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Galicia, Arco Minero del Orinoco y Fiscalidad Ambiental

Por. Dr. Alberto Blanco-Uribe, @albertobuq

Las presentes líneas tienen por cometido el análisis comparado de dos textos normativos, uno gallego y otro venezolano, que tocan la temática tributaria vinculada a aspectos mineros y ambientales, a objeto de destacar lo que resulta ser una regulación seria desde la perspectiva de la gestión ambiental y de fuente democrática, frente a una iniciativa cuasi burlesca y de suyo demagógica, populista y claramente antiambientalista.

La Venezuela víctima del autoritarismo populista y su Ley “Constitucional” del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero1 (del Orinoco):

Comenzando por el texto normativo venezolano, ya su nombre rimbombante propio de los usos de los regímenes autoritarios pone en evidencia su motivación populista.

Y ello ha de ser confirmado si recordamos que proviene de un ente ya internacionalmente reconocido como ilegítimo, y producto de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano, como lo es la fraudulenta asamblea nacional constituyente, herramienta del gobierno represivo, que inventa la figura de “ley constitucional” para usurpar las funciones del Poder Legislativo institucionalizado en la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, único ente que en el Poder Nacional puede legislar en materia tributaria, acorde con el principio garantista de legalidad tributaria.

Ahora bien, antes de entrar en su contenido pertinente a nuestro tema, es menester recordar que la fiscalidad ambiental, tributación ambiental o derecho tributario ambiental constituye un instrumento más de la gestión pública del ambiente, destinada a asegurar el goce efectivo del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y las condiciones de vida digna indispensables para ello.

En este sentido, si bien la Constitución no menciona explícitamente la fiscalidad o tributación ambiental, ella encuentra cobijo en el reconocimiento del derecho humano al ambiente junto a la obligación estatal de garantizarlo (artículo 127), y en el principio de seguridad nacional de promoción y conservación ambiental sobre las bases del desarrollo sustentable (artículo 326), todo ello aunado, cuando se trata de la explotación de recursos presentes en territorios ancestrales indígenas, a sus derechos a información previa, a consulta y a los beneficios (artículo 120).

En otras palabras, se confió al legislador el dictado de las normas que desarrollarían la política de gestión ambiental, comprendiendo lo tributario. Empero, al remitirnos entonces a la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 podemos lamentablemente observar que la única previsión al respecto tiene que ver solo con la posibilidad de establecer incentivos fiscales como las exoneraciones del pago de impuestos, tasas o contribuciones nacionales, estadales o municipales, para quienes hagan inversiones para la conservación ambiental (artículos 102 y siguientes).

Y dejando de lado otros ámbitos para insertarnos en el campo minero, pues esa es la temática abordada, conviene no olvidar que el espacio denominado Arco Minero del Orinoco fue concebido precisamente como una zona destinada por el gobierno, sin más, a la actividad minera y con un enfoque claramente extractivista y rentista, ignorando las principios de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley Orgánica del Ambiente (especialmente en cuanto a estudios de impacto ambiental independientes y sujetos a participación ciudadana) y de la legislación nacional e internacional indigenista (notablemente en torno a la información y consulta). Esta conclusión se aprecia de su decreto de creación de 20162, eufemísticamente como “zona de desarrollo estratégico nacional”, cuyo artículo 4 indica “como objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Obviamente se ignora la obligación constitucional (artículo 127) del Estado de proteger las “áreas de especial importancia ecológica”.

Y ello, en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria3, de contenido económicamente rentista y políticamente ideologizante hacia el socialismo, que menosprecia la previsión constitucional acerca de la ordenación del territorio pro gestión ambiental y su ley y planes de desarrollo, y que por cierto, en cuanto a lo tributario, únicamente prevé planes de estímulos y liberación y suspensión de tributos, particularmente en aduanas, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

Y tratándose básicamente de la explotación del oro, si bien existe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos4, nada más contiene previsiones sobre el pago de regalías de explotación sin afectación alguna a lo ambiental.

A esa conclusión igualmente se llega si se observa el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas5, que en lo tributario se dedica a regular el impuesto superficial por hectárea acordada y el impuesto de explotación.

No hay pues tributación o fiscalidad ambiental alguna.

Pero, a todas estas, cuál es ese régimen tributario especialmente previsto para el Arco Minero del Orinoco? Es el de carácter ambiental?

Lamentablemente la respuesta es negativa, pues a más de insertarse en lo descrito anteriormente, se limita exclusivamente a establecer un régimen especialísimo en el dominio exclusivo del impuesto sobre la renta, para los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Banco Central de Venezuela o a otros sujetos autorizados, por parte de institutos públicos, corporaciones o empresas del Estado, empresas mixtas y alianzas estratégicas. De modo que se gravarán conforme lo disponga el Presidente de la República y en base a los siguientes supuestos: Cuando su capacidad de producción sea superior o igual a 16.000 Kg/año, o su capacidad de procesamiento sea superior o igual a 2.500.000 Ton/año; y, cuando su capacidad de producción sea menor a 16.000 Kg/año, pero mayor o igual a 1.600 kg/año, o su capacidad de procesamiento sea menor a 2.500.000 Ton/año, pero mayor o igual a 250.000 Ton/año.

Y, si la capacidad de producción es menor a 1.600 Kg/año, o la capacidad de procesamiento es menor a 250.000 Ton/año, el Presidente de la República fijará la tarifa impositiva.

