GFW: una herramienta que empodera a los ciudadanos para conservar los bosques

Gracias al Global Forest Watch (Observatorio Global de Bosques) del Instituto de Recursos Mundiales (WRI según sus siglas en inglés), es posible monitorear el estado y conservación de los bosques del mundo, mediante una sencilla herramienta que contribuye a la toma de decisiones.

Entre las bondades de esta aplicación figura el monitoreo de la deforestación y sus implicaciones en el cambio climático, la generación de alertas específicas sobre los cambios de cobertura vegetal en un área protegida, y el monitoreo de incendios, entre muchas otras aplicaciones.

La herramienta puede ser alimentada con información, imágenes y datas suministradas por científicos y técnicos alrededor del mundo, y permite manejar información por país.

Los usuarios también pueden contribuir a GFW compartiendo datos e historias de la tierra a través de herramientas de crowdsourcing de GFW, blogs y grupos de discusión.

Las empresas no se quedan fuera de esta herramienta, por lo que algunas «apps» especiales también proporcionan información detallada para que las corporaciones que deseen reducir el riesgo de la deforestación en sus cadenas de suministro, así lo hagan.

GFW sirve una variedad de los usuarios, incluyendo a los gobiernos, el sector privado, ONG, periodistas, universidades y público en general.

Para visitar y conocer la herramienta, haga click aquí.

GFW_image

Arco Minero del Orinoco: una alarma que activa al país

La protesta crece, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada,

Gilberto Carreño / Periodista ambiental (Especial del Observatorio Ambiental de Venezuela).

Desde la región geológica catalogada entre las más antiguas en el proceso de formación de La Tierra con las características que hoy conocemos, surge un grito convertido en alarma nacional ante las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema del que depende la vida de sus habitantes y la calidad ambiental del país y del propio planeta.

La Guayana venezolana, conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar, integra lo que es conocida como el Macizo Guayanés en una extensión estimada en más de 430 mil kilómetros cuadrados. En una combinación de maravillas geológicas y de selva tropical únicas  y más extensas del planeta, como los tepuyes y el área que abarca a la cuenca del río Amazonas compartida con otros ocho países de América del Sur, han constituido la fuente principal de riqueza para ese mundo bajo el predominio del desarrollo tradicional basado en la irracional explotación de los recursos de la Naturaleza.

De allí que, siguiendo con una vieja práctica de entrega territorial de los productos mineros de la región, una nueva amenaza contra la calidad de vida sus habitantes hace su aparición el 24 de febrero de 2016, cuando a través del Decreto Presidencial Nº 2.248, se crea lo que comenzó a denominarse “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, concebida por el Gobierno nacional como “una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico productivo y social de la nación, salir del rentismo petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral”.

En la determinación del área de afectación se establece una extensión de 111.000 Km2, equivalente al 46% del estado Bolívar, donde se ubica geográficamente, y abarca a 10 de los 11 municipios de esta entidad, afectando prácticamente a toda su población, predominantemente a los pueblos indígenas que los ocupan desde tiempos ancestrales, pese a ser teóricamente beneficiario su territorio de figuras de Áreas de Régimen de Áreas de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de reserva de biósfera, reservas forestales, parques nacionales y zonas protectoras de cuencas, entre otras.

Indígenas activan la alarma

Fueron precisamente los pobladores de la región quienes emitieron su primer grito de alerta, exponiendo entre otros argumentos: en primer lugar, que “las negociaciones del gobierno con las transnacionales mineras no fueron consultadas con los Pueblos Indígenas, lo cual viola el Art.120 de la República Bolivariana de Venezuela”; segundo, que “no se han realizado los estudios de impacto ambiental  previos a las negociaciones, tal como se establece en el Art. 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y, en tercer lugar, “el gobierno venezolano pretende involucrar a los Pueblos Indígenas a través de planes y políticas públicas, pero no hay medidas que mitiguen la magnitud de los conflictos que vienen con la explotación minera de 150 transnacionales voraces”

De igual manera, en comunicado que divulgó desde un principio la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas “Wanaaleru”, advierten sobre las consecuencias de la minería en el área de los pueblos indígenas, entre las que señalan la destrucción de la naturaleza, “es decir, la producción que hace la misma naturaleza de bienes y servicios para la vida”; y que al destruirse su economía de sustento, se ven obligados a desplazarse hacia centros poblados donde terminan como mano de obra barata, vendiendo sus artesanías a “revendedores oportunistas”. Además, que la minería destruye las culturas indígenas, porque se adopta la cultura minera basada en la acumulación y  depredación; incide en la salud de los pobladores, “porque con la destrucción de la economía de sustento y la dieta tradicional, además de la contaminación química, aparecen enfermedades que no eran comunes, como el cáncer, diabetes, neumoconiosis”,  y que las minas a cielo abierto repuntan la malaria.

