El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018, en Costa Rica, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, es el primer instrumento en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales, protección de los bienes naturales tutelados y la participación ciudadana en asuntos públicos, todos relacionados al ambiente con un enfoque en derechos humanos.
Por Martín Correa-Viana (*)
La concepción del uso racional de los recursos bióticos guarda paralelismo con el albor de nuestros antepasados. Sin los conocimientos y técnicas actuales, de manera quizás intuitiva, Homo sapiens, durante el Paleolítico, aplicó pautas para recolectar especies vegetales, aprovechar organismos animales y preservar los hábitats asociados.
En 262 aC Azoca en la India, promulgó un edicto para proteger los bosques y animales montaraces. A lo largo del siglo XVIII, los leñadores alemanes mantuvieron un balance “sustentable” entre la tala y el cuidado de los árboles.
Durante los años 80 del siglo pasado, se introdujeron los términos biodiversidad (Walter G. Rosen, 1986) y Desarrollo Sustentable (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1988), impulsando la internalización de una nueva visión para utilizar los recursos ambientales.
El concepto de biodiversidad cambió la perspectiva de valorar a los organismos vivos usando como criterio preferente su variedad. Se incorporó la variabilidad desde las variantes genéticas propias de la especie al conjunto de especies, géneros, familias y niveles taxonómicos superiores; para abarcar comunidades, ecosistemas, paisajes, componentes abióticos y las condiciones en las cuales viven los organismos.
El término Desarrollo Sustentable se propuso para disipar la ambigüedad entre desarrollo y crecimiento. Su objetivo es satisfacer las necesidades de la generación actual sin menoscabar el derecho de las futuras generaciones de acceder y utilizar los recursos para suplir sus propios requerimientos. Desde un enfoque bioecológico, la sustentabilidad se relaciona con la perennidad productiva de los sistemas biológicos, el funcionamiento de los ecosistemas, la continuidad espacial y temporal de los servicios que éstos prestan y el equilibrio dinámico entre las especies y los recursos de su entorno.
Nuestra subsistencia depende de la biodiversidad. En consecuencia, para diseñar un plan de desarrollo sustentable de la fauna silvestre se necesita información acerca de:
1. Amenazas,
2. Acciones para eliminar o minimizar esas amenazas,
3. Identificación y valoración del patrimonio zoocultural material e inmaterial y
4. Composición, estructura y función desde el nivel gen hasta el paisaje. Esto es: la heterósis, especies presentes, su riqueza y abundancia relativa, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad y fragmentación de los hábitats, número de hábitats, ecología poblacional, polinización, ciclos de nutrimentos, perturbaciones naturales, entre otras.
En este sentido, un plan de desarrollo sustentable para la fauna silvestre contemplaría:
1. Análisis y redimensión de las políticas nacionales.
2. Revisión y adecuación de leyes para eliminar actividades ilegales y fiscalizar proyectos susceptibles de afectar negativamente a la fauna silvestre, regular la cacería consuntiva, ordenar la actividad cinegética y los zoocriaderos.
3. Elaboración y ejecución de planes estadales y municipales con participación de comunidades indígenas y locales.
4. Restauración y creación de áreas protegidas.
5. Establecimiento de centros de rescate y rehabilitación.
6. Fundación y fortalecimiento de estaciones biológicas y centros universitarios dedicados a la investigación.
7. Promulgación de normas para establecer y manejar reservas privadas de biodiversidad y estaciones biológicas en hatos y haciendas.
Resulta incuestionable que la humanidad tiene en la biodiversidad su tesoro más preciado y la fauna silvestre es uno de sus componentes inestimables.
En Vitalis hemos hecho un esfuerzo divulgativo para apoyar la conservación de especies de fauna silvestre con una campaña denominada “Tu Casa No es Su Casa” ¿Quieres saber de qué se trata? Escríbenos a info@vitalis.net.
También puedes revisar el artículo escrito por el Presidente de Vitalis sobre el comercio de fauna silvestre denominado “No seas cómplice de su extinción: Animales silvestres no son mascotas”
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*Biólogo, Master of Science y Doctor en Zoología Agrícola. Investigador del antiguo Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR) en Venezuela, Profesor titular, docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).