Por otro lado, entre diversos puntos donde se encuentran formas de pago y exoneraciones, el documento prevé condiciones a cumplir para poder disfrutar de este régimen especial que se traduce en el pago de menor cantidad de impuesto con el correspondiente sacrificio fiscal, tales como destinar en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se genera el hecho imponible, el 100% de la diferencia del impuesto que le hubiese correspondido pagar, entre otras cosas aparentemente alternativas, a la inversión en protección y saneamiento ambiental, y cumplimiento estricto de las normas jurídicas en materia de protección del ambiente.

No se trata entonces de fiscalidad o tributación ambiental, puesto que no se persigue propiamente inducir cambios de comportamiento hacia conductas menos perjudiciales para el ambiente, ni destinar la recaudación a un fondo especial de gestión ambiental. Tan solo se busca reducir la recaudación de ese tributo, en la medida en que haya inversión ambiental y cumplimiento de las normas ambientales, como ya ocurría en nuestras viejas de décadas leyes de impuesto sobre la renta.

Y no hay tributación ambiental pues no se persigue la internalización del costo ambiental, conforme al principio “quien contamina, paga”.

La Galicia beneficiaria de la democracia proambientalista y su Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas6:

Con un nombre nada pomposo y muy preciso, el Parlamento de Galicia, ejerciendo la potestad legislativa que le acuerda el Estatuto de Autonomía de Galicia, dictó esta ley por medio de la cual, cumpliendo con el principio de legalidad tributaria, se crearon, entre otros tributos, el impuesto compensatorio ambiental minero, debidamente desarrollado por la Orden de la Consejería de Hacienda de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las Normas de Aplicación del Impuesto Compensatorio Ambiental Minero7.

Este tributo se encuentra establecido en el Capítulo III del Título I “Medidas Fiscales”, y como veremos representa un genuino caso de fiscalidad o tributación ambiental, conforme al régimen concreto en esta ley concebido, de carácter técnico, objetivo, sin palabrerío populista y con clara vocación ambientalista. Veamos:

Su Sección 1 “Disposiciones Generales” expresa que el impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM) es un impuesto comunitario, directo, real, objetivo y orientado a una finalidad extrafiscal de carácter ambiental, dirigido a hacer cumplir las obligaciones de recuperación ambiental de los terrenos afectados por las labores mineras.

Por tanto, el texto legal prevé la afectación de su recaudación, deducidos los costes de gestión, a actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero.

Persigue entonces la internalización del coste ambiental.

Sobre los elementos del ICAM, la Sección 2 comienza por definir el hecho imponible, como corresponde, el cual presenta dos supuestos:

a) La alteración de la superficie o suelo como consecuencia de la extracción a partir de las concesiones de explotación de minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiéndose cumplido durante la vigencia temporal de la concesión, aunque la misma se encuentre en suspensión temporal.

b) El depósito o almacenamiento en vertederos públicos o privados de residuos mineros procedentes de la extracción o derivados del proceso de beneficio, de los minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiémndose cumplido mientras no sea clausurado el depósito o almacén de residuos, aun cuando la actividad hubiese cesado.

Luego establece el período impositivo coincidente con el año civil, e indica que el devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año, salvo en el último año de actividad.

Con respecto a los sujetos pasivos, la ley señala en calidad de contribuyentes a las personas físicas, jurídicas o entidades definidas por la Ley General Tributaria, que, bajo cualquier título, realicen las actividades constitutivas del hecho imponible del impuesto, aun cuando carezcan de la autorización administrativa correspondiente, caso en el cual se exigirá el impuesto, independientemente de la incoación del procedimiento sancionador.

Y como responsables solidarios, la ley incluye a las personas físicas, jurídicas o entidades dichas que: sean titulares de las concesiones mineras, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de la correspondiente autorización administrativa del depósito o almacén de los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de las instalaciones o terrenos en que se almacenen los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; o transporten los residuos mineros, cuando no sea posible identificar la procedencia de los residuos.

Por lo que se refiere a la base imponible, la ley la define en estimación directa, así:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos, por la superficie total afectada por las explotaciones e instalaciones, expresada en unidades de superficie (hectáreas o fracciones) alteradas y no restauradas en la fecha de devengo.

b) En el almacenamiento de residuos, por las toneladas depositadas o almacenadas de residuos sólidos y/o los metros cúbicos de volumen depositados o almacenados de residuos no sólidos a lo largo del periodo impositivo. El cómputo de la base imponible se realizará teniendo en cuenta el volumen inicial depositado o almacenado y el volumen incrementado, en cada período de liquidación.

En cuanto al tipo de gravamen y cuota tributaria, la ley dispone que la cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen anuales:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos: Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no restaurada: 12.500 euros.

b) En el almacenamiento de residuos: Por cada tonelada o metro cúbico de residuo peligroso depositado o almacenado: 0’125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso no inerte depositado o almacenado: 0’0125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso inerte depositado o almacenado: 0’00625 euros. A los residuos generados en el proceso de beneficio del mineral se les aplicará un coeficiente de incremento de 1,2. Igualmente, a los residuos procedentes, en su caso, de fuera de Galicia se les aplicará un coeficiente de incremento del 1,5.

Y en aquellos períodos impositivos que no coincidan con el año civil, la cuota resultante se prorrateará en función del número de días del período impositivo.