El pronunciamiento indígena fue inmediatamente secundado por organizaciones ambientalistas y de investigación científica de la región, entre las que se incluyó el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Bolívar y la Universidad Experimental de Guayana, que emitieron su Manifiesto de Guayana, en el que además de respaldar la argumentación de los pueblos indígenas, han propuesto, entre otras, además de su actualización tras su debida discusión, la promulgación del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales de la región conforme a la vocación de uso del espacio; la aprobación de la reforma del Decreto Nº 2.165, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y sus conexas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés públicos referidos a dichas actividades sobre los minerales propiedad de la república (artículos 150 y 187 de la República);  el diseño de una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para el área de la minería, y reformar la ley de minas y sus reglamentos y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región.

Igualmente, se han sumado a las protestas y exigencias de eliminación o reforma del referido plan Arco Minero del Orinoco, diversas Organizaciones No Gubernamentales como, entre otras, la Fundación Vitalis, Sociedad Homo et Natura del Estado Zulia, Azul Ambientalistas, la Red ARA, Una Montaña de Gente, la Federación Ecológica de Calabozo-Ciudadanos Verdes del Llano y la Fundación Agua Clara.

La gestión de la Asamblea Nacional

Por otra parte, promovida por el representante del Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), diputado Américo De Grazia, esa institución designó una comisión que ha venido trabajando en el sentido de  evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, cuyo informe preliminar fue presentado en plenaria del Parlamento a fines de diciembre del pasado 2016, en el cual se señala entre sus principales conclusiones que el decreto de creación de dicha zona “representa una violación de la soberanía nacional al pretender entregar más del 12% del territorio nacional para la explotación minera masiva, en condiciones lesivas para la República, desconociendo además los derechos sociales, sindicales y de los pueblos indígenas, quienes serían desplazados de sus territorios, de sus hábitats y tierras, al crearse un Estado dentro de otro Estado, con especial incidencia negativa para el 46% del Estado Bolívar que quedaría destinado a la minería”.

Asimismo, advierte sobre los enfrentamientos que se han venido denunciando entre distintos grupos por el control de las minas, y que han arrojado varias muertes en la zona, además de las irregularidades que observa con el otorgamiento de facultades en materia de negocios y actividades extractivas a una empresa militar “cuyas funciones de resguardo de la soberanía territorial están establecidas en la Constitución, todo lo cual crea un cuadro general de anomia o ausencia de normas que se agudizan por la crisis institucional existente y la corrupción en los altos mandos oficiales; y se compromete la moral y la ética de la Fuerza Armada, inconveniente para el país que requiere de su servicio para coadyuvar en la protección de sus cuencas, ríos, bosques, biodiversidad y del sistema de Áreas Protegidas.”

Con las dificultades que hoy enfrenta la Asamblea Nacional, la comisión sigue trabajando en la formulación de una ley especial que regule lo concerniente a la materia. Mientras, la protesta sigue creciendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada.

@GilbertoCarreno @ONGvitalis

Sigue nuestras informaciones con el hashtag #LupeAmbientalVe


Leyenda foto: Explotación minera en el área del Arco Minero del Orinoco / Foto cortesía Prodavinci-AirPano

 

fracking-699657_640

La técnica de la fractura hidráulica y el principio precautorio

MarianaTejado.pngMariana Tejado (*)

La reducción de las reservas de hidrocarburos en yacimientos convencionales y el aumento en la demanda energética a nivel mundial, son considerados factores base para el desarrollo de nuevas técnicas de extracción de combustibles fósiles, entre la que se encuentra la fracturación hidráulica o fracking.

Esta técnica es entendida como el proceso por el que un fluido – el cual se compone de una mezcla de agua, arena y químicos aditivos – es inyectado en pozos bajo alta presión, lo cual genera grietas y fisuras en las formaciones de roca que mejora la producción de los pozos, permitiendo escapar y recuperar el aceite y gas contenido en las rocas de los yacimientos no convencionales.

La fracturación hidráulica ha sido utilizada en diversos países del mundo. Como ejemplo, se tiene a los Estados Unidos de América, el cual la considera como necesaria para alcanzar una seguridad energética, olvidando en todo momento los impactos y riesgos ambientales y sociales que trae aparejada.