Por Diego Díaz Martín, PhD. (*) @DDiazMartin
El pasado 5 de noviembre, el Senado de México ratificó el Acuerdo de Escazú, decisión que sumada al refrendo de la Cámara de Diputados Argentina del pasado mes de septiembre, permite lograr los 11 países requeridos para su entrada en vigor. Este tratado, garantiza los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, además ser el primer acuerdo regional que reconoce y garantiza la protección de personas defensoras del ambiente, un tema de especial importancia para América Latina.
Entre otros instrumentos normativos, el Acuerdo de Escazú reafirma la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. De igual forma, reconoce la importancia de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.
Además de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú propiciará la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación dentro de la región, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
A pesar de la importancia de este Tratado, Chile, uno de sus impulsores, no lo firmó. Tampoco lo hicieron El Salvador y Venezuela, quienes subestimaron su importancia.
Por su parte, Costa Rica, otro de los países promotores, y sede del Acuerdo, diluyó su entusiasmo y hasta la fecha no lo ha ratificado. Mientras tanto Perú, uno de sus firmantes, decidió “por ahora” no ratificarlo.
Pese a las contradicciones de los mismos gobiermos de la región, y la compleja problemática ambiental existente, la sensatez privó. Por ello el Acuerdo de Escazú entrará en vigor tan pronto sean consignadas las ratificaciones en las Naciones Unidas, lo que permitirá avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de sus defensores, fortaleciendo el Derecho al Ambiente, como lo hizo el Convenio de Aarhus firmado en Dinamarca en 1998 para Europa.
El Acuerdo de Escazú marca un acontecimiento significativo en la defensa y conservación de nuestros recursos naturales y del desarrollo sostenible en la región que debemos conocer, divulgar y hacer cumplir.
(*) Biólogo, Maestro en Gerencia Ambiental y Doctor en Proyectos de Ingeniería orientados al Desarrollo Sustentable. Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. https://www.linkedin.com/in/ddiazmartin/
Abog. Maritza Da Silva (*)
El mundo lleva una década enfrentando nuevas enfermedades, las cuales han generado grandes desasosiegos en materia de salud pública. Entre estos hemos presenciado la aparición del ébola, la gripe aviar, la gripe por H1N1, el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), la Fiebre del Valle del Rift, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el Virus del Nilo Oriental, el Virus de Zika, y ahora el virus Covid-19. Éste último ha causado una pandemia de gran envergadura mundial, produciendo cuantiosas pérdidas humanas y económicas.
En realidad, la ciencia aún no ha podido identificar con exactitud cómo se transfirió el virus SARS COVID-2, convirtiéndose en Covid-19 al llegar a los humanos. Lo único claro es que no será la última pandemia, considerando el aumento mundial de enfermedades zoonóticas, las cuales son emergentes en los humanos y provienen del mundo animal. Sus
afecciones tienen origen en los ecosistemas debido a los cambios de huésped entre especies, situación exacerbada por la crisis climática debida al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, cambios de temperatura y humedad, lo que influye considerablemente en la permanencia de los agentes infecciosos ambientales. Esto, sin lugar a dudas, vaticina más epidemias ante un entorno desequilibrado y sin control, aumentando la vulnerabilidad de la especie humana y amplificando la propagación de este tipo de padecimientos.
La migración, la urbanización, las preferencias dietéticas, las demandas de productos lácteos y cárnicos, han llevado a expandir las tierras de cultivo para desarrollar una ganadería extensiva más cercana a las ciudades. Esto ha ocasionado un aumento a la exposición a enfermedades. Por ejemplo, la avicultura es puente epidemiológico entre la fauna silvestre y los humanos, tal y como lo vimos con la gripe aviar; en este caso los patógenos primero pasaron de aves silvestres infectadas a aves de corral, y luego, por convivencia, a los humanos.
El desafío que tiene la humanidad hoy es, promover la prevención para enfrentar adecuadamente futuras pandemias. Para ello será necesario impedir el tráfico ilegal de fauna silvestre y la destrucción de los ecosistemas, invirtiendo en materia de salud a gran escala, ponderando como apremiante la salud en medio del debate climático, así como el
uso positivo de las tecnologías. Igualmente se hace necesario trabajar de forma conjunta en políticas integrales ambientales a nivel local, regional, nacional e internacional, asegurando alimentos y productos saludables, pues estos virus amenazan el bienestar de las especies, de la humanidad y de los ecosistemas: en resumen, en palabras llanas, de la vida misma.
