(*) Por Trino Márquez Cegarra
El desarrollo sostenible implica aspectos tanto ambientales como económicos y sociales. No resulta posible que las generaciones actuales aprovechen los recursos naturales y garanticen su transferencia a las generaciones futuras, sin que exista -tal como lo indica la ONU- un crecimiento económico inclusivo y sostenido, que impulse el progreso equitativo, genere empleos decentes y productivos para todos, y haga posible mejorar la calidad de vida.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destaca el ODS 8, referido al Trabajo Decente y el Crecimiento Económico, cuyas principales metas incluyen aumentar los niveles de productividad y la innovación tecnológica, fomentar las iniciativas empresariales, crear empleos y aplicar medidas eficientes para eliminar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano.
En un contexto mundial tan complejo como el actual, lograr las metas del ODS 8 para 2030 representa un reto muy exigente para todos los actores políticos y sociales. Las diferencias socioeconómicas entre los países se han ensanchado como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus. Esta enfermedad se extendió con rapidez en un mundo caracterizado por enormes y crecientes desequilibrios entre las sociedades ricas y las pobres. Ese contraste se ha evidenciado en el desigual ritmo de vacunación.
Esa enfermedad impactó la economía de América Latina de una forma más grave que a otras regiones del planeta. El deterioro económico se refleja en el incremento del sector informal en la mayor parte de los países. Ese segmento incorpora un tipo de ocupación que agrega poco valor, con baja productividad y salarios reducidos. Economías relativamente prósperas como las de México, Colombia, Brasil, Perú o Chile, han sido sacudidas por la caída del PIB global y per cápita. En otras naciones con problemas seculares -como las de Centro América, Venezuela o Ecuador- se han profundizado los déficits.
En la década actual, el gran desafío del continente -si pretende resolver sus dificultades de forma permanente- es crecer a tasas sostenidas que permitan al menos duplicar el aumento vegetativo de la población. Como parte de esa meta, las sociedades –fundamentalmente el sector privado- deben incrementar el empleo estable, sostenible, productivo y bien remunerado –empleos de calidad, según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)- en aquellos campos donde los países cuentan con mayores ventajas comparativas y competitivas. En el mundo globalizado, los capitales productivos se dirigen hacia las sociedades que aprovechan al máximo esas condiciones.
Esos énfasis deben acompañarse de mejoras en los sistemas tributarios, que permitan elevar la inversión en salud, educación y seguridad social, especialmente para capacitar la fuerza laboral en áreas tecnológicas y científicas; el diseño de marcos legales que respeten los derechos de propiedad, incluida la propiedad intelectual, estimulen y protejan la innovación y la creatividad, reduzcan la intervención del Estado y delimiten las competencias del sector público, con el fin de eliminar la discrecionalidad de los gobiernos.
Se requieren políticas financieras que conviertan a la región en un polo de atracción. La interdependencia y globalización continua del planeta determinan que los estímulos fiscales sean una herramienta muy poderosa para captar inversiones generadoras de empleo. Dentro de este marco, y por las características socioeconómicas del continente –baja capacidad de acumular capitales, uso de tecnologías con poca inversión-, las políticas y alicientes especiales para las pequeñas y medianas empresas resulta fundamental. En este campo tiende a concentrarse la mayor cantidad de emprendimientos y de empleos.
Las elevadas cuotas de desempleo abierto y encubierto, y los bajos niveles de capitalización de las industrias, convierten los altos salarios en una meta muy difícil de alcanzar. De allí que, junto a la generación permanente de puestos de trabajo, resulta prioritario mantener la inflación bajo control, de modo que haya un crecimiento continuo del salario real y de la capacidad de ahorro, logros imposibles de obtener en economías inflacionarias.
Dentro de una política integral de desarrollo, habría que mejorar el consumo eficiente de los recursos naturales y la energía. Promover el empleo para mujeres y personas discapacitadas. Fomentar la capacitación y el empleo en la población joven. Promover el turismo sostenible y establecer convenios que favorezcan el comercio a escala continental.
Las economías suelen a reaccionar velozmente a los incentivos y a la seguridad jurídica. El indicador que más rápido tiende a responder es el empleo.
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(*) Trino Márquez Cegarra. Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Titular Universidad Central de Venezuela. Expresidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en Venezuela.
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