En México, si bien esta técnica ha sido implementada por Petróleos Mexicanos, sus resultados en términos económicos hasta la fecha no han sido exitosos. No obstante lo anterior, se han identificado zonas potenciales en yacimientos no convencionales para la extracción de combustibles fósiles -como el gas natural-, las cuales se ubican en las siguientes entidades federativas: Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Querétaro, Veracruz de Ignacio de la Llave, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco. Asimismo, el país ha definido dos cuencas de hidrocarburos denominadas Sabinas-Burgos y Tampico-Misantla, que pueden abarcar una o más de las entidades federativas mencionadas.

Relevante es mencionar que la Cuenca de Burgos, ubicada en el territorio de los estados de Nuevo León y Coahuila, se comparte con los Estados Unidos de América (EUA) en la zona denominada Eagle Ford Shale. Por lo anterior, es importante tener presente que independientemente de la frontera administrativa existente entre EUA y México, ambos comparten una riqueza en hidrocarburos de yacimientos no convencionales, lo que debe ser atendido no sólo desde la perspectiva económica, sino también ambiental. 

Los posibles daños ambientales que se generen en alguno de los Estados, pueden ser transmitidos al otro, debido a que para los recursos naturales no existen fronteras. Por ello, tres instituciones con una visión ambiental como lo son Vitalis ONG, Green Business Partners y Environment Texas, buscan el cambio de una visión extractivista a una basada en el cuidado y protección de los recursos naturales en beneficio no sólo del hombre, sino de todos los seres que habitan en el planeta. 

Desde una perspectiva jurídica, a finales del 2013 en México, se generó una de las reformas constitucionales mas importantes relacionadas con los sectores energéticos y de hidrocarburos, la cual es conocida como “La Reforma Energética”. Como resultado, se publicaron o modificaron diversas leyes y reglamentos, que impactaron tanto al marco normativo del sector hidrocarburos como el del ambiental, dejando al segundo en franca desventaja frente al primero.

Esta modificación a los ordenamientos jurídicos ha sido seguida de una desregulación ambiental. Se afirma lo anterior, ya que la técnica de fracking, actualmente está regulada mediante lineamientos administrativos de baja fuerza normativa que establecen en la mayoría de los casos, sugerencias para los regulados.

Como se mencionó, actualmente existen reservas potenciales de aceite y gas por extraer en México, lo cual es un atractivo para la industria. Aunado a lo anterior, el interés económico se hace presente bajo el arropo de un marco normativo ambiental laxo, cuya aplicación está sujeta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la cual fue creada para dar impulso al sector hidrocarburos dejando en el olvido la protección ambiental.

Lo anterior puede afirmarse, ya que de atender a las experiencias internacionales en las que diversos estudios han dejado de manifiesto los riesgos ambientales, así como los impactos ambientales en el suelo, agua, atmósfera, biodiversidad, entre otros, ésta no sería permitida. A pesar de que países como EUA cuentan con gran experiencia en la implementación de la técnica, ya que se desarrolló en ese Estado a principios de los años veinte y fue aplicada hasta finales, aún no puede establecer de forma puntual todos y cada uno de los riesgos de esta actividad. 

En el año 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, a través de su “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos contenidos en Lutitas”, reconoció que esta técnica genera impactos ambientales que deben ser prevenidos. Algunos de los impactos ambientales y sociales más significativos por la utilización del técnica pueden ser: (i) Impactos a la atmósfera por emisiones al aire derivadas principalmente de los sistemas de perforación y emisiones fugitivas de los propios pozos; (ii) impactos al agua principalmente por su uso intensivo así como por el uso de sustancias químicas que son adicionadas al recurso; (iii) impactos al suelo y agua generados por la extracción de compuestos contaminantes contenidos en los yacimientos y por la disposición del agua que se obtiene como resultado del proceso; (iv) impactos por la generación de residuos como resultado de la perforación de pozos, (v) impactos por la fragmentación de los terrenos donde se realiza la actividad; (vi) impactos en la salud humana por el manejo de las sustancias utilizadas durante el proceso; (vii) migración de la población debido a la contaminación de suelos y agua por residuos peligrosos utilizados durante la actividad.

Frente a ello, el principio ambiental “precautorio” ha tomado trascendencia. Éste fue inserto en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mismo que indica que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Tomando como fundamento dicho principio ambiental internacional, se considera que las autoridades no deben permitir la utilización de la técnica en México. Para que dicho principio se aplique, será necesario la existencia de un riesgo y que exista una incertidumbre científica sobre la causalidad, la magnitud, probabilidad y la naturaleza del daño, elementos que se actualizan de manera clara en el caso de la técnica de fracking

Ante la incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking así como de los impactos a futuro que éstos traigan aparejados, países como Francia, Irlanda y Bulgaria, han impuesto moratorias o prohibiciones para el desarrollo de esta actividad, lo que se sugiere ocurra en México. La evidente vinculación entre la degradación ambiental y la violación a los derechos humanos, tales como al medio ambiente sano, al agua potable y saneamiento, a la vida, al desarrollo, a la salud, entre otros, hacen también necesaria la prohibición de esta actividad. 

