico is Texas’ number one oil export partner. In addition, Mexican oil company Pemex is the 9th biggest corporate carbon polluter in the world.

Environment Texas is proud to join with Green Business Partners and Vitalis to fight fracking to help protect both our countries’ health and environment. Energy companies must fully shoulder the costs their operations impose on society.

Campaña Fracking Vitalis

Get to know about our campaign alongside with GBP and Vitalis to get involved and make a difference http://vitalis2.live-website.com/pinguino/fracking-vitalis-landing-eng/(abre en una nueva pestaña)


(*) Luke Metzger. As Executive director of Environment Texas, Luke is a leading voice in the state of Texas for clean air, clean water, clean energy and open space. Twitter Linkedin

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Las ordenanzas, una deuda pendiente con las ciudades.

Por Ing. Ronny Chacón (*) @ronnyoc

Las ordenanzas son el instrumento jurídico por excelencia en el ámbito local para establecer las regulaciones sobre un tema en específico de acuerdo a las competencias del ente municipal. En otras palabras, indica el “cómo hay que hacer”, para un objetivo en común y la mejor toma de decisiones por parte de la autoridades como mandato, por ello se consideran que son una herramienta sobre todo con las nuevas tendencias y actividades que llegan a un punto de que deben ser objeto de regulaciones para evitar la anarquía en una ciudad o por otro lado tener el mejor provecho.

Hablar de ciudades es sinónimo de ordenanzas y en este sentido una ciudad no podría avanzar y desarrollarse, sin haber establecido sus pautas; aunque la realidad ha demostrado que el solo hecho de existir la norma no es garantía, por ende es necesario y pertinente que al menos se encuentren a la par de los requerimientos del momento, siendo lo ideal que los contenidos se proyecten con la visión de establecer políticas a nivel local, que perduren más allá del límite del periodo de gobierno de la administración de turno.

En la actualidad, deja de ser opcional la visión de una ciudad inteligente sin su vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible, donde debe iniciarse las transiciones en lo social, cultural, ambiental, económico, y legal, entre otros aspectos, recordando que no es un dibujo libre, sobre todo al hablar de servicios públicos, que es uno de los aspectos que determinan el crecimiento o decrecimiento de una ciudad, temas que las municipales conscientes de ello abordan en sus ordenanzas.

Un caso relevante son las ordenanzas sobre gestión integral de residuos (y desechos sólidos, para el caso de Venezuela donde se diferencias los residuos de los desechos), cuyo enfoque persiste en el esquema simplificado de generación – recolección – disposición final, asociando la gestión integral netamente al servicio de aseo urbano; que durante muchos años dieron resultados esperados pero también tienen su cuota en el origen del problema, coloquialmente conocido como “basura” y con sus graves consecuencias en ecosistemas naturales y urbanos, siendo una constante hasta que se plantee el cambio del esquema tradicional.

En este tema como probablemente en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental, la transformación de sus ordenanzas es una obligación, siendo una deuda pendiente de las autoridades municipales para que sus ciudadanos tengan y disfruten del derecho a su ciudad, ya que para nuevas realidades, nuevas acciones.


(*) Asociado de Vitalis, Ingeniero Ambiental, egresado de la UNET (2004-2009). Profesor Universitario de la UNET cátedra de Gestión Ambiental. Diplomado en Testigo Experto y en Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. Consultor ambiental.  www.linkedin.com/in/ronny-ch


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Salud Ambiental: un derecho humano fundamental.

Abog. Maritza Da Silva (*) @MaritzaDaSilva

La protección de la salud humana está íntimamente ligada a la protección del ambiente, desde tiempos inmemoriales, al punto que resulta imposible deslindar la protección de la salud de la protección del ambiente.

En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos como la salud es un derecho de toda persona y a su familia a disfrutar de un nivel de vida adecuado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), denomina a la salud ambiental como una prioridad básica de la humanidad, conllevando a la obligación de los Estados a revisar sus patrones epidemiológicos garantizando la salud como un derecho humano impostergable, pues la protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la salud se han convertido en requisitos inseparables de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y sostenido de desarrollo económico y social.