En otro orden de ideas, la Sección 3 prevé los detalles de aplicación del tributo: autoridad administrativa tributaria competente; potestad sancionatoria tributaria; la potestad fiscalizadora en cooperación entre los órganos administrativos competentes en las materias de minas, ambiente e industria; las obligaciones formales en cuanto a la presentación de declaraciones; el registro obligatorio de concesiones y de instalaciones de depósito o almacenamiento de residuos objeto de gravamen y de las características de las mismas; la obligación de presentar autoliquidación por cada una de las concesiones y por cada una de las instalaciones receptoras de residuos mineros que exploten, determinando la deuda tributaria correspondiente e ingresando su importe, en la forma, plazos y lugar, según los modelos y de conformidad con las instrucciones que establezca la consejería competente en materia de hacienda; la obligación de efectuar pagos a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva por aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible provisional acumulada desde el principio del período impositivo hasta el final del plazo al que se refiera el pago autoliquidando e ingresando su importe en la cuantía, condiciones, forma, lugar y plazos determinados en la orden de la consejería competente en materia de hacienda; y la recurribilidad de los actos administrativo tributarios de aplicación.

Finalmente, la Sección 4 de esta ley prevé la trascendental figura del Fondo Minero Ambiental y Paisajístico, llamado a canalizar las actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero, el cual se financiará, sin perjuicio de los demás recursos que en él se puedan integrar, con los ingresos obtenidos del ICAM, deducidos los gastos de gestión. Siendo su actuación dirigida especialmente a las zonas afectadas por las explotaciones mineras y los almacenes gestionados por los sujetos pasivos del ICAM.

De esta forma, la ley ilustra que el Fondo sufragará:

a) Las actuaciones orientadas a la recuperación del medio natural y del paisaje, así como a la mejora de las condiciones socioeconómicas y del desarrollo sostenible.

b) La promoción de la investigación, desarrollo e innovación de las técnicas mineras, así como de las propiedades, aplicaciones y mejoras de los productos mineros producidos en Galicia, encaminadas a la consecución de procesos mineros más eficientes desde el punto de vista ambiental y de productos más respetuosos con el medio.

c) El refuerzo y la dotación de medios de seguridad, control y vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas por el ICAM.

Conclusión:

Sirva este análisis comparado para que nuestro legislador venezolano, una vez recuperada la democracia y reinstaurado el orden constitucional y el Estado de Derecho, con preeminencia de los derechos humanos y pluralismo político, pueda dictar las leyes implementadoras de una verdadera fiscalidad o tributación ambiental protectora del ambiente y con ello propulsora de condiciones de vida dignas para todos los habitantes del país.

1 http://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-del-regimen-tributario-desarrollo-soberano-del-arco-minero/

2 http://www.juris-line.com.ve/data/files/3311.pdf

3 http://dctos.finanzasdigital.com/GOEN6151Decreto1425DSesarrolloSocioProductivoPatria.pdf

4 http://www.bod.com.ve/media/97487/GACETA-OFICIAL-EXTRAORDINARIA-6210.pdf

5 http://fpantin.tripod.com/index-62.html

6 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/542655-l-12-2014-de-22-dic-ca-galicia-medidas-fiscales-y-administrativas.html

7 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-191217-0001_es.html

¡Que no se agote esa gota!

Gilberto Carreño / Periodista ambiental  – VITALIS – Observatorio Ambiental Venezolano.
Una grave paradoja de nuestro tiempo, lo constituye el hecho de que a la par del crecimiento de la demanda de agua potable por parte de la población, mayor es el desgaste y deterioro  por el hombre de ese recurso que nos ofrece la Naturaleza. La circunstancia de ser la Tierra un planeta ocupado por el agua con un volumen que se ha estimado en más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales corresponden a Venezuela alrededor de  1.320 km3, no garantiza que podamos tener el recurso a nuestra disposición en abundancia y calidad para siempre.

África, con más de sesenta años de sequía después de haber poseído agua en abundancia, es una triste referencia de lo que puede suceder en una región donde los cambios climáticos introducen modificaciones drásticas en el ciclo hidrológico; mientras que Latinoamérica, y particularmente Venezuela, presenta problemas de agotamiento y deterioro de la calidad de sus aguas, especialmente causados por los errados patrones ocupacionales del espacio geográfico, modificación de las condiciones naturales de las fuentes productoras y en sus cuencas, así como una progresiva contaminación de los cuerpos de agua, generados por los vertidos de efluentes líquidos principalmente provenientes de usos domésticos, agrícolas, industriales y mineros.

Venezuela, de acuerdo con las informaciones emanadas de los servicios hidrológicos y meteorológicos del Estado, no es propensa por lo menos a corto y mediano plazos, a sufrir los problemas de desertificación que sufren otros países, aun cuando se reporten en ocasiones situaciones críticas en cuanto a los aportes de agua de lluvia se refiere, como se evidencia actualmente en el río Caroní con la disminución de sus caudales y lo cual afecta la generación de energía eléctrica desde el embalse del Güri.

Agua poseemos, y es la fortuna del país, contar con una importante fuente fija representada en sus ríos mayormente concentrados en la región sur, así como en otras provenientes de las cinco cuencas hidrográficas de países vecinos, como son los de La Guajira, y las de los ríos Catatumbo, Orinoco, Amazonas y Cuyuní.

Los problemas 


Puede observarse que perdura y parece agravarse, la descripción que sobre el particular fue presentado en el Informe Nacional de Venezuela, ante la Conferencia Cumbre de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo, celebrado en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde ya se denunciaba el “alto grado de agotamiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce” y que en el país “los principales problemas en este ámbito son: la escasez del recurso hídrico en áreas puntuales y la sobreexplotación de los acuíferos; la disminución rápida de la vida útil de los embalses; el uso inadecuado de la tierra en las cuencas altas de captación; la contaminación por los vertidos de los efluentes no tratados provenientes de los centros poblados, zonas agrícolas e industriales; la ocupación indiscriminada de áreas de inundación; la falta de protección a los humedales y demás ecosistemas acuáticos”.