La violación de estos derechos puede generarse, entre otras cosas por: la contaminación del suelo, aire y el agua, pérdida de la biodiversidad y su vinculación con el desarrollo de las comunidades, la imposibilidad de generar producción en el campo y, el aumento del número de enfermedades causado por el inadecuado uso, manejo y disposición de residuos.

Finalmente, estamos ante un tema ambiental y no económico, en el que la viabilidad técnica de la extracción de los hidrocarburos no está en duda pero si, la protección y cuidado de los recursos naturales así como de los derechos humanos.

Resumen de diversas etapas que involucran la extracción de hidrocarburos mediante la aplicación de la técnica de fracturación:

Etapa Actividad (es)
Identificación y preparación del  sitio Una vez que se tienen los estudios necesarios para considerar que en la zona de interés se localizan yacimientos no convencionales que serán económicamente rentables, entonces se empiezan a trazar los caminos de acceso, lo que genera impactos en el suelo por el tránsito pesado de maquinaria y material.
Perforación de pozos Con un equipo de gran magnitud se empiezan los trabajos de perforación los cuales se realizan a través de una tubería de acero que se coloca en el suelo. Generalmente, la perforación se realiza en forma vertical hasta llegar a la capa de gas, con base en el espesor de ésta, se analiza la conveniencia de realizar perforaciones horizontales en trayectorias que superan los 1,000 metros en línea horizontal. Es usual que se realicen varias perforaciones de pozos que se localizan a pocos metros de distancia entre sí conectados en la superficie para generar una producción de manera simultánea. Al conjunto de pozos conectados se le denomina plataforma.
Fracturación hidráulica/estimulación: Una vez perforado el pozo, es necesario proceder a la inyección de arena, agua y químicos a alta presión para generar una ruptura en las rocas y estar en posibilidad de acceder al hidrocarburo.
Extracción Una vez que el fluido es inyectado y las fisuras comienzan a generar resultados, el hidrocarburo es extraído. Se resalta que no todo el flujo de retorno es recuperado y que se genera la denominada “agua de producida”, es aquella que se extrae como un subproducto asociado a la actividad
Transporte Con fundamento en la Ley de Hidrocarburos, es la actividad de recibir, entregar y en su caso, conducir hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. Se excluye de esta definición a la recolección y el desplazamiento de hidrocarburos dentro del perímetro de un área contractual o de un área de asignación, así como la distribución.
Abandono y clausura de pozos Generalmente el sellado se realiza con cemento, el cual puede deteriorarse y causar problemas medioambientales y de salud. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas luego de las ganancias generadas por la extracción del hidrocarburo se declaran en quiebra.

(*) Especialista en Derecho Ambiental, Maestra en Gestión y Auditoría Ambiental y Doctoranda en Derecho Ambiental. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS México, mtejado@vitalis.net

¡Que no se agote esa gota!

Gilberto Carreño / Periodista ambiental  – VITALIS – Observatorio Ambiental Venezolano.
Una grave paradoja de nuestro tiempo, lo constituye el hecho de que a la par del crecimiento de la demanda de agua potable por parte de la población, mayor es el desgaste y deterioro  por el hombre de ese recurso que nos ofrece la Naturaleza. La circunstancia de ser la Tierra un planeta ocupado por el agua con un volumen que se ha estimado en más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales corresponden a Venezuela alrededor de  1.320 km3, no garantiza que podamos tener el recurso a nuestra disposición en abundancia y calidad para siempre.

África, con más de sesenta años de sequía después de haber poseído agua en abundancia, es una triste referencia de lo que puede suceder en una región donde los cambios climáticos introducen modificaciones drásticas en el ciclo hidrológico; mientras que Latinoamérica, y particularmente Venezuela, presenta problemas de agotamiento y deterioro de la calidad de sus aguas, especialmente causados por los errados patrones ocupacionales del espacio geográfico, modificación de las condiciones naturales de las fuentes productoras y en sus cuencas, así como una progresiva contaminación de los cuerpos de agua, generados por los vertidos de efluentes líquidos principalmente provenientes de usos domésticos, agrícolas, industriales y mineros.