(*) Abogada especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Directora de Derecho Ambiental de Vitalis Venezuela. mdasilva@vitalis.net
Por Francisco Suarez (*)
Hay muchas organizaciones y empresas tratando de poner su grano de arena para combatir el cambio climático y dejar una huella positiva detrás de sus acciones. Sin embargo, a veces los esfuerzos no parecen ser suficientes y por lo general no coordinados bajo un plan estratégico integral.
La premisa o reto es incluir de manera integral la sostenibilidad en los planes económicos y de desarrollo de los países, con planes claros y vinculados para la generación de valor económico, social y ambiental de una manera coordinada.
Empresas como Coca-Cola FEMSA son el ejemplo de que se puede hacer la diferencia. La cadena de valor compartido puede funcionar cuando se ponen a todos los jugadores bajo el mismo objetivo: la comunidad, la empresa, la institución gubernamental; todos cumplen un papel fundamental en generar un cambio sostenible.
Es por ello que el rol de todos cuenta, y cuenta mucho, dentro y fuera de las empresas. Organizaciones como el WEC (World Environmental Center), una Organización sin fines de lucro con el propósito de enlazar y fortalecer el desarrollo sostenible a través de las operaciones de empresas aliadas, en asociación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades y tomadores de decisión.
Su estrategia de renovación está enfocada en la aceleración de soluciones de sostenibilidad a través de la innovación, liderazgo y colaboración pública y privada.
Esta alineación significa una manera diferente de ver el rol de la organización como un conector y dar espacios a cada institución o empresa a desarrollarse dentro de un ámbito que no perjudique a sus miembros, comunidad o país. Las personas y las economías prosperan cuando las micro, pequeñas y medianas empresas están facultadas para alcanzar su máximo potencial.
Cada etapa del proceso es importante y las empresas deben evaluar con cuidado dónde invierten sus esfuerzos. La ciencia y la tecnología se han formado de maneras que permiten cada vez más el equilibrio en cada punto de la cadena de valor, desde las materias primas hasta la fabricación; logística a la venta; de su uso al desecho.
Es fundamental que las empresas estén dispuestas a trabajar en conjunto, son estas conexiones las que aceleran el aprendizaje, la práctica compartida y el desarrollo sostenible.
Cuando nos enfrentamos a problemáticas como en la que se encuentran los sectores industriales de uso intensivo de agua, como la agricultura, la energía y la minería. Descubrimos riesgos potenciales asociados con la interrupción operativa y / o del proveedor, el aumento del costo del agua, la reducción del rendimiento / la pérdida de cultivos, el aumento de las regulaciones y potenciales daños al ecosistema y comunidades aledañas.
Ante este tipo de coyunturas es importante que todas las partes se pongan la camiseta. Gobiernos, legisladores, reguladores, administradores, funcionarios de organismos y organizaciones internacionales, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y sector educativo. Todos son bienvenidos a poner su grano de arena por un objetivo en común.
Todos en los individual queremos dejar un mejor mundo para nuestros hijos y las próximas generaciones, para que ocurra tenemos que jugar en el mismo equipo. Siempre habrá objetivos competitivos en las empresas, pero con la alineación correcta cada quien tiene sus espacios para crecer dejando una huella positiva en el planeta.
Por Gustavo Suárez Solis (*) @GustavoZuar
Los alimentos desperdiciados anualmente en América del Norte superan las 168 millones de toneladas, cantidad suficiente para alimentar a más de 260 millones de personas, el equivalente a la población completa de varios países en África, como Niger, Mali, Burkina Faso, Yemen, Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán del Sur, entre otros.
La frase “Tanta gente muriendo de hambre, y tú desperdiciando la comida” cada vez se oye menos en nuestra sociedad. En cambio, otras como “Ya no quiero”, “Me serví mucho”, “Se me quitó el hambre” lamentablemente son cada vez más comunes.
Al desperdicio de alimentos se une la enorme cantidad de agua y energía que se pierde anualmente. Solamente en el vital líquido, se despilfarran al menos 18 mil millones de metros cúbicos, cantidad equivalente a 7 millones de albercas olímpicas. En electricidad, la pérdida anual de alimentos en América del Norte se equipara al consumo equivalente a 274 millones de hogares en ese mismo lapso.