Se definían entonces como áreas prioritarias de atención inmediata,  las mismas que hoy son objeto de denuncias, entre ellas: los ríos Tuy, Neverí, Manzanares, Yaracuy, Turbio y Tocuyo, así como las cuencas de los lagos Maracaibo y de Valencia, además de los litorales costeros. Hoy el problema se multiplica, por la falta de respuestas ante la exigencia no satisfecha de ampliar la infraestructura de almacenamiento y distribución del fundamental recurso.

En informaciones aportadas por expertos en gestión de aguas y de salud pública, como el expresidente de Hidrocapital, José María De Viana, y el ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta, han venido alertando sobre los riesgos que corre la población en algunas regiones del país por la presencia  en el agua que se consume, de enterobacterias (provenientes de desechos humanos), así como de cinobacterias (de las algas) y de residuos metálicos originados por la actividad industrial y explotación minera (mercurio principalmente), por causa de control sobre el recurso, así como por el inadecuado o, en la mayoría de los casos, falta de tratamiento del líquido.

Por su parte, el epidemiólogo Miguel Vizcuña, con responsabilidad en el área de salud en el ámbito regional del estado Miranda, ha venido advirtiendo sobre las consecuencias de la mala calidad de las aguas en Venezuela, como consecuencia de la falta de vigilancia de los embalses, que considera asociada al incremento de cados de diarreas, hepatitis y amibiasis en un amplio sector de la población.

 

Reclamos a las autoridades venezolanas

     
Ha sido una de las tareas duras que le ha correspondido a la actual Asamblea Nacional (AN), ser atendidas por las autoridades que tienen asignadas gestiones relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y distribución del agua potable, por lo que en una misión cuesta arriba, una comisión parlamentaria especialmente designada para tratar este aspecto ha logrado realizar una investigación y presentar un informe sobre la problemática del agua en Venezuela.

En efecto, de acuerdo con dicho informe presentado por el grupo parlamentario encabezado por los  diputados Staling González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, y Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climática, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

  • El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, construyó transvases de enorme cantidad de aguas negras que contaminaron de manera irreversible las fuentes de agua potable de la Gran Caracas y de la conurbación Valencia-Maracay. La mayor fuente de agua potrable de Caracas, el embalse de Camatagua de excelente calidad hasta el año 2009, es hoy día un embalse muerto, eutroficado, intensamente contaminado y sus aguas no son aptas para el consumo humano.
  • En el caso del Lago de Valencia, no sólo se han construido obras para contaminar los embalses Pao / Cachinche y Pao / La Balsa a partir de las aguas negras de los ríos Maruria y Cabriales, sino también de las aguas contaminadas y salinas del lago de Valencia.
  • Se han construido grandes obras hidráulicas sin ninguna utilidad pública, malgastándose enormes montos en obras mal proyectadas y que hoy en día son monumentos inútiles. El caso más emblemático es el mayor acueducto del país: una tubería de 185 Km que va del embalse de Matícora a la península de Paraguaná. Este se encuentra vacío y nunca llevará agua a la población de Falcón. La razón es elemental, el embalse de Matícora está totalmente sedimentado y en consecuencia es incapaz de garantizar ningún caudal.
  • Existen obras de importancia capital que están inconclusas. Se anunció al pueblo margariteño la construcción de un nuevo Acueducto: el Acueducto “Luisa Cáceres de Arismendi” para sustituir la antigua tubería construida en el año 1968. Esta tubería presenta enormes problemas en el tramo submarino de 23 km., ya que las condiciones de este tramo entre el Morro de Chacopata y el del sector de Punta Mosquitos presentan corrosión y un enorme número de roturas con pérdidas de agua dulce. El primer tramo a sustituir ha debido ser el submarino, al estar en mal estado es el responsable de las mayores pérdidas de agua destinada a Margarita. Sin embargo, esta obra nunca se realizó hoy en día los margariteños dependen de una tubería colocada hace 38 años, muy mal mantenida y escasamente reparada.
  • Programa de Rehabilitación y Optimización de Plantas Potabilizadoras de Agua sin ejecutar. En el año 2011, Hidroven solicitó a la Corporación Andina de Fomento (CAF) recursos para diagnosticar el estado de operación de las siete (07) mayores plantas de agua potable del país. Este diagnóstico evidenció la escasa calidad de las operaciones de potabilización realizada en estas plantas y en varias de ellas la calidad del agua tratada era totalmente inaceptable. A este respecto merecen destacarse los pésimos resultados obtenidos en las Plantas de Tratamiento de Caujarito, La Guairita, La Mariposa y Alejo Zuloaga. Cabe señalar que el Programa de inversión para la Rehabilitación, y Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, a ser financiado con recursos de la Nación, de la CAF y del BID, nunca se ejecutó.