Venezuela, de acuerdo con las informaciones emanadas de los servicios hidrológicos y meteorológicos del Estado, no es propensa por lo menos a corto y mediano plazos, a sufrir los problemas de desertificación que sufren otros países, aun cuando se reporten en ocasiones situaciones críticas en cuanto a los aportes de agua de lluvia se refiere, como se evidencia actualmente en el río Caroní con la disminución de sus caudales y lo cual afecta la generación de energía eléctrica desde el embalse del Güri.

Agua poseemos, y es la fortuna del país, contar con una importante fuente fija representada en sus ríos mayormente concentrados en la región sur, así como en otras provenientes de las cinco cuencas hidrográficas de países vecinos, como son los de La Guajira, y las de los ríos Catatumbo, Orinoco, Amazonas y Cuyuní.

Los problemas 


Puede observarse que perdura y parece agravarse, la descripción que sobre el particular fue presentado en el Informe Nacional de Venezuela, ante la Conferencia Cumbre de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo, celebrado en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde ya se denunciaba el “alto grado de agotamiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce” y que en el país “los principales problemas en este ámbito son: la escasez del recurso hídrico en áreas puntuales y la sobreexplotación de los acuíferos; la disminución rápida de la vida útil de los embalses; el uso inadecuado de la tierra en las cuencas altas de captación; la contaminación por los vertidos de los efluentes no tratados provenientes de los centros poblados, zonas agrícolas e industriales; la ocupación indiscriminada de áreas de inundación; la falta de protección a los humedales y demás ecosistemas acuáticos”.

Se definían entonces como áreas prioritarias de atención inmediata,  las mismas que hoy son objeto de denuncias, entre ellas: los ríos Tuy, Neverí, Manzanares, Yaracuy, Turbio y Tocuyo, así como las cuencas de los lagos Maracaibo y de Valencia, además de los litorales costeros. Hoy el problema se multiplica, por la falta de respuestas ante la exigencia no satisfecha de ampliar la infraestructura de almacenamiento y distribución del fundamental recurso.

En informaciones aportadas por expertos en gestión de aguas y de salud pública, como el expresidente de Hidrocapital, José María De Viana, y el ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta, han venido alertando sobre los riesgos que corre la población en algunas regiones del país por la presencia  en el agua que se consume, de enterobacterias (provenientes de desechos humanos), así como de cinobacterias (de las algas) y de residuos metálicos originados por la actividad industrial y explotación minera (mercurio principalmente), por causa de control sobre el recurso, así como por el inadecuado o, en la mayoría de los casos, falta de tratamiento del líquido.

Por su parte, el epidemiólogo Miguel Vizcuña, con responsabilidad en el área de salud en el ámbito regional del estado Miranda, ha venido advirtiendo sobre las consecuencias de la mala calidad de las aguas en Venezuela, como consecuencia de la falta de vigilancia de los embalses, que considera asociada al incremento de cados de diarreas, hepatitis y amibiasis en un amplio sector de la población.

 

Reclamos a las autoridades venezolanas

     
Ha sido una de las tareas duras que le ha correspondido a la actual Asamblea Nacional (AN), ser atendidas por las autoridades que tienen asignadas gestiones relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y distribución del agua potable, por lo que en una misión cuesta arriba, una comisión parlamentaria especialmente designada para tratar este aspecto ha logrado realizar una investigación y presentar un informe sobre la problemática del agua en Venezuela.

En efecto, de acuerdo con dicho informe presentado por el grupo parlamentario encabezado por los  diputados Staling González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, y Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climática, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

