Ciudades sin arboles: la mutilación verde

(*) Por Roberto Beltrán Zambrano

¿Cómo promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas? Sin duda, como todos los objetivos, éste representa un complejo reto en torno a personas e instituciones. La paz como concepto tiene diversas interpretaciones y acepciones, dependiendo de la cultura, de la ubicación geográfica y de una determinada realidad social, económica, cultural y ambiental. Desde la investigación para la paz, ésta es de varios tipos: positiva, negativa, neutra, imperfecta, ambiental y otras variantes, que para el caso, no son necesarias anotar.

El ODS 16 nos invita a reflexionar sobre iniciativas, acciones, estudios y propuestas en torno a fortalecer sistemas de justicia, instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la violencia. La violencia como un fenómeno social afecta a personas y grupos sociales de todo tipo y se presenta desde diversas ópticas: directa, indirecta, cultural, estructural y simbólica. Por tanto el llamado es a trabajar juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan esas violencias. Soluciones construidas desde diversos sectores. Soluciones adoptadas a cada situación y entorno económico y social.

Las metas del ODS 16 se enfocan a fortalecer los sistemas de justicia que permiten combatir eficazmente la corrupción y toda forma de violencia. En los actuales momentos la violencia y la injusticia en los diversos entornos sociales se ha incrementado por la presencia del narcotráfico y por el crecimiento de mafias de tráfico de personas y armas.

La inclusión, desde la perspectiva de este ODS, debe ser entendida como un ejercicio que impulse el cambio, la valoración, participación y respeto hacia las personas que viven en nuestro entorno pero que tienen diferente procedencia, o sean de diferente origen étnico, que tienen otra práctica religiosa o ninguna. Personas de diferente género, orientación sexual u opinión. Ese enfoque de inclusión es tan profundo, que debemos pensar en un modelo educativo que provoque un cambio en los hábitos que dan vida a la construcción de la paz, de la justicia y de las instituciones sólidas. Sobre estas últimas, resaltar el hecho de que serán sólidas la instituciones administradas e integradas por personas éticas. Regresamos entonces, a la importancia de reforzar la cultura de la legalidad y de sentirnos parte de la institución en la que prestamos nuestros servicios o que tenemos el honor de representar o dirigir. Será la práctica diaria ciudadana respecto del cumplimiento de las diversas normativas y condiciones sociales que permita un cambio duradero y a largo plazo.

Cuando la cultura de violencia se ha enraizado en nuestra sociedad y discriminamos a las personas por su origen, color de piel, profesión religiosa, orientación sexual u opinión política, necesitamos reflexionar en torno a diversos espacios y lugares donde esa violencia se institucionaliza: legislaciones, instituciones públicas o privadas, gobiernos, partidos políticos, organizaciones religiosas, asociaciones privadas, etc. Nuevamente, la presencia del ODS 16, nos convoca a esa reflexión y es allí donde cabe esa invitación a fortalecer las instituciones y sociedades de todo tipo, en torno a estas violencias e inequidades. ¿Cómo construir esa sociedades e instituciones desde una perspectiva inclusiva? ¿Qué implica la presencia de esas violencias en el entorno de nuestras sociedades? Podemos pensar en afectaciones a la salud mental y física, exclusión laboral o condiciones laborales inhumanas, desnutrición, imposibilidad de acceso digno a servicios de salud, seguridad, educación, justicia, entre otros.

Es para mí, un llamado a rediseñar esos modelos de Estado, esos modelos de servicio público y social, esas garantías para acceder a justicia, para sentir y comprobar que las instituciones al servicio de la sociedad respetan y promueven el respeto de la dignidad humana. No podemos ni debemos aceptar ninguna discriminación, peor aún la promoción de prácticas corruptas que nos lleven a obtener un servicio al cual tenemos derecho.

Finalmente, este ODS resalta la necesidad de trabajar no solamente el respeto, si no la garantía del respeto a las libertades. Libertad para expresar propias o ajenas opiniones, en todos los ámbitos existentes. Esa libertad nos debe permitir tener la capacidad de expresarnos en situaciones que tengan que ver con nuestro entorno, seguridad, desarrollo y vida. Y, que los sistemas judiciales y políticos puedan ser la garantía para que las controversias se resuelvan sin afectar elementales derechos humanos. Esto lo podremos comprobar a través de adecuados sistemas de auditoría de gestión y rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas que tengan relación con este ODS.

La arquitectura social y jurídica que implica la implementación de este ODS, comporta la participación de todos los sectores y de las diversas ciencias que forman parte de la investigación para la paz y las ciencias sociales.

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(*) Roberto Beltrán Zambrano. Abogado, Doctor en Jurisprudencia y Doctor en Paz, Conflictos y Democracia. Académico ecuatoriano. Fue Titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la paz con sede en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Profesor de Gestión de Conflictos en Ecuador, Colombia y México.