Ana Beatriz Cruz Sánchez (*)

La seguridad social es un derecho humano, en el cual el Estado tiene que realizar las acciones pertinentes para proporcionar a su población servicios médicos, protección económica por enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, invalidez o vejez.

En este ensayo abordare el tema de la seguridad social en el caso de los adultos mayores ya que el aumento en la esperanza de vida de los seres humanos, ha generado una alerta en los gobiernos, actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.

Además muchos de ellos necesitarán de alguna forma de asistencia a largo plazo, como cuidados domiciliarios o comunitarios, ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando de 11% a 22%. Asimismo, en los países en desarrollo, la cantidad de ancianos que no podrán valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro.

El centro de estudios de finanzas públicas en el 2010, 2 de cada 10 adultos mayores tuvieron acceso a una pensión. Esto nos da una idea, del problema que se está presentando actualmente, ya que de 80% de personas de edad avanzada no cuentan con los recursos económicos necesarios para vivir, por lo que nos lleva a concluir que dependen económicamente de algún familiar, en el mejor de los casos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el principal problema para tener acceso a la seguridad social es que el financiamiento depende de las contribuciones obrero-patronales, lo que deja fuera a los trabajadores de menores ingresos y más vulnerables y las empresas no cuentan con iniciativas fiscales que conlleven a un incremento a los sistemas de pensiones.

Del total de las pensiones, el 5% lo aportan las empresas, el 1.125% los trabajadores de su salario y el 0.25% lo aporta el Estado. El porcentaje que aporta el trabajador no le será suficiente para vivir con dignidad una vez pensionado, pero así como no existen incentivos para que la empresa aporte, tampoco existe para los trabajadores, además si le agregamos otras variables como la desconfianza y el bajo rendimiento por parte de las afores.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la responsabilidad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bienestar social.

Y aunque se trata de un ahorro individual se deben implementar políticas públicas que lo fomenten. Asimismo, debemos crear conciencia y buscar soluciones en las actividades empresariales, a través del diálogo social.

La seguridad social es un elemento que nos da una visión de una sociedad sustentable, en el que los trabajadores ahorren lo suficiente cuando son económicamente activos, la responsabilidad de las empresas se fomente con incentivos fiscales y el estado generé las políticas públicas para fomentar el ahorro de los trabajadores y establezca reglas claras en el manejo de las afores.

 

(*) Mercadóloga, @AnaBeatrizCS