  • El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, construyó transvases de enorme cantidad de aguas negras que contaminaron de manera irreversible las fuentes de agua potable de la Gran Caracas y de la conurbación Valencia-Maracay. La mayor fuente de agua potrable de Caracas, el embalse de Camatagua de excelente calidad hasta el año 2009, es hoy día un embalse muerto, eutroficado, intensamente contaminado y sus aguas no son aptas para el consumo humano.
  • En el caso del Lago de Valencia, no sólo se han construido obras para contaminar los embalses Pao / Cachinche y Pao / La Balsa a partir de las aguas negras de los ríos Maruria y Cabriales, sino también de las aguas contaminadas y salinas del lago de Valencia.
  • Se han construido grandes obras hidráulicas sin ninguna utilidad pública, malgastándose enormes montos en obras mal proyectadas y que hoy en día son monumentos inútiles. El caso más emblemático es el mayor acueducto del país: una tubería de 185 Km que va del embalse de Matícora a la península de Paraguaná. Este se encuentra vacío y nunca llevará agua a la población de Falcón. La razón es elemental, el embalse de Matícora está totalmente sedimentado y en consecuencia es incapaz de garantizar ningún caudal.
  • Existen obras de importancia capital que están inconclusas. Se anunció al pueblo margariteño la construcción de un nuevo Acueducto: el Acueducto “Luisa Cáceres de Arismendi” para sustituir la antigua tubería construida en el año 1968. Esta tubería presenta enormes problemas en el tramo submarino de 23 km., ya que las condiciones de este tramo entre el Morro de Chacopata y el del sector de Punta Mosquitos presentan corrosión y un enorme número de roturas con pérdidas de agua dulce. El primer tramo a sustituir ha debido ser el submarino, al estar en mal estado es el responsable de las mayores pérdidas de agua destinada a Margarita. Sin embargo, esta obra nunca se realizó hoy en día los margariteños dependen de una tubería colocada hace 38 años, muy mal mantenida y escasamente reparada.
  • Programa de Rehabilitación y Optimización de Plantas Potabilizadoras de Agua sin ejecutar. En el año 2011, Hidroven solicitó a la Corporación Andina de Fomento (CAF) recursos para diagnosticar el estado de operación de las siete (07) mayores plantas de agua potable del país. Este diagnóstico evidenció la escasa calidad de las operaciones de potabilización realizada en estas plantas y en varias de ellas la calidad del agua tratada era totalmente inaceptable. A este respecto merecen destacarse los pésimos resultados obtenidos en las Plantas de Tratamiento de Caujarito, La Guairita, La Mariposa y Alejo Zuloaga. Cabe señalar que el Programa de inversión para la Rehabilitación, y Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, a ser financiado con recursos de la Nación, de la CAF y del BID, nunca se ejecutó.

Recomendaciones de la Comisión

Entre otras se plantean:

  • Exigir el cumplimiento a los presidentes de las empresas operadoras nacionales los resultados de las investigaciones sobre la calidad del agua, realizados en sus laboratorios de forma permanente para soportar su responsabilidad en el tema de salud de los venezolanos.
  • Exhortar al Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas a suministrar a la brevedad del caso información orientada a disponer de mayor conocimiento sobre los factores que inciden en la baja calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento.
  • Atender responsablemente y en estrecha coordinación con los gobiernos municipales y regionales, los recurrentes problemas de roturas que originan cuantiosas pérdidas del líquido en las redes de distribución de agua potable de la gran mayoría de los centros poblados a nivel nacional. En ese sentido, se exige la elaboración de planes de acción y su inmediata puesta en marcha para evitar la pérdida diaria de millones de litros de agua.
  • Presentar públicamente el Plan de Acción existente para atender la problemática agudizada de agua potable en el estado Falcón, a fin de que el mismo pueda ser evaluado por un equipo técnico del más alto nivel y pueda apoyar en la definición de la alternativa técnico-económica para la solución de los problemas existentes y con visión de largo plazo.
  • Rendir cuentas de los préstamos en ejecución, destacando datos sobre las obras realmente realizadas; particularmente para el caso del Proyecto Guaire, el cual después de más de 10 años en ejecución (siete años, con cuantiosos recursos del FONDEN y más de tres años con recursos de préstamo BID), sin logro alguno.
  • Declarar la Emergencia y crisis nacional en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, dada la crisis de suministro de agua potable reinante en el país, con especial énfasis en el Estado Nueva Esparta por su condición fronteriza e insular, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Nacional, con el fin de otorgar las asignaciones de recursos necesarios para atender de manera inmediata los requerimientos de agua de la población neoespartana.

@GilbertoCarreo @ONGVitalis

#LupAmbientalVe

 

Imagen cortesía de pixabay.

 

 

pipes-573482_640

Muchas celebraciones y pocos avances en el Día Mundial del Agua

Por Diego Díaz Martín, PhD. (*)

El Día Mundial del Agua se celebra con bombos y platillos, pese a que los gobiernos del mundo reportan muy pocos avances en su gestión.

Prueba de ello es el acceso al vital líquido, que si bien ha crecido levemente, aún persisten más de 663 millones de personas sin agua potable en el mundo, número que pudiera crecer debido a la débil inversión en el sector.

Adicionalmente, alrededor de 1800 millones de personas consumen agua contaminada, incrementándose los riesgos de adquirir enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, enterobiasis, poliomielitis, ascariasis, giardiasis, y amibiasis, entre otras.

En materia de saneamiento, al menos 2.365 millones de personas carecen de sistemas de tratamiento de sus aguas servidas o residuales, de las cuales, 106 millones están en América Latina.

La contaminación de los ríos sigue creciendo, comprometiéndose al menos 25% de estos cuerpos de agua en Africa y Latinoamérica, proporción que aumenta en Asia con casi 50% de sus ríos comprometidos por la contaminación.