La protección del ambiente tiene su aparición a nivel internacional en el año 1972 en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, posteriormente se ve desarrollado por la Carta de la Tierra del año 1982, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 y la Declaración de Johannesburgo del año 2002, todos ellos relacionados con el derecho al ambiente sano como garantía de calidad de vida.

Empero, la salud debe entenderse no sólo como ausencia de enfermedad, sino como condiciones mínimas que permitan el disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, y así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 127, reconoce el derecho-deber que tienen todas las personas inclusive las generaciones futuras, de un vivir en un ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado, como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, es una garantía del derecho humano a la salud ambiental y a un nivel de bienestar en todos los espacios de la vida.

En conclusión, el ambiente sano y la salud se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y su desarrollo en condiciones de suprema felicidad, como base para el ejercicio de otros derechos humanos, tendientes a la protección de la humanidad.


(*) Abogada, profesora universitaria. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS (Venezuela). mdasilva@vitalis.net

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Uso privativo del espacio marítimo, pero…

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)

Sabemos que el derecho tributario ambiental, con fundamento en el principio «quien contamina, paga», tiene por objeto lograr la internalización del coste ambiental dentro de la contabilidad del operador económico, instándolo a responder del daño ambiental derivado de su actividad. Se encuentra recogido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Para ello las legislaciones establecen impuestos, tasas o contribuciones ambientales, tendentes sobre todo a disuadir a los operadores de incurrir en procesos o consumos de excesivo o peligroso daño ambiental, o a inducirlos a prácticas ambientalmente amigables. Todo bajo la idea según la cual: a menor recaudacion mayor efectividad de la fiscalidad verde.

Un buen ejemplo lo tenemos en la normativa (“Portaria”) N. 128/2018 del 9 de mayo de 2018, dictada por los Ministros de Finanzas y del Mar de Portugal, en ejecución del Decreto-Ley N. 139/2015 del 30 de julio, que fija las bases de la política de ordenación y gestión del espacio marítimo nacional.

Así, esta regulación permite el uso privativo del espacio marítimo, pero en compensación obliga a sus tutulares debidamente autorizados al pago de la Tasa de Utilización del Espacio Marítimo (TUEM), cuyas bases son las siguientes:

Ante todo la tasa se presenta en tres componentes que pueden presentarse aislada o acumulativamente según los casos.

El componente A incide sobre el área o volumen de espacio marítimo ocupado, acorde con que se trate de acuicultura o de inmersión de residuos, y se calcula aplicando un valor de base (VB) de 0,002 al área, expresada en m² o m³: A = VB x área o volumen.

El componente B actúa sobre actividades susceptibles de causar un impacto ambiental significativo, adicionado ello a los gastos administrativos de monitoreo y aseguramiento del buen estado del medio marino, y su cálculo conlleva la aplicación de un valor de base (VB) de € 500,oo, tanto a un coeficiente b1 según sean los efectos definidos en el anexo de la normativa; como a un coeficiente b2 que pondera los esfuerzos exigidos y los medios necesarios para efectuar el monitoreo y garantizar ese buen estado, según sea la distancia de la costa (hasta 12 millas náuticas, 1; entre 12 y 24 millas náuticas, 1,2, y más allá 24 millas náuticas, 1,4): B = VB x b1 x b2.

El componente C remunera los gastos por servicios de seguridad marítima e instalación y mantenimiento de sistemas de monitoreo, siendo el valor de base (VB) de € 0,0001 aplicado al área de ocupación en m²: C = VC × área.

Se trata de obtener usos privativos del medio marino, que es un bien del patrimonio común, que no lo perjudiquen y se garantice su gestión para beneficio de todos.


(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. Asesor Internacional de VITALIS basado en Francia. @AlbertoBUQ . www.albertoblancouribe.com

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Decretos de supresión de zonas de veda en cuencas hidrográficas de México, ponen en riego sustentabilidad del recurso hídrico.

Por Abogada Mariana Tejada (*)

Tal y como lo refiere la Dra. Marisol Anglés, la reforma ocurrida a raíz de la publicación de los Decretos en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de la presente anualidad, se concentran principalmente en la supresión de las Zonas de Vedas y el establecimiento de Zonas de Reserva de agua en 300 cuencas del país.

