El greenwashing ¿engaño deliberado o práctica aceptable?

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El Acceso al Agua Potable y Saneamiento: Un Derecho Humano Fundamental

Abg. Ma. Maritza Da Silva (*) @MaritzaDaSilva

Cuando hablamos del acceso al agua potable y saneamiento, como derecho humano fundamental afirmamos que tiene un
reto pendiente, bien por el derecho consagrado, bien por la autonomía de derechos, bien porque el ser humano demanda
mas efectividad en su facultad de disfrute de su derechos, bien porque los Estados están obligados a garantizar el desarrollo progresivo de su disfrute, bien porque aun falta mucha participación ciudadana en el ámbito político, para lograr el efectivo disfrute de derechos fundamentales.

Nadie pone en duda el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental, ello quiere decir que no puede ser conculcado, vulnerado y mucho menos violentado en su disfrute por las sociedades humanas, encontrando respaldo en un sinnúmero de tratados
ratificados por la mayoría de los Estados de la comunidad internacional, estableciendo principios y mecanismos reguladores para un manejo sostenible del recurso hídrico y su acceso en calidad a todos los seres humanos.

La Declaración de Dublín, por ejemplo, emitida durante la “Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente” en 1992 y la Declaración de San José de 1996, en las cuales se acordó impulsar estrategias para alcanzar un mejor equilibrio entre el suministro y la demanda del agua.

La Observación General 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) obliga a los Estados respetar, proteger y garantizar el derecho al agua, cuyas características esenciales e interrelacionadas son: disponibilidad, calidad y accesibilidad, por ende los Estados deben garantizar instalaciones y servicios de agua seguros para el acceso, y atender las necesidades humanas, dentro de los estándares de calidad.

Aunque no se menciona explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una parte esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, y ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos, implican que las poblaciones tengan acceso al abastecimiento y al saneamiento de las aguas residuales.

La tarea reside en exigir de manera ciudadana postura frente a los Estados de proteger, cumplir y hacer efectivo el derecho humano al agua, sin discriminación y en condiciones de igualdad, porque no podríamos hablar de vida humana sin agua: es el elemento más importante para la salud, la vida y la permanencia en el planeta, por eso desde Vitalis exigirlo es nuestro compromiso.


(*) Abogada. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS.

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¿Tren Maya? Si, pero no.

Por Diego Díaz Martín, PhD. @DDiazMartin

El Tren Maya ha sido, sin dudas, uno de los proyectos más polémicos de la actual administración gubernamental mexicana. Si bien aún es una idea ya que aún no se ha licitado el proyecto, en el debate por su implementación hay argumentos a favor y en contra, así como también varias contradicciones.

Imagen cortesía de adnpolitico.com

A favor

La interconexión urbana por medio de sistemas de transporte ferroviarios masivos, más eficientes y menos contaminantes, puede ser sin duda una buena noticia para cualquier país.  

Un tren debidamente planificado provee una gran capacidad de transporte de personas y mercancía (cuando se comparte para ambos usos) y los costos de operación, por lo general, suelen ser más bajos.

En materia de seguridad, los trenes presentan baja siniestralidad, y contribuyen a disminuir la congestión del tránsito en las vías tradicionales.

Desde el punto de vista económico, el Tren Maya podría contribuir a liberar el potencial del desarrollo del sureste de México, particularmente de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Ello detonaría la desconcentración turística de ciertas zonas como Cancún y fortalecería el sector hotelero, elevando la visibilidad y visita de otros atractivos en la región, como la zona arqueológica de Calakmul.

En contra

El proyecto mexicano del Tren Maya genera dudas, ambientales, jurídicas, sociales y hasta económicas, razón por la que su sustentabilidad está es riesgo.

Para comenzar, muchos expertos compartimos la preocupación sobre sus impactos ambientales, pues atravesará 15 áreas naturales protegidas, sujetas a un régimen especial de administración y manejo, protegidas nacional e internacionalmente para conservar la biodiversidad, los paisajes y sus procesos ecológicos esenciales, además de garantizar la supervivencia de alrededor de 40 especies en situación de peligro o amenaza.

Desde la perspectiva social y étnica, el megaproyecto ferroviario también tendrá sus incidencias en al menos 82 comunidades indígenas, quienes deben ser consultadas para mitigar cualquier posible efecto sobre su integridad, incluyendo el patrimonio arqueológico tan importante para México y el mundo.

Económicamente hablando, la inversión oscila en alrededor de 150 mil millones de pesos, cifra que contrasta con la política de austeridad del gobierno, y las necesidades existentes en otros sectores como la salud y la educación.

Contradicciones

Tal y como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México, un proyecto de este tipo requiere la correspondiente evaluación del impacto ambiental, por medio del cual se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de la obra, a fin de evitar el desequilibrio ecológico y el rebase de los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente.

Sin embargo, este proyecto aún no cuenta con la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aunque el gobierno reconoce su importancia, y se espera que esté listo antes de su construcción, como lo establece la ley.

La evolución de este proyecto, sin embargo, ha estado determinada por algunas contradicciones. Por ejemplo, al principio algunas autoridades afirmaron que probablemente no requería una MIA, pues ya existía la vía férrea. Sin embargo, a finales de 2018 se colocó la primera piedra de este proyecto que inicialmente cubriría 900 kilómetros y que ya se extiende hasta 1,525.

Si, pero no.

Conociendo la diversidad y fragilidad biológica de la zona, incluyendo su extraordinaria riqueza étnica, me atrevo a pensar que aunque la modernización del sistema de transporte es importante y necesaria, sin una evaluación de impacto ambiental desarrollada por profesionales independientes y debidamente acreditados, este proyecto ferroviario no es una buena idea.

Técnicamente hablando, es imprescindible identificar, describir y evaluar los riesgos e impactos ambientales, y sus medidas de mitigación, prevención y compensación, incluyendo los pronósticos y alternativas. No hacer esto es irresponsable e ilegal.

Por ello, cada vez que mis alumnos, colegas o algún periodista me preguntan qué opino del Tren Maya, sin pensarlo mucho les digo: Si, pero no.

(*) Biólogo, con Maestría en Gerencia Ambiental y Doctorado en Proyectos de Ingeniería. Profesor universitario del Tecnológico de Monterrey y de las Universidades Anáhuac México y Anáhuac Cancún. Director General para las Américas de @ONGVitalis – ddiazmartin@vitalis.net

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