Recomendaciones de la Comisión

Entre otras se plantean:

  • Exigir el cumplimiento a los presidentes de las empresas operadoras nacionales los resultados de las investigaciones sobre la calidad del agua, realizados en sus laboratorios de forma permanente para soportar su responsabilidad en el tema de salud de los venezolanos.
  • Exhortar al Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas a suministrar a la brevedad del caso información orientada a disponer de mayor conocimiento sobre los factores que inciden en la baja calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento.
  • Atender responsablemente y en estrecha coordinación con los gobiernos municipales y regionales, los recurrentes problemas de roturas que originan cuantiosas pérdidas del líquido en las redes de distribución de agua potable de la gran mayoría de los centros poblados a nivel nacional. En ese sentido, se exige la elaboración de planes de acción y su inmediata puesta en marcha para evitar la pérdida diaria de millones de litros de agua.
  • Presentar públicamente el Plan de Acción existente para atender la problemática agudizada de agua potable en el estado Falcón, a fin de que el mismo pueda ser evaluado por un equipo técnico del más alto nivel y pueda apoyar en la definición de la alternativa técnico-económica para la solución de los problemas existentes y con visión de largo plazo.
  • Rendir cuentas de los préstamos en ejecución, destacando datos sobre las obras realmente realizadas; particularmente para el caso del Proyecto Guaire, el cual después de más de 10 años en ejecución (siete años, con cuantiosos recursos del FONDEN y más de tres años con recursos de préstamo BID), sin logro alguno.
  • Declarar la Emergencia y crisis nacional en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, dada la crisis de suministro de agua potable reinante en el país, con especial énfasis en el Estado Nueva Esparta por su condición fronteriza e insular, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Nacional, con el fin de otorgar las asignaciones de recursos necesarios para atender de manera inmediata los requerimientos de agua de la población neoespartana.

@GilbertoCarreo @ONGVitalis

#LupAmbientalVe

 

Imagen cortesía de pixabay.

 

 

Situación ambiental de Venezuela en la mira

Un grupo de expertos liderados por la ONG venezolana VITALIS, evaluarán la situación ambiental del país, en aspectos claves de su gestión, con miras a generar acciones que permitan atender y revertir su compleja problemática.

Esta evaluación, que se realiza todos los años con la participación de más de 100 profesionales en diversas áreas, forma parte de una serie de esfuerzos en diversas áreas del conocimiento, que abordarán temas claves y estratégicos del sector, como la calidad del agua, la situación de la biodiversidad, el cambio climático, el proyecto del arco minero, la gestión de los residuos y desechos y la producción y consumo de energías, entre otros temas fundamentales para el país.

Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, explicó que esta consulta servirá para formular recomendaciones a las autoridades competentes, así como a las diversas organizaciones con competencias en esta área, incluyendo a las empresas privadas, las ONG y las universidades, entre otros actores.

Asimismo, VITALIS desarrollará diversos esfuerzos durante todo 2017 para documentar el desempeño del sector, en áreas fundamentales de la gestión conservacionista y el desarrollo sustentable, “en particular de aquellos aspectos sensibles que reclamen una visión holística y multidimensional, con la participación de los diferentes actores”, indicó Martínez.

Los esfuerzos de VITALIS incluirán la observancia del cumplimiento de las principales leyes ambientales del país, así como el desempeño de las instituciones competentes.

VITALIS es una ONG ambiental creada en Venezuela hace 16 años, con sedes y programas en el país, así como en México, Colombia y Panamá. En Venezuela ha desarrollado más de 75 proyectos que han llevado el mensaje conservacionista a todo el país, en diversas áreas de la educación ambiental, participación ciudadana, comunicación ambiental, ecoeficiencia, derecho ambiental, biodiversidad, bienes y servicios ambientales y desarrollo sustentable.

Aquellos profesionales interesados en completar esta consulta, pueden encontrarla aquí.

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Aquarium de Valencia pierde su emblemático patrimonio.

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Por Esmeralda Mujica, @EsmeraldaMujica (*)

32 años tratando de reconocer el valor al Aquarium de Valencia ha sido todo un tema en la vida de una persona que alguna vez decidió recibir un legado de alguien que amó profundamente a esa institución, Juan Vicente Seijas. La resistencia del Aquarium de Valencia como institución en sus 40 años de existencia, frente a diversas gestiones de su ente rector, la Alcaldía de Valencia, lo pone nuevamente en el ojo del huracán.

De enero a abril del 2011, el Aquarium de Valencia enfrentan la peor crisis de su historia por la muerte de 4 ejemplares de toninas (Inia geoffrensis), de 6, quedando solo dos ejemplares, Zeus y Dalila con alrededor de 48 años que pudo sobrevivir por 29 años. Sin embargo, el jueves 9 de junio de 2016 muere Zeus el ejemplar joven con solo 11 años de edad y con él desaparece el único ejemplar, prueba de la única experiencia exitosa de reproducción de esta especie fuera de sus ambientes naturales, que se mantenía en el Aquarium de Valencia.

¿Por qué decimos esto?

En diciembre 2013, 4 profesionales calificados en el área (Esmeya Díaz, Ph.D. INFACES-UC; Mario Palacios, Ph.D. FACYT/UC, Lic. Alexis Mendoza y Esmeralda Mujica aceptaron el reto de pertenecer ad honorem a la Junta Directiva de la Fundación J. V. Seijas, Aquarium de Valencia y regresarle su credibilidad como organización social para la educación de los visitantes, investigación, conservación y brindar una adecuada y sana recreación a los diferentes públicos. Después de 17 meses vimos que el bienestar animal, la educación y el manejo de las especies no era prioridad y el 60 % de la junta directiva ponen el cargo a la orden, frente al Alcalde del Municipio Valencia, en su propio despacho, con la esperanza que hiciera correctivos. Se entregaron los informes de gestión de la Vicepresidencia, con un diagnóstico de los aspectos técnicos que debían hacerse a nivel del acuario, el terrarium-serpentario, zoológico, de sus planes de colección  y a nivel del manejo de  las toninas y los sistemas de soporte de vida para las diferentes secciones, con  la necesidad de realizar inversiones y cambios a corto y mediano plazo del parque. Toda una lucha para que las cosas cambiaran, para que se ejecutaran, que la gerencia hiciera los correctivos pero en vano se desconocieron los estándares, solo actuando en un solo sentido y a la final poco importancia por el bienestar animal.