Si bien ambas figuras (zonas de reserva y de veda) están contempladas en la legislación actual, es dable mencionar que con la segunda, era ilegal llevar a cabo la emisión de títulos de concesión.

El sistema jurídico mexicano, carece actualmente de una Ley que regule de manera específica las aguas subterráneas, aún y cuando los problemas relacionados con la calidad y cantidad del agua en el país son evidentes e impactan y violentan directamente al Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento contemplado en el artículo 4º constitucional. La interdependencia de este último derecho humano, con el similar relativo al medio ambiente sano es ineludible, al igual que el crecimiento poblacional y la contaminación cada vez mayor de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

La modificación planteada por el Ejecutivo en los Decretos recientemente publicados, llevan a un cambio de Zonas de Veda, en las que el uso o aprovechamiento de las aguas estaba prohibido, a la creación de Zonas de Reserva en las que sí es posible llevar a cabo actos de aprovechamiento, uso y explotación del recurso hídrico.

Uno de los principales factores a resaltar respecto al tema, es que la metodología empleada para determinar la disponibilidad del agua que puede ser aprovechada, usada y/o explotada, ha sido fuertemente criticado independientemente de contar actualmente con una Norma Oficial Mexicana. Ello, trae como consecuencia la generación de preocupaciones en materia ambiental y social, al concesionar el recurso hídrico sin tener bases técnicas sólidas para hacerlo.

Es por lo anterior, que se ha considerado que la emisión de los Decretos no cuenta con bases sólidas para su existencia y que sí abre la oportunidad de llevar a cabo actos de aprovechamiento del recursos dejando de lado el tema de la sustentabilidad entendido bajo el equilibrio de sus tres pilares; a saber: económico, social y ambiental.


(*) Directora de Derecho Ambiental de VITALIS México. Socia de Green Business Partners (GBP). Candidata a Doctora en Derecho Ambiental por la UNAM, mtejado@vitalis.net

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No solo los fabricantes han de responder por los envases.

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)


El principio «quien contamina, paga», piedra angular del derecho tributario ambiental, persigue la internalización del coste ambiental dentro de los parámetros económicos del operador industrial o comercial, de modo que el primer llamado a asumir la responsabilidad frente al daño ambiental sea éste, liberando a la sociedad del rol de mera víctima, al lado de quien se lucra con su actividad.

Todas las ramas del derecho ambiental comparten ese objetivo, el cual es buscado a través de diversas herramientas. El derecho tributario lo hace por medio de la fijación de impuestos, tasas o contribuciones ambientales, siendo que la finalidad de las administraciones tributarias ambientales no es entonces la recaudación: a menor recaudación mayor efectividad de la fiscalidad verde.

Dentro de esta línea, cada vez mas numerosos países en el mundo han implementado tributos ambientales (a los vertidos líquidos, a las emanaciones atmosféricas, a la producción de envases, etc.), como también por ejemplo la Unión Europea.
Manteniéndonos en el supuesto de los envases, particularmente los de materiales no biodegradables, resulta generalmente conocido por la gente que quien produce y/o utiliza para su producto un envase no biodegradable y se lucra con ello, ha de ser impactado fiscalmente, de forma que a la hora de elegir su materia de insumo opte por una no, o no tan, contaminante, o se conforme con pagar la contribucion en la tarifa que corresponda, asumiendo el coste económico socio ambiental de su decisión.

Y esto, sin perjuicio de que ese coste sea trasladado en el precio al público consumidor, pues éste también toma una decisión al comprar, habiendo preferido adquirir el producto en tal envase, ambientalmente nocivo. Hay pues una responsabilidad ambiental socialmente compartida entre productor y consumidor, en provecho de todos.
Ahora bien, qué ha de ocurrir con otros personajes que igualmente intervienen en la comercialización de los productos, pero no son el fabricante ni el consumidor? Pensemos en los importadores y distribuidores. Y no perdamos de vista a los reenvasadores o reempaquetadores.