La situación del desperdicio de alimentos en el mundo es tan grave, que organizaciones intergubernamentales como la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), han hecho un llamado a la acción ciudadana para detener esta realidad tan lamentable, particularmente en América del Norte. Como parte de ello, la CCA ha desarrollado diversas herramientas, entre las que figura un kit educativo denominado “Los alimentos importan”, dirigido a sensibilizar a niños y jóvenes para reducir el desperdicio de alimentos.
Gabriela Sánchez, Líder de Proyecto de la CCA sobre la prevención y reducción del desperdicio de alimentos, destaca que al informar y sensibilizar a niños y jóvenes a través de datos reales sobre sus efectos ambientales, económicos y sociales, se les puede motivar para que realicen acciones sencillas. Esto los incentivará también a modificar sus hábitos, convirtiéndose así en parte de la solución.
Dr. Daniel Corrales Pérez (*)
Una de las principales causas de la contaminación de los suelos, es el crecimiento poblacional y el aumento de la producción de bienes, con una filosofía y estrategia económica globalizada enfocada en producir bienes de corta duración y poca vida útil, que se traduce en mayores ganancias. Sin embargo, la satisfacción de las multi demandas de las sociedades actuales se traduce en la generación de grandes volúmenes de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, que terminan siendo liberados en los suelos. La problemática de la contaminación de los suelos en el mundo es un tema que requiere urgentes soluciones y por lo tanto, los gobiernos, universidades, empresas multinacionales y sociedad civil deben destinar mayores esfuerzos y recursos para encontrar alternativas para remediar los suelos y detener el avance expansivo y masivo de la contaminación.
Particularmente en el sector agrícola, una vía estratégica para aumentar la resiliencia natural de los suelos ante los efectos de la contaminación, debería ir orientada a promover y fomentar la actividad microbiológica de los suelos para aumentar la capacidad de biodegradación. Por consiguiente, se deberá de aumentar los contenidos de materia orgánica en los suelos mediante la incorporación de residuos de cosechas y abonos orgánicos. Por otro lado, evitar la compactación del suelo, los incendios forestales y quemas agrícolas. Así mismo, se debe priorizar el uso de productos biodegradables para el control de plagas y enfermedades de los cultivos.
El manejo, la regulación y el control de productos químicos utilizados en las industrias, así como, la gestión inclusiva de los residuos descargados hacia el suelo de forma accidental o intencional, deben ser parte de los principales retos y desafíos que hoy en día debe emprender la humanidad. De lo contrario, se verán afectadas la diversidad de funciones que desempeñan los suelos y que puede repercutir en problemas de salud pública. Finalmente, la transformación cultural, política y económica que la sociedad experimente a favor de la conservación y protección ambiental de los suelos, garantizará en gran medida la producción de alimentos sanos y consecuentemente la vida en la tierra.
(*) Ing. MSc. Dr. Sc. Director ejecutivo de CORES Consultores GeoAmbientales, tiene 20 años de experiencia laboral y su expertise se enfoca en valoración de la peligrosidad de residuos mineros y alternativas de remediación.
Linkendin: https://www.linkedin.com/in/daniel-corrales-p%C3%A9rez-ing-msc-dr-sc-6b680895/
Por José David González Merlín (*) @Davidegon
Los bosques ocupan un tercio de la superficie total de nuestro planeta y contienen cerca de 70% de carbono presente en los seres vivos. En el caso de México los bosques representan casi el 18% del territorio mexicano, constituidos en su mayoría por pinos, encinos, cedros blancos y oyameles; ubicados en los estados de Durango, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Oaxaca, principalmente, aportando cerca del 70% de la producción maderable del país para la fabricación de papel, madera y muebles.
Actualmente el sector forestal mexicano se encuentra inmerso en una problemática compleja que abarca distintas áreas: normativa, ambiental, técnica, comercial y social. Por tal motivo es urgente plantear una estrategia de producción y aprovechamiento forestal en México, que permita el fortalecimiento de la participación ciudadana incluyendo a los actores clave, el impulso a la producción forestal sustentable y buscar disminuir las importaciones de productos forestales.