El mayor de los males…la política sin meritocracia

Cómo defender una institución zoológica de políticas mal concebidas, donde la meritocracia no existe. Cómo saber cuáles son las prioridades de las instituciones zoológicas del siglo XXI, los estándares mínimos para la colección si no hay interés por conocer los avances en materia de gestión de acuarios y/o zoológicos, qué hacer en materia de investigación, en educación o el mensaje de conservación, sin la capacitación y sin conocer el DEBER SER. Gente que manda a otros, pero no saben cómo, donde y cuando lo deben hacer. Quien dá los lineamientos? Quien define prioridades? Están capacitados quienes reciben las instrucciones o se aceptan cambios para avanzar?

Un logro de mucha gente, pero apegado a los conocimientos

Durante 23 años los cuidados, pero también con dificultades para mantener a las toninas se dieron, pero  el compromiso de sus cuidadores, veterinarios  mantuvo el protocolo de manejo para los ejemplares, que incluía: una nutrición con raciones y pesos ajustado al estado de desarrollo de cada tonina,  entrenamiento diario y su monitoreo de comportamiento, el monitoreo de su calidad de agua y su sistema de filtración, el control veterinario riguroso cada 6 meses que incluía el lavado estomacal como tratamiento preventivo, y el suministro de medicamentos específicos para cetáceos en cautiverio, cada vez que fuese necesario. Todo ello originó que el Aquarium de Valencia fuese la única institución en el mundo que ha podido reproducir y mantener por años a dichos ejemplares.

Un futuro incierto pero con esperanza

Alrededor del mundo los acuarios y zoológicos reciben más de 700 millones de visitantes al año y este poder de convocatoria da una importante ocasión para inspirar actitudes en los usuarios, de la comunidad del entorno a fin de favorecer la biodiversidad nacional e internacional. Se habla de que más del 10% de la población mundial ha visitado alguna vez el zoológico u acuario y ha tenido la posibilidad de un encuentro cara a cara con la fauna silvestre, quizás el único, en un mundo intensamente urbanizado, en el que los humanos incidimos directamente en más del 80% de la superficie de la tierra.

Cuando organizaciones zoológicas y de conservación se unen con la academia, con el gobierno y con la comunidad organizada, el alcance que se tiene es exponencial. Estas instituciones se convierten en una ventana de conocimiento hacia el mundo natural, que contribuye a generar en los visitantes y demás audiencias, actitudes y comportamientos positivos hacia el resto de la naturaleza, para  beneficio de ambos (Ajami, F. 2016)

Hoy se puede decir que éstas organizaciones sociales  como son los zoológicos y acuarios han experimentado cambios significativos en la manera como se mantienen y se cuidan a los animales, en los mensajes que se comunica, y en los esfuerzos que realizan a nivel de construcción de capacidades, investigación y conservación de la biodiversidad.

 

(*) Bióloga. Directora de VITALIS en Carabobo. Miembro de la Asociación Venezolana de Parques Zoológicos y Acuarios

VITALIS presenta el balance anual sobre la Situación Ambiental 2015

  • Al menos 9 grandes problemas, 116 subproblemas asociados a los mismos y 73 logros son identificados por 68 expertos de todo el país durante el 2015.
  • Se identificaron 129 acciones que pueden ser aplicadas, a corto plazo, para solucionar algunos problemas ambientales identificados.
  • El informe incluye 67 recomendaciones como acciones estratégicas en materia ambiental para el mediano y largo plazo.
  • Más de 20 organizaciones e iniciativas son reconocidas por sus contribuciones al país.

Deterioro de la calidad de agua y merma de la producción de agua en embalses y cuencas hidrográficas, Deficiente Manejo de los Residuos y Desechos sólidos, Pérdida de la Biodiversidad, Falta de institucionalidad y gobernabilidad ambiental, Deficiente Gestión Urbana, Minería ilegal al sur de Venezuela, Carencia de programas de Educación Ambiental y Contaminación ambiental, fueron las principales preocupaciones de los Venezolanos, identificadas por VITALIS con el apoyo de 67 expertos en su consulta ambiental 2015.

Para el año 2015, los problemas relacionados con el agua, tal como la merma en la calidad y disponibilidad de agua, constituyeron el primer problema ambiental señalado por los expertos, a diferencia de años anteriores donde el manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos prevalecía.

Este documento también resume 116 subproblemas asociados a los grandes temas, así como algunos de los logros de la gestión ambiental en el país, la percepción de los expertos en torno a la gestión ambiental de los organismos públicos, privados, las universidades, las ONG y otros grupos de interés.

Entre las soluciones a corto plazo que pueden ser aplicadas en el 2016, se mencionan retomar la institucionalidad ambiental a través de un Ministerio de Ambiente, desarrollar alternativas al alcance de la población como el Kit de Agua creado por VITALIS y AveAgua, retomar la variable ambiental en políticas públicas, promover el desarrollo sustentable, fortalecer al Estado para asumir la rectoría y a la ciudadanía para la controlaría social de los procesos que traen consigo el progreso, rescatar y fortalecer el rol de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos naturales y Cambio climático de la Asamblea Nacional, entre otros.