Pues bien, el 15 de marzo de 2018 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso SC Cali Sprou SRL) fue clara, al disponer que la Directiva 94/62/CE (envases y residuos de envases), aunque no lo diga expresamente y acorde con el principio «quien contamina, paga», se proyecta tanto sobre los responsables directos de la producción de residuos, como sobre los que contribuyen a generar residuos (importadores y distribuidores de los productos envasados). Con ello se declaró la conformidad de la normativa de Rumania al respecto, que establece un tributo ambiental a ser pagado en provecho de un fondo ambiental, por parte de toda la cadena comercial que con diversos roles interviene en la fabricacion y distribucion de residuos, según sean las circunstancias de su respectiva participación.


(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. Asesor Internacional de VITALIS basado en Francia. @AlbertoBUQ . www.albertoblancouribe.com

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Galicia, Arco Minero del Orinoco y Fiscalidad Ambiental

Por. Dr. Alberto Blanco-Uribe, @albertobuq

Las presentes líneas tienen por cometido el análisis comparado de dos textos normativos, uno gallego y otro venezolano, que tocan la temática tributaria vinculada a aspectos mineros y ambientales, a objeto de destacar lo que resulta ser una regulación seria desde la perspectiva de la gestión ambiental y de fuente democrática, frente a una iniciativa cuasi burlesca y de suyo demagógica, populista y claramente antiambientalista.

La Venezuela víctima del autoritarismo populista y su Ley “Constitucional” del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero1 (del Orinoco):

Comenzando por el texto normativo venezolano, ya su nombre rimbombante propio de los usos de los regímenes autoritarios pone en evidencia su motivación populista.

Y ello ha de ser confirmado si recordamos que proviene de un ente ya internacionalmente reconocido como ilegítimo, y producto de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano, como lo es la fraudulenta asamblea nacional constituyente, herramienta del gobierno represivo, que inventa la figura de “ley constitucional” para usurpar las funciones del Poder Legislativo institucionalizado en la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, único ente que en el Poder Nacional puede legislar en materia tributaria, acorde con el principio garantista de legalidad tributaria.

Ahora bien, antes de entrar en su contenido pertinente a nuestro tema, es menester recordar que la fiscalidad ambiental, tributación ambiental o derecho tributario ambiental constituye un instrumento más de la gestión pública del ambiente, destinada a asegurar el goce efectivo del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y las condiciones de vida digna indispensables para ello.

En este sentido, si bien la Constitución no menciona explícitamente la fiscalidad o tributación ambiental, ella encuentra cobijo en el reconocimiento del derecho humano al ambiente junto a la obligación estatal de garantizarlo (artículo 127), y en el principio de seguridad nacional de promoción y conservación ambiental sobre las bases del desarrollo sustentable (artículo 326), todo ello aunado, cuando se trata de la explotación de recursos presentes en territorios ancestrales indígenas, a sus derechos a información previa, a consulta y a los beneficios (artículo 120).

En otras palabras, se confió al legislador el dictado de las normas que desarrollarían la política de gestión ambiental, comprendiendo lo tributario. Empero, al remitirnos entonces a la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 podemos lamentablemente observar que la única previsión al respecto tiene que ver solo con la posibilidad de establecer incentivos fiscales como las exoneraciones del pago de impuestos, tasas o contribuciones nacionales, estadales o municipales, para quienes hagan inversiones para la conservación ambiental (artículos 102 y siguientes).

Y dejando de lado otros ámbitos para insertarnos en el campo minero, pues esa es la temática abordada, conviene no olvidar que el espacio denominado Arco Minero del Orinoco fue concebido precisamente como una zona destinada por el gobierno, sin más, a la actividad minera y con un enfoque claramente extractivista y rentista, ignorando las principios de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley Orgánica del Ambiente (especialmente en cuanto a estudios de impacto ambiental independientes y sujetos a participación ciudadana) y de la legislación nacional e internacional indigenista (notablemente en torno a la información y consulta). Esta conclusión se aprecia de su decreto de creación de 20162, eufemísticamente como “zona de desarrollo estratégico nacional”, cuyo artículo 4 indica “como objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Obviamente se ignora la obligación constitucional (artículo 127) del Estado de proteger las “áreas de especial importancia ecológica”.

Y ello, en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria3, de contenido económicamente rentista y políticamente ideologizante hacia el socialismo, que menosprecia la previsión constitucional acerca de la ordenación del territorio pro gestión ambiental y su ley y planes de desarrollo, y que por cierto, en cuanto a lo tributario, únicamente prevé planes de estímulos y liberación y suspensión de tributos, particularmente en aduanas, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

Y tratándose básicamente de la explotación del oro, si bien existe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos4, nada más contiene previsiones sobre el pago de regalías de explotación sin afectación alguna a lo ambiental.

A esa conclusión igualmente se llega si se observa el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas5, que en lo tributario se dedica a regular el impuesto superficial por hectárea acordada y el impuesto de explotación.

No hay pues tributación o fiscalidad ambiental alguna.

Pero, a todas estas, cuál es ese régimen tributario especialmente previsto para el Arco Minero del Orinoco? Es el de carácter ambiental?

Lamentablemente la respuesta es negativa, pues a más de insertarse en lo descrito anteriormente, se limita exclusivamente a establecer un régimen especialísimo en el dominio exclusivo del impuesto sobre la renta, para los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Banco Central de Venezuela o a otros sujetos autorizados, por parte de institutos públicos, corporaciones o empresas del Estado, empresas mixtas y alianzas estratégicas. De modo que se gravarán conforme lo disponga el Presidente de la República y en base a los siguientes supuestos: Cuando su capacidad de producción sea superior o igual a 16.000 Kg/año, o su capacidad de procesamiento sea superior o igual a 2.500.000 Ton/año; y, cuando su capacidad de producción sea menor a 16.000 Kg/año, pero mayor o igual a 1.600 kg/año, o su capacidad de procesamiento sea menor a 2.500.000 Ton/año, pero mayor o igual a 250.000 Ton/año.

Y, si la capacidad de producción es menor a 1.600 Kg/año, o la capacidad de procesamiento es menor a 250.000 Ton/año, el Presidente de la República fijará la tarifa impositiva.

Por otro lado, entre diversos puntos donde se encuentran formas de pago y exoneraciones, el documento prevé condiciones a cumplir para poder disfrutar de este régimen especial que se traduce en el pago de menor cantidad de impuesto con el correspondiente sacrificio fiscal, tales como destinar en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se genera el hecho imponible, el 100% de la diferencia del impuesto que le hubiese correspondido pagar, entre otras cosas aparentemente alternativas, a la inversión en protección y saneamiento ambiental, y cumplimiento estricto de las normas jurídicas en materia de protección del ambiente.

No se trata entonces de fiscalidad o tributación ambiental, puesto que no se persigue propiamente inducir cambios de comportamiento hacia conductas menos perjudiciales para el ambiente, ni destinar la recaudación a un fondo especial de gestión ambiental. Tan solo se busca reducir la recaudación de ese tributo, en la medida en que haya inversión ambiental y cumplimiento de las normas ambientales, como ya ocurría en nuestras viejas de décadas leyes de impuesto sobre la renta.

Y no hay tributación ambiental pues no se persigue la internalización del costo ambiental, conforme al principio “quien contamina, paga”.

La Galicia beneficiaria de la democracia proambientalista y su Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas6:

Con un nombre nada pomposo y muy preciso, el Parlamento de Galicia, ejerciendo la potestad legislativa que le acuerda el Estatuto de Autonomía de Galicia, dictó esta ley por medio de la cual, cumpliendo con el principio de legalidad tributaria, se crearon, entre otros tributos, el impuesto compensatorio ambiental minero, debidamente desarrollado por la Orden de la Consejería de Hacienda de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las Normas de Aplicación del Impuesto Compensatorio Ambiental Minero7.

Este tributo se encuentra establecido en el Capítulo III del Título I “Medidas Fiscales”, y como veremos representa un genuino caso de fiscalidad o tributación ambiental, conforme al régimen concreto en esta ley concebido, de carácter técnico, objetivo, sin palabrerío populista y con clara vocación ambientalista. Veamos:

Su Sección 1 “Disposiciones Generales” expresa que el impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM) es un impuesto comunitario, directo, real, objetivo y orientado a una finalidad extrafiscal de carácter ambiental, dirigido a hacer cumplir las obligaciones de recuperación ambiental de los terrenos afectados por las labores mineras.

Por tanto, el texto legal prevé la afectación de su recaudación, deducidos los costes de gestión, a actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero.

Persigue entonces la internalización del coste ambiental.

Sobre los elementos del ICAM, la Sección 2 comienza por definir el hecho imponible, como corresponde, el cual presenta dos supuestos:

a) La alteración de la superficie o suelo como consecuencia de la extracción a partir de las concesiones de explotación de minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiéndose cumplido durante la vigencia temporal de la concesión, aunque la misma se encuentre en suspensión temporal.

b) El depósito o almacenamiento en vertederos públicos o privados de residuos mineros procedentes de la extracción o derivados del proceso de beneficio, de los minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiémndose cumplido mientras no sea clausurado el depósito o almacén de residuos, aun cuando la actividad hubiese cesado.

Luego establece el período impositivo coincidente con el año civil, e indica que el devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año, salvo en el último año de actividad.

Con respecto a los sujetos pasivos, la ley señala en calidad de contribuyentes a las personas físicas, jurídicas o entidades definidas por la Ley General Tributaria, que, bajo cualquier título, realicen las actividades constitutivas del hecho imponible del impuesto, aun cuando carezcan de la autorización administrativa correspondiente, caso en el cual se exigirá el impuesto, independientemente de la incoación del procedimiento sancionador.

Y como responsables solidarios, la ley incluye a las personas físicas, jurídicas o entidades dichas que: sean titulares de las concesiones mineras, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de la correspondiente autorización administrativa del depósito o almacén de los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de las instalaciones o terrenos en que se almacenen los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; o transporten los residuos mineros, cuando no sea posible identificar la procedencia de los residuos.

Por lo que se refiere a la base imponible, la ley la define en estimación directa, así:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos, por la superficie total afectada por las explotaciones e instalaciones, expresada en unidades de superficie (hectáreas o fracciones) alteradas y no restauradas en la fecha de devengo.

b) En el almacenamiento de residuos, por las toneladas depositadas o almacenadas de residuos sólidos y/o los metros cúbicos de volumen depositados o almacenados de residuos no sólidos a lo largo del periodo impositivo. El cómputo de la base imponible se realizará teniendo en cuenta el volumen inicial depositado o almacenado y el volumen incrementado, en cada período de liquidación.

En cuanto al tipo de gravamen y cuota tributaria, la ley dispone que la cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen anuales:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos: Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no restaurada: 12.500 euros.

b) En el almacenamiento de residuos: Por cada tonelada o metro cúbico de residuo peligroso depositado o almacenado: 0’125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso no inerte depositado o almacenado: 0’0125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso inerte depositado o almacenado: 0’00625 euros. A los residuos generados en el proceso de beneficio del mineral se les aplicará un coeficiente de incremento de 1,2. Igualmente, a los residuos procedentes, en su caso, de fuera de Galicia se les aplicará un coeficiente de incremento del 1,5.

Y en aquellos períodos impositivos que no coincidan con el año civil, la cuota resultante se prorrateará en función del número de días del período impositivo.

En otro orden de ideas, la Sección 3 prevé los detalles de aplicación del tributo: autoridad administrativa tributaria competente; potestad sancionatoria tributaria; la potestad fiscalizadora en cooperación entre los órganos administrativos competentes en las materias de minas, ambiente e industria; las obligaciones formales en cuanto a la presentación de declaraciones; el registro obligatorio de concesiones y de instalaciones de depósito o almacenamiento de residuos objeto de gravamen y de las características de las mismas; la obligación de presentar autoliquidación por cada una de las concesiones y por cada una de las instalaciones receptoras de residuos mineros que exploten, determinando la deuda tributaria correspondiente e ingresando su importe, en la forma, plazos y lugar, según los modelos y de conformidad con las instrucciones que establezca la consejería competente en materia de hacienda; la obligación de efectuar pagos a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva por aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible provisional acumulada desde el principio del período impositivo hasta el final del plazo al que se refiera el pago autoliquidando e ingresando su importe en la cuantía, condiciones, forma, lugar y plazos determinados en la orden de la consejería competente en materia de hacienda; y la recurribilidad de los actos administrativo tributarios de aplicación.