Se requiere establecer acompañamiento técnico que coadyuve a potenciar las capacidades de comunidades, ejidos y propietarios forestales para la producción sustentable; en sinergia con la conservación y restauración bajo un enfoque de territorio multifuncional que considere los derechos sobre la tierra y los bosques.
Es importante que las instancias se enfoquen y trabajen de manera conjunta, para la construcción de un futuro en el que los bosques existan fortalecidos y sean bien aprovechados. Para ello, la inversión pública deberá ser eficaz, transparente y considerar la adquisición de infraestructura y tecnologías sustentables para la producción forestal. Es imprescindible fomentar la investigación así como la inversión de activos públicos y el desarrollo de políticas forestales con visión de largo plazo que impulsen el Manejo Forestal Comunitario como forma colectiva, ordenada y organizada del manejo de los bosques.
Toda vez que se logra implementar una política forestal sustentable dentro de un marco legal aplicable, se podrá aprovechar de los servicios ambientales que los bosques ofrecen: la producción de oxígeno, la regulación del régimen hidrológico, la reducción de la erosión, la regulación climática, la captura y almacenamiento de carbono, la belleza escénica para el entretenimiento, la contemplación de paisajes y el desarrollo de diversos servicios turísticos.
Conservar los bosques depende de nosotros. Fomentar la conciencia social sobre el respeto a cada ser vivo es una manera de vivir en plenitud. Te invito a sumarte.
(*) Economista Agrícola, Maestro en Agronegocios, actualmente cursando la Maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac. Consultor agrícola-ambiental. Universidad Anáhuac Facultad de Ingeniería CADIT Maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable Materia: Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente
jesodivad@gmail.com
Por Lic. Adriana Reyes Ortega (*) @adrianareyeso
Ciudades que no duermen, procesos productivos cada día más complejos y una constante búsqueda por lograr la utilización más eficiente de los recursos disponibles, son características de la mayoría de las sociedades modernas: estructuras que no paran, que se esmeran en prolongar sus jornadas laborales al máximo, que lloran, que rugen.
La dinámica actual de las ciudades, nos ha dejado como consecuencia que el sonido con el que despertamos, no sea ya el trino de un pájaro, sino el motor de un camión o los golpes provocados por los albañiles de una obra cercana.
El ruido es ese sonido molesto, inoportuno para quien lo escucha y que puede llegar a causar daño, por su intensidad o por exposición recurrente. Es provocado por la mayoría de las actividades humanas, pero la industria es sin duda, la principal generadora, ocasionando un problema que, durante mucho tiempo, estuvo callado sin llamar la atención de autoridades y reguladores.
Las iniciativas de México, guiadas por las mejores prácticas internacionales, se centran en dos puntos vitales para la atención de éste problema: Normatividad y Tecnología. Mediante la creación de normas se determinan los límites permisibles de ruido y las medidas necesarias para proteger al receptor del mismo. Mientras que, a través de la tecnología, se construyen alternativas que mitigan el ruido desde tres perspectivas: el emisor, el receptor y todo aquello que se puede colocar entre ambos para que el efecto del sonido molesto, se disipe.
Para controlar el ruido desde la fuente que lo emite, se han diseñado silenciadores acústicos y aislantes que absorben las ondas del sonido, saliendo al exterior con menor intensidad. Por otro lado, para proteger al receptor, la tecnología ofrece tapones para los oídos, orejeras y cascos que bloquean el canal auditivo y con ello, el ruido llega a ser imperceptible. Asimismo, para impedir que el ruido llegue del emisor al receptor, se han creado materiales absorbentes y barreras acústicas y en casos de ruido extremo, se destinan zonas de aislamiento o casetas sonoamortiguadas para mitigarlo.
La normatividad y el desarrollo tecnológico, respaldados por su correcta implementación, tratan de contener los efectos adversos que provoca el ruido a la población. Ambos, representan sólo sutiles silenciadores ante la demencia del mundo actual, en donde el único objetivo es obtener más beneficios y poder, sin escuchar las quejas de una sociedad que grita.
(*) Licenciada en Administración Financiera, con 12 años de experiencia profesional en Bancos nacionales y extranjeros. Especialista en Financiamiento a MIPYMES para Mitigación de Cambio Climático.
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