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Cambio climático ante el juez: el “caso del siglo”

Por Alberto Blanco-Uribe Quintero (*) @albertobuq

El tema (y hasta el temor) del cambio climático y sus efectos perjudiciales directos, no solo sobre la “lejana” naturaleza y el “apartado” patrimonio cultural, sino en nuestra calidad de vida, ha sido objeto de acuerdos internacionales y normas jurídicas locales destinados a prevenir sus consecuencias, reducir su impacto, implementar medidas de adaptación, así como sancionar sus violaciones. También ha propiciado una serie permanentemente en aumento, de diversas directrices tendentes a adaptar el comportamiento de las sociedades, de las personas, de los productores y de los consumidores, a pautas ambientalmente amigables e incluso solidarias.

La incidencia del cambio climático sobre el goce efectivo de los derechos humanos evidencia su agresión contra el concepto mismo de dignidad humana.  Su carácter destructivo como resultado de la actividad económica efectuada sin responsabilidad social y ambiental de la empresa, solo con el norte de maximizar el lucro, sin fraternidad, pone en tela de juicio la idea misma de humanidad y del menesteroso diálogo intercultural e intergeneracional.

Así, vemos florecer estudios, recomendaciones y toda suerte de cursos de formación y denuncias, aunque sin que a ciencia cierta logremos visualizar que los seres humanos avancen más allá de los discursos, las buenas intenciones y las alarmas.

Afortunadamente, la actuación en justicia desde la sociedad civil, tanto por personas en acciones individuales, como por ONGs en acciones colectivas, impulsando y motivando al juez a convertirse en factor clave de lucha contra el cambio climático, no desde el activismo judicial, sino desde la conciencia ciudadana, ha generado recientes e importantes sentencias que hacen ver a los Estados que sus palabras son hermosas, pero incompatibles o insuficientes con sus haceres, generando su responsabilidad patrimonial frente a los perjuicios causados al ambiente derivados del cambio climático.

Tanto así que, ya dentro del cada vez más amplio “contencioso climático” en el mundo, un juicio en particular conocido como el “caso del siglo”, iniciado por cuatro ONGs y con la firma de 2,3 millones de personas, actúa con un cambio radical de estrategia judicial, en la que en lugar de contentarse con pedir la nulidad de decisiones administrativas aisladas o puntuales, se busca cuestionar toda la política pública en la materia. De este modo, en vista de la insuficiencia de la acción estatal, el juez obliga a la autoridad a tomar medidas útiles para reducir la emisión de gases de invernadero a un nivel compatible con el mantenimiento del recalentamiento planetario por debajo de 1,5°C, y condena al Estado a la reparación de los daños y perjuicios ambientales proporcionalmente causados por su negligencia.

Se trata de la sentencia del Tribunal Administrativo de París, del 3 de febrero de 2021, en donde el juzgado reconoció la responsabilidad del Estado Francés respecto de la crisis climática por su incumplimiento frente a los compromisos de reducción de emisiones.

La ciudadanía asume su responsabilidad y el juez obliga al Estado a honrar sus compromisos.

El Acuerdo de Escazú tiene estrecha relación con este tema, por lo que te invitamos a leer más en el artículo sobre su entrada en vigor escrito por el Dr. Diego Díaz Martín, Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá que encuentras en este enlace

(*) Abogado. Colaborador consultor internacional de Vitalis. Consultor en derecho ambiental, derechos humanos, patrimonio cultural y paisaje. Profesor, escritor y conferencista. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

leer en playa

Tiempo libre y ocio en provecho del ambiente

Por Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)

La Declaración de Estocolmo de 1972 reconoció el derecho al ambiente. Subsiguientes actividades de Naciones Unidas, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), han dejado claro el deber intergeneracional de gestión racional y protección de éste derecho, en beneficio de la vida.

El avance de los derechos humanos sobre el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad o auto determinación que la persona puede concebir en sí y de sí misma, en todos sus ámbitos, sin injerencias que perturben su dignidad, ha propiciado nuevos derechos. Entre ellos destacan el tiempo libre y el ocio, especialmente en interdependencia con otros como la protección de la vida privada, la salud, la calidad de vida, la creación cultural y la libertad asociativa.

Pero cuando se oye hablar de ocio la gente responde con una mueca de desaprobación, por entenderlo como inutilidad y pérdida de tiempo, lo cual es un prejuicio, pues tiene un carácter provechoso (Declaración Universal de los Derechos Humanos, UNESCO, Asociación Mundial del Ocio y la Recreación – WLRA). El ocio es una actividad positiva y enriquecedora, ligada al bienestar emocional.

Tal prejuicio se originó en la era industrial, Siglo XIX. La consigna del momento era producir al máximo, siendo lo único loable trabajar (“Ser alguien productivo”). El tiempo libre era visto como algo negativo. Salvo que ello se justificara en la necesidad de descansar, recuperarse para ser “productivo”. Incluso se acuñó aquello de que “el ocio es el padre de todos los vicios”.

Afortunadamente los diccionarios, además de acepciones prejuiciadas, nos muestran que el ocio es una actividad autotélica: divertirse mediando un hacer, a través del cual se desarrolla el ingenio y la creatividad, contando con tiempo para ello, gracias al hecho de estar libres de las ocupaciones habituales, y con resultado provechoso. Fuera de trabajar y descansar, se tiene la necesidad de alcanzar otros cometidos útiles para sí y para la sociedad.

Es solo en el ocio donde permitimos que emerjan facetas humanas que no están sujetas al imperativo de la producción y que hacen, con diversión, brotar el ingenio y la creatividad. “El ocio es el padre de todas las virtudes”. Un gran ocioso fue Leonardo Da Vinci. La sociedad debe fomentar el ocio.

Dentro del tiempo libre hay ocupaciones autoimpuestas, como el voluntariado tipo membresía en ONGs ambientalistas, que de suyo es participación solidaria en pro del ambiente (limpieza de playas, reforestación, sensibilización, formación); y las de ocio: diversión, ingenio, creatividad, utilidad, que no son trabajo, no implican remuneración ni obligación (huertos caseros, compost, reciclaje y reutilización, reparación, investigación y redacción de artículos como éste, preparación y dictado de cursos, escritura de textos, realización de videos…). El ocio podría desembocar en una obra literaria, pictórica, fórmula química, una mejor tecnología, un emprendimiento, un juego ecológico, etc.

Seamos voluntarios ambientalistas y también ociosos del ambiente: divirtámonos y retemos nuestro ingenio creativo.

¿Te gustó este artículo? Te invitamos a revisar este otro, relacionado con el tema, sobre «Tradiciones Populares y Educación Ambiental: Los Juegos«. Si deseas aprender herramientas didácticas creativas para aprovechar el tiempo libre visita nuestra oferta de cursos en línea aquí

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(*) Abogado, profesor universitario, asesor, consultor y litigante en materia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Colaborador de Vitalis. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

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