Finalmente, la Sección 4 de esta ley prevé la trascendental figura del Fondo Minero Ambiental y Paisajístico, llamado a canalizar las actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero, el cual se financiará, sin perjuicio de los demás recursos que en él se puedan integrar, con los ingresos obtenidos del ICAM, deducidos los gastos de gestión. Siendo su actuación dirigida especialmente a las zonas afectadas por las explotaciones mineras y los almacenes gestionados por los sujetos pasivos del ICAM.

De esta forma, la ley ilustra que el Fondo sufragará:

a) Las actuaciones orientadas a la recuperación del medio natural y del paisaje, así como a la mejora de las condiciones socioeconómicas y del desarrollo sostenible.

b) La promoción de la investigación, desarrollo e innovación de las técnicas mineras, así como de las propiedades, aplicaciones y mejoras de los productos mineros producidos en Galicia, encaminadas a la consecución de procesos mineros más eficientes desde el punto de vista ambiental y de productos más respetuosos con el medio.

c) El refuerzo y la dotación de medios de seguridad, control y vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas por el ICAM.

Conclusión:

Sirva este análisis comparado para que nuestro legislador venezolano, una vez recuperada la democracia y reinstaurado el orden constitucional y el Estado de Derecho, con preeminencia de los derechos humanos y pluralismo político, pueda dictar las leyes implementadoras de una verdadera fiscalidad o tributación ambiental protectora del ambiente y con ello propulsora de condiciones de vida dignas para todos los habitantes del país.

1 http://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-del-regimen-tributario-desarrollo-soberano-del-arco-minero/

2 http://www.juris-line.com.ve/data/files/3311.pdf

3 http://dctos.finanzasdigital.com/GOEN6151Decreto1425DSesarrolloSocioProductivoPatria.pdf

4 http://www.bod.com.ve/media/97487/GACETA-OFICIAL-EXTRAORDINARIA-6210.pdf

5 http://fpantin.tripod.com/index-62.html

6 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/542655-l-12-2014-de-22-dic-ca-galicia-medidas-fiscales-y-administrativas.html

7 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-191217-0001_es.html

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Entra en vigor el Convenio de Minamata sobre contaminación mercurial

Por Julio Cesar Centeno (*)

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio.  Entró en vigor el 16 de agosto de 2017.

La primera Conferencia de las Partes se celebró del 24 al 29 de setiembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

El Convenio trata sobre un metal usado a nivel mundial y omnipresente que, si bien es de origen natural, tiene un amplio uso en objetos cotidianos y se libera a la atmósfera, al suelo y al agua desde diversas fuentes.

El control de las emisiones antrópicas de mercurio a lo largo de su ciclo de vida ha sido un factor clave a la hora de determinar las obligaciones del Convenio. Sus aspectos más destacados incluyen:

  • la prohibición de nuevas minas de mercurio
  • la eliminación gradual de las existentes
  • la reducción del uso del mercurio en una serie de productos y procesos
  • la promoción de medidas de control de las emisiones a la atmósfera, a la tierra y al agua
  • la regulación del sector de la minería artesanal y a pequeña escala.
  • el almacenamiento de mercurio y su eliminación una vez que se convierte en residuo
  • los puntos contaminados de mercurio y temas sanitarios.

El mercurio se encuentra en una amplia variedad de productos, desde mascara, amalgamas dentales, termómetros y cremas para la piel, hasta miembros de la cadena alimenticia por contaminación de aguas, suelos y atmósfera. La Unión Europea (UE) acordó prohibir el uso de implantes odontológicos con mercurio en niños y mujeres embarazadas a partir del 2018.

El mercurio también se utiliza en multiples productos caseros, como lámparas fluorescentes, baterías e interruptores eléctricos. El 90% de los aparatos electrónicos son desechados sin reciclaje, unas 50 millones de toneladas al año, en donde el mercurio se encuentra junto a otros contaminantes peligrosos como cromo, cadmio, titanio, arsénico y plomo. Otra fuente de contaminación son los residuos de hospitales.

No hay niveles seguros a su exposición. Todos los seres vivos nos encontramos en riesgo cuando se emite. Los mas vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y las poblaciones que consumen agua o peces contaminados.

El metilmercurio (CH3 Hg+ ) es la forma de mercurio con mayor responsabilidad por la contaminación con mercurio de los peces y mariscos, así como de las aves y mamíferos que se los comen. Cuando una persona ingiere metilmercurio, el estómago y los intestinos lo absorben en forma mucho más completa que el mercurio inorgánico. Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio

Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dió a conocer cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio. No fueron sino las fotos del reportero norteamericano Eugene Smith tomadas en 1971 (véase algunas de ellas en este enlace) las que interpelaron al mundo sobre este drama humano, pese a los esfuerzos en Japón para que no trascendiera mayormente (véase nota sobre el libro de Eugene Smith y la

Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización.

La convención de Minamata es un paso agigantado hacia la supresión del uso de mercurio tanto en la minería como en actividades industriales. Establece el marco jurídico necesario para proceder contra quienes desacaten las regulaciones sobre la producción, el uso y la disposición de residuos de mercurio.

Unos 14 millones de mineros alrededor del mundo se encuentran expuestos al mercurio, especialmente en la explotación de oro por métodos artesanales en mas de 70 países. En la actualidad hay alternativas tecnicas y económicas para su eliminación en estas actividades.

A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Si bien lo han firmado, no aparecen en la lista de Estados Partes por no haberlo ratificado para el 02 de Octubre 2017: Reino Unido, España, India, Italia, Nueva Zelandia, Rusia, Corea y Sudáfrica, a diferencia de Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Francia que sí lo han ratificado.

En América Latina figuran como Estados Partes Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,  Perú, Nicaragua, Uruguay, México y Panamá. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.

Con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte a este novedoso instrumento. Chile, Colombia y Venezuela han optado por no someterse aún a este tratado.

 

(*) jc-centeno@outlook.com

 

VENEZUELA-NATIONAL ASSEMBLY

¿Constituyente para el Ambiente?

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)

Como se sabe incluso internacionalmente, el gobierno le está haciendo un mayúsculo fraude al pueblo venezolano, usurpando su soberanía y confiscándosela con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a un triple título: asumiendo la convocatoria directa de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras se obvia la necesidad de que ello se haga mediante referéndum popular; seguidamente imponiendo unilateralmente las bases comiciales, tampoco aprobadas en referéndum popular; y, violando el principio de indivisibilidad de la soberanía y consecuente universalidad del sufragio (una persona = un voto), al dividir arbitrariamente en sectores al pueblo.

Pues bien, dentro de ese grotesco y claramente autoritario y nada democrático proceder, se observa como un detalle burlesco que uno de los objetivos pretendidamente buscados con la tal Asamblea Nacional Constituyente sea el de:

La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

Ante todo, es obvio que no es menester que una Constitución contenga normas específicas para que el Estado pueda desarrollar política y legislación ambiental, como lo muestra el derecho comparado. Pero además, nuestra Constitución de 1999 es particularmente prolija en la materia, al consagrar el derecho humano al ambiente (piedra angular), la obligación estatal de proteger el ambiente, el estudio de impacto ambiental, la biodiversidad y áreas protegidas, la ordenación del territorio, la consulta a las comunidades indígenas, etc., y como sabemos nada de eso se respeta, sin consecuencias.

El gobierno lleva a cabo las actividades de mayor impacto ambiental sin control alguno, “inventó” un ministerio de “minería ecológica”, desarticuló el Ministerio del Ambiente volviéndolo ente de propaganda ideológica llamándolo de “ecología socialista”, vulnera a los indígenas a quienes nada consulta y está a la cabeza de su macro destructivo proyecto “Arco Minero del Orinoco”, incumpliendo todo el mandato constitucional al respecto.

A cuál “cultura ecológica” puede estarse refiriendo uno de los más inmisericordes destructores del ambiente que haya gobernado Venezuela?

 

(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. @AlbertoBUQ . www.albertoblancouribe.com

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