Entre los logros de 2015 reconocidos por los expertos, se mencionan algunos, como el Censo de Voluntarios iniciado por la Fundación Misión Árbol, acciones y labor de las ONG ambientales por la conservación ambiental a pesar de las dificultades, tales como VITALIS y Fundación Tierra Viva, la actualización de datos sobre fauna amenazada mediante publicación del Libro Rojo de la Fauna Venezolana de la ONG PROVITA, el Convenio firmado entre la UCLA y Plásticos Vicja para iniciar campañas de reciclaje de plásticos en la Universidad, la creación de los ECOparques en el Zulia, el plan de recorte de emisiones presentado por el gobierno Venezolano, una vez que adoptó el acuerdo de la cumbre climática de París, COP21, el levantamiento de base datos de generación de desechos sólidos urbanos en el Municipio Chacao, los Programas de Prevención Sísmica que realiza Funvisis, a través de su programa de formación Aula Sísmica “Madeleilis Guzmán.

El estudio que produce VITALIS anualmente desde el año 2000, también reúne una serie de recomendaciones específicas en temas claves para el sector agrupadas en áreas estratégicas para el desarrollo sustentable de Venezuela, y se presenta un listado de las organizaciones e iniciativas que merecen ser reconocidas por sus aportes ambientales al país durante 2015.

Entre las recomendaciones más importantes para la gestión ambiental en 2015, los expertos señalan el desarrollar programas técnicos de control de la calidad de los cuerpos de agua del país, elaborar y promulgar el reglamento a la Ley de Aguas, impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel municipal.

Asimismo, establecer nuevas plantas de transferencia, que contribuyan con el manejo apropiado de los residuos y desechos sólidos, hacer una evaluación integral del Relleno Sanitario La Bonanza, dotar a las ciudades con la infraestructura apropiada para manejar sus residuos y desechos, incluyendo sistemas que permitan separar desde la fuente aquellos que puedan ser reciclados o requieran un tratamiento especial.

Además, se propone conciliar el potencial de nuestros recursos naturales con la capacidad para generar riqueza, sin menoscabo de su abundancia y calidad, con un inmenso potencial para propiciar la equidad y la justicia social; y un mayor compromiso para atender los problemas ambientales por parte de las entidades gubernamentales, las ONG, el empresariado y las propias comunidades.

Se reconoce la importancia de los programas de Educación Ambiental, tomando en consideración que siendo Venezuela un país megadiverso, las medidas de conservación ambiental deben convertirse en prioridades en su política ambiental, siendo la Educación Ambiental parte de las estrategias de conservación ambiental.

En esta tarea, el rol de la ciudadanía es vital para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida, donde cada acción trae una consecuencia, efecto positivo o negativo, sobre la salud y el ambiente.

En Venezuela tenemos grandes problemas ambientales, pero también extraordinarias oportunidades para ser el mejor país del mundo, partiendo de nuestro privilegiado noveno lugar en biodiversidad, décimo tercero en mayor producción de agua dulce, y alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, entre tantos otros indicadores honrosos.

El desafío es atender lo ambiental como algo transversal a nuestra cotidianidad. En ello los ciudadanos estamos llamados a participar y contribuir en forma clara y contundente en la construcción del país que queremos y merecemos.

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES DE 2015

  1. Contaminación de cuencas hidrográficas y reservorios de agua para consumo humano, por falta de plantas de tratamientos de aguas o por poca operatividad de las existentes
  2. Inadecuado manejo de desechos sólidos desde la fuente hasta la disposición final
  3. Falta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales
  4. Caza furtiva, venta ilegal y tenencia irregular de especímenes de fauna silvestre
  5. Afectación de Parques Naturales por invasiones y otras actividades no permitidas (Invasiones)
  6. Perdida de institucionalidad ambiental
  7. Asignación austera de recursos en la Ley de Presupuesto Anual 2015
  8. Falta de Estudios de Impacto Ambiental y SocioCultural, o hechos de manera extemporánea, en algunos proyectos públicos
  9. Perdidas de áreas verdes urbanas por construcción no planificadas de proyectos habitacionales
  10. Ausencia de proyectos que estimulen un cambio de conciencia y actitud de lacolectividad

ALGUNOS DE LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 2015

  1. El uso de las redes sociales (Twitter, facebook, entre otros) para promocionar o denunciar.
  2. El Convenio firmado entre la UCLA y Plásticos Vicja para iniciar campañas de reciclaje de plásticos en la Universidad.
  3. El papel de de algunas ONG (VITALIS, Tierra Viva, ASODOPREM, Red ARA) en la promoción de valores educativos ambientales y acciones de conservación ambiental.
  4. Permanencia de Programas ambientales de larga data: Ciudadanos del Mundo, Día Mundial de las Playas.
  5. Reconocimiento a personalidades en pro del ambiente, tal como la I Edición del Premio Municipal de Ambiente de Baruta, “William H. Phelps hijo y Kathy Phelps”que otorgo a VITALIS, entre otros ganadores, el Premio mención Divulgación.
  6. Separación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, y la activación del Ministerio de Ecosocialismo y Agua.
  7. Actitud ciudadana sobre calidad del agua de la cuenca de lago de Valencia
  8. Consolidación de la Red Ara que agrupa a más de 30 ONG Ambientales
  9. La lucha de las comunidades organizadas para parar la implementación de plantas carboelectricas.
  10. La aprobación de la Ley de Semillas en la Asamblea Nacional.

Para consultar el documento, puede dar click aquí

Humedales para nuestro futuro: medios de vida sostenible

Con el lema “Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles”, en el año 2016 se celebra el Día Mundial de los Humedales, a fin de reconocer el papel esencial que desempeñan estos ecosistemas como medios de vida, tales como la pesca, el cultivo de arroz, los viajes, el turismo y el suministro de agua, entre otros, que son esenciales para nosotros por otras muchas razones.