Enfermedades relacionadas con la higiene y el agua, como la sarna, impétigo, tracoma, siguen creciendo, sumándose a la larga lista de enfermedades transmitidas por vectores de hábitat acuático como la filariosis, malaria, ceguera del río, fiebre amarilla y dengue, entre otras.

En materia de gobernabilidad, la falta de integridad y transparencia, sigue estando presente en muchos gobiernos del mundo, con lo cual se incrementan los costos de inversión de casi 50 mil millones de dólares para alcanzar las metas en materia de agua y saneamiento incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En algunos países, inclusive, dicha corrupción puede llegar a desviar hasta 30% del presupuesto del sector, reduciendo el acceso al agua y disminuyendo la inversión en su saneamiento.

El agua es un derecho humano fundamental y debe ser respetado como tal.

Celebrar su día mundial ocultando los pocos avances de algunas naciones, es un acto apátrida e inmoral.

(*) Presidente y Fundador de VITALIS y ONGVitalis Latinoamérica. @ddiazmartin

Menos de 25% de aguas residuales en Venezuela son tratadas

22 de marzo: Día Mundial del Agua

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, de acuerdo a la resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día, en todo el mundo, los gobiernos, ONG, empresas, medios de comunicación social y la sociedad en general, centran la atención en la importancia de un recurso finito, sin el cual la especie humana, y el resto de los seres vivos, no podrían sobrevivir.

Cada año, el Día Mundial del Agua resalta un aspecto específico del agua dulce. Este año, bajo el tema de “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”, proporcionará una oportunidad para resaltar la importancia de reducir la cantidad de aguas desperdiciadas luego de su uso.

Mundialmente, la mayoría de las aguas residuales de nuestras casas, ciudades, industrias y agricultura, fluyen de regreso a la naturaleza sin ser tratadas o reusadas, contaminando así el ambiente y perdiéndose valiosos nutrientes y materia recuperable.

Zoila Martinez, Directora Ejecutiva de Vitalis, señaló que en Venezuela el tratamiento de las aguas residuales constituye uno de los grandes problemas ambientales que confronta el país, ya que se estima que menos de 25% de las aguas contaminadas son debidamente tratadas.

En el caso de Caracas, donde se localiza la mayor concentración urbana del país, existen pocas plantas de tratamiento. Por ello, las aguas residuales son vertidas en la cuenca del Río Tuy, que desemboca en el Mar Caribe. Para Martínez, “la ciudad capital sólo cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales de tipo experimental, ubicada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (Planta Experimental de Tratamiento de Aguas –PETA), y con la de Empresas del Grupo POLAR, en la zona industrial Los Cortijos”.

Para Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS y fundador de la Asociación Venezolana para el Agua, en lugar de desperdiciar las aguas residuales, necesitamos disminuir la cantidad que generamos y debemos hacer todo lo necesario para reusarlas. Recordemos que en nuestras casas podemos aprovechar las aguas grises, de lavamanos y la ducha, para lavar el piso, y dependiendo de su condición, hasta para lavar la ropa.

En nuestras ciudades, también podemos tratar y reusar las aguas residuales para espacios verdes como plazas y jardines, y en la industria y la agricultura podemos tratarlas, reciclarlas y usarlas para sistemas de enfriamiento y riego”, afirma Martínez.

Es necesario impulsar   la   construcción   y   puesta   en   funcionamiento   de   plantas   de tratamiento de aguas servidas a nivel municipal, a fin de disminuir el impacto que las aguas residuales ocasionan sobre los distintos cuerpos de agua del país. Después de todo, el agua es un Derecho Humano fundamental.    

#LupambientalVE

Sigue en aumento la cantidad de aguas contaminadas en América Latina

La cantidad de agua contaminada en América Latina sigue aumentando, pues la cantidad de este vital líquido en el planeta es finita, y alrededor de 70% de las aguas utilizadas en las ciudades, la industria y la agricultura, regresa a los ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento. Con ello se incrementan los riesgos de enfermedades, el deterioro de los suelos, y la diminución en la disponibilidad de agua potable.

Así lo dio a conocer Diego Díaz Martín, Director General para las Américas de VITALIS, quien señala que el problema no es exclusivo a la región latinoamericana, pues situaciones similares se presentan en África y Asia, donde en su conjunto, existen más de 300 millones de personas en riesgo de enfermarse producto de la mala calidad del agua.

Por ello el tema de la celebración de este 22 de marzo como Día Mundial del Agua, estará dedicado a resaltar la importancia de la reutilización y reciclaje de las aguas residuales del mundo, a fin de evitar que más de 80% de las aguas que utilizamos vuelvan a los ecosistemas sin ningún tipo de tratamiento.

El problema es tan grave que las Naciones Unidas han informado que alrededor de 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, disentería, tifus o polio. El agua no apta para consumo humano, unido a pobres infraestructuras sanitarias y débiles hábitos de higiene, son la causa principal de al menos 842 mil muertes al año.

La organización no gubernamental internacional VITALIS y su organización afiliada en México ONGVitalis Latinoamérica, resaltan que el agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables. Para Díaz Martín, no tratar las aguas residuales amenaza la producción de alimentos, destruye las fuentes de agua dulce, acelera el deterioro de los ecosistemas y hasta puede dañar las economías de los países más afectados.

La contaminación del agua alcanza alrededor de la cuarta parte de los ríos de América Latina, de 10 al 25 % de los ríos africanos y a la mitad de ellos en Asia.

VITALIS presentó su balance 2016: Situación Ambiental de Venezuela empeoró

La organización no gubernamental VITALIS presentó su balance ambiental anual, que incluyó la opinión de más de 100 expertos de todo el país.

Entre los principales problemas ambientales de Venezuela, figura la minería y su impacto ambiental negativo, haciendo alusión al proyecto oficial del Arco Minero, que a confesión de partes, no incluye una evaluación de impacto ambiental y socio cultural, actividad que puede trae consecuencias negativas al medio natural y a las poblaciones humanas involucradas.

Como segunda preocupación de los ambientalistas, figura la gestión del agua, no solo por temas vinculados con el acceso al vital líquido, sino también con la cantidad de aguas servidas que produce el país, y que en su gran mayoría no son tratadas, con lo que se contaminan los suelos y las mismas fuentes de agua.

La basura pasó a ser en 2016 el tercer problema ambiental, debido a los deficientes sistemas de gestión que no han logrado reducir la cantidad de residuos y desechos que producimos los venezolanos, así como tampoco reciclar mayor volumen de materiales, estimándose que en el país, menos de 9% recibe ese tratamiento.

La pérdida de biodiversidad y la vulneración de las áreas naturales protegidas, figuran en las posiciones cuarta y quinta del estudio de VITALIS. Por un lado, la débil gestión de la fauna y flora dentro y fuera de las áreas protegidas, y el sostenido incremento de especies amenazadas, preocupan a los ambientalistas. A esto se suma el mal estado de las colecciones animales y plantas en los zoológicos y jardines botánicos y botánicas.

A lo anterior se suman las actividades incompatibles, ilegales o no acordes a las áreas bajo régimen de administración especial, que contradicen los fines para los cuales han sido creados.

El informe de VITALIS puede ser consultado en la sección del observatorio ambiental de VITALIS en su página web en la siguiente www.vitalis.net/lupambientalVe. El mismo también incluye algunos logros de la gestión local, así como una serie de recomendaciones importantes para ser tomadas en cuenta por los distintos autores.

Jóvenes mexicanos se empoderarán como emprendedores ambientales

Al menos 100 jóvenes serán empoderados como emprendedores ambientales en México, con lo cual se espera incrementar el número de iniviativas que con impacto positivo y retorno social, seguirán transformando la sociedad.

El anuncio fue realizado por Gustavo Suárez, Presidente de ONGVitalis Latinoamérica en México, quien anunció que desde el año 2000, VITALIS ha capacitado a más de 1000 jóvenes como emprendedores ambientales, brindándoles herramientas esenciales para fortalecer sus iniciativas y escalar sus acciones en toda la región.

Diego Díaz Martín, Director General para las Américas de VITALIS, destacó que el programa de formación de emprendedores ambientales juveniles comenzó en Venezuela y se ha replicado en Colombia y Panamá. En México está próximo a iniciarse, por lo que VITALIS está en la búsqueda de aliados que puedan apoyar el desarrollo del programa, que comprende el fortalecimiento de su planeación estratégica, la innovación y la inteligencia de sus negocios, el mercadeo de sus esfuerzos, el establecimiento de alianzas con valor compartido, el fortalecimiento de sus destrezas como líderes y voceros en la sociedad y su rol como agentes de cambio social y ambiental.

Entre las principales áreas ambientales que VITALIS desea fortalecer, se incluye la gestión integrada del agua (acceso del agua potable, el tratamiento de aguas residuales y el ahorro en su uso), el manejo integrado de los residuos y desechos,  conservación de la biodiversidad,  manejo sustentable de las áreas protegidas, producción segura de alimentos, produción y uso eficiente de la energía, y mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras.

Las empresas interesadas en apoyar este programa y obtener más información, pueden contactar a VITALIS aquí.

Archivos

Categorías