(*) Por María Elisa Febres
La paz, la justicia y la inclusión son condiciones indispensables para el desarrollo sostenible, y así lo deja claro el objetivo 16 de la Agenda 2030, que se considera un objetivo transversal y catalizador, pues en la medida que éste se alcance y avancemos en la consolidación de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, podremos dar cumplimiento al resto de los ODS. A su vez, el desarrollo sostenible contribuye a consolidar la paz, la justicia y la inclusión, pues cuando una sociedad tiene un balance positivo de desarrollo social, económico y ambiental, se reducen la violencia y los conflictos.
Este objetivo 16, al mismo tiempo, reivindica la importancia de fortalecer las instituciones en todos los niveles, para incrementar su capacidad de satisfacer las necesidades de las personas, en el marco de buena gobernanza, democracia legítima, estado de derecho efectivo y respeto a los derechos humanos, ya que si las instituciones son débiles, no es posible que las sociedades desarrollen plenamente su potencial.
En suma, el objetivo 16 integra la necesidad de abordar la inseguridad, injusticia y conflicto que afectan a la sociedad, conjuntamente con la debilidad que aqueja a las instituciones.
Venimos enfrentando crecientes amenazas como los conflictos armados, el terrorismo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y lo daños ambientales en general. La ONU ha destacado, en referencia a la situación actual del ODS 16, la lenta disminución de delitos dolosos, la poca aprobación de leyes sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión, el nivel altísimo de personas que han huido de guerras y conflictos, y adicionalmente las consecuencias del Covid 19, que han complicado aún más la seguridad y la paz global.
La paz es entendida en los ODS no sólo como ausencia de guerra, sino considerando un enfoque más amplio de paz positiva y sostenida, implicando la seguridad individual y las condiciones sociales, económicas y ambientales que conforman el entorno del individuo.
Las metas e indicadores vinculados al ODS 16 incluyen la reducción significativa de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo; el fin del maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; la reducción significativa de las corrientes financieras y de armas ilícitas; el fortalecimiento en la recuperación y devolución de los activos robados y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada; la promoción del Estado de derecho en los planos nacional e internacional y la igualdad de acceso a la justicia para todos; la asistencia a quienes están en situación de vulnerabilidad y exclusión. Igualmente, se contempla reducir la corrupción y el soborno; garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la gente; garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales; fortalecer a las instituciones en su capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia; promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
Este objetivo exige medidas urgentes, con cambios en normas e instituciones formales e informales, para influir en prácticas y comportamientos de personas y organizaciones, lo cual necesariamente requiere la acción de los gobiernos y de todos los sectores, así como el financiamiento adecuado. A los gobiernos corresponde establecer sus metas nacionales y generar planes, políticas y estrategias. En lo que respecta a la violencia y criminalidad, se debe atender tanto en lo preventivo, como en lo represivo. Las políticas de seguridad deben coordinarse con las políticas sociales, y orientar estas especialmente a las personas y zonas más vulnerables (mujeres, niños, jóvenes, zonas de conflicto, violencia y pobreza). Los cambios y mejoras en los sistemas judiciales son también una exigencia esencial. En el marco de la gobernanza efectiva, a la sociedad civil le corresponde un papel muy activo en favor de la inclusión y la participación, mediante proyectos, campañas, experiencias de aprendizaje, intercambio de buenas prácticas y contribuciones al empoderamiento, ejercicio e implementación efectiva de los derechos de acceso, la rendición de cuentas, la justicia y la paz. Por su parte, el sector privado a través de los líderes empresariales y la responsabilidad social corporativa, debe contribuir significativamente mediante la trasparencia y la rendición de cuentas a combatir la corrupción, con políticas, estándares y prácticas que respeten y promuevan los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión económica y social y la mejora del entorno laboral.
_____________________________________________________________________________________
(*) Abogada, Especialista en Derecho Ambiental y Doctora en Desarrollo Sostenible. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Consultora para diversos organismos regionales e internacionales.