La organización Ramsar, promotora de este día internacional, ha elegido este tema para demostrar que los humedales desempeñan un futuro importante para la humanidad y, particularmente, que son relevantes para el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los humedales albergan una enorme variedad de vida, protegen nuestro litoral, actúan como esponjas naturales que nos protegen de las crecidas de los ríos y almace nan dióxido de carbono, que regula el cambio climático. Lamentablemente, los humedales se consideran a menudo como terrenos baldíos y se estima que desde 1900 más del 64% han desaparecido.

De acuerdo a lo establecido por la Convención Ramsar, los humedales comprenden una gran variedad de ambientes, entre los cuales encontramos las aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancados o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina que no excedan de seis metros de profundidad.

Los humedales aportan importantes beneficios que pueden ser agrupados en seis categorías fundamentales: 1) importancia hídrica, 2) fuente de recursos y energía, 3) retención de sedimentos y protección, 4) transporte, 5) recreación y turismo y 6) importancia ecológica.

Sin embargo, y a pesar de sus múltiples beneficios, la extracción de agua a nivel mundial para uso doméstico, agrícola e industrial se ha multiplicado por 35% en el último siglo. Esto ha generado un déficit hídrico, y se espera que para el año 2025 afecte a 1.100 millones de personas.

Humedales en Venezuela

Nuestro país posee una gran diversidad de humedales que incluyen: lagunas parameras y de montaña, ríos y arroyos, manantiales, planicies de inundación, bancos de plantas acuáticas, ecosistemas inundables en los llanos, lagos y lagunas costeras, albuferas, arrecifes coralinos, manglares, ciénagas y morichales, entre otros. Además, se destaca por una gran diversidad de humedales artificiales, entre los cuales se incluyen estanques para el ganado y la acuicultura, tierras arables, estacionalmente inundadas, salinas, plantas de tratamiento de aguas, represas y embalses, entre otros. En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los principales humedales continentales y marino-costeros de Venezuela.

Humedales
Fuente: MinAmb, 2011.- Geo Venezuela: Perspectivas del medio ambiente en Venezuela.

Sitios Ramsar del país

Como país firmante de la Convención Ramsar, en nuestro territorio se han creado cinco hábitats de importancia internacional para la conservación de humedales, los cuales fueron propuestas bajo el criterio de que sobre ellas ya existía una figura de ordenación del territorio o ABRAE (Área Bajo Régimen de Administración Especial). Ellos son los Parques Nacionales Archipiélago Los Roques, Ciénaga de Los Olivitos (Zulia), Cuare (Falcón), Laguna de la Restinga (Nueva Esparta) y Laguna de Tacarigua (Miranda).

¿Cuál es la situación de los humedales en Venezuela?

Para Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS en Venezuela, los humedales del país al igual que muchos otros ecosistemas, enfrentan fuertes presiones que amenazan su integridad y funcionamiento. Entre las causas están, el aumento de la demanda de tierras agrícolas y ganaderas que contribuye a la deforestación y fragmentación de los ecosistemas naturales, y que en regiones montañosas genera procesos de erosión, pérdida de suelo y aumento de la carga de sedimentos de los ríos. Otras causas de deterioro incluyen la contaminación de las aguas por vertidos domésticos y agrícolas, así como actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos.

Resulta imprescindible promover su valorización ecológica, así como su apropiado manejo y conservación. Su mal uso pudiera resultar perjudicial para nuestro desarrollo.

Imagen: Cortesía de Museo Digital de Chichiriviche – Falcón.

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Nueva Asamblea Nacional debe reactivar materia ambiental

La elección de una nueva Asamblea Nacional constituye una excelente oportunidad para despertar el compromiso de los próximos diputados y diputadas sobre el tema ambiental, un sector poco atendido en el parlamento actual. Así opina el Dr. Diego Díaz Martín, Presidente de la ONG venezolana VITALIS, quien destaca la importancia del máximo organismo legislativo del país en la conservación de los recursos naturales y el ambiente en general.

Para Díaz Martín, diversas son las leyes y reglamentos en materia de recursos naturales que requieren mayor atención en Venezuela, afirmación que es compartida por el Abogado Giancarlo Selvaggio, Director de Derecho Ambiental de VITALIS, quien señala que algunos instrumentos legislativos requieren ser actualizados, en tanto que otros deben ser reglamentados.

Por ejemplo, la Ley de Protección a la Fauna Silvestre no se ha revisado ni actualizado desde su publicación en agosto de 1970, pese a los importantes cambios que han surgido en la materia, y el nivel de conocimiento que se tiene sobre la fauna y la vida silvestre en general.

Asimismo, diversas son las leyes que carecen de un reglamento que norme y regule en forma específica diversas materias, como como la Ley de Aguas, publicada de enero de 2007; la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada en enero de 2010; y la Ley de Gestión Integral de la Basura, publicada en diciembre de 2010, por citar algunas.

La Bióloga Zoyla Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, también resaltó que la nueva Asamblea Nacional tendrá entre sus retos fortalecer la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos naturales y Cambio climático, cuyas subcomisiones, hoy aparentemente extintas, ni aparecen dentro de la página web del máximo órgano legislativo de Venezuela.

El rol de la Asamblea Nacional en la gestión ambiental es vital para la conservación del patrimonio natural. Más allá de la obvia función legislativa, también posee funciones políticas, contraloras, administrativas y jurisdiccionales, que deben manejarse con alto criterio técnico, y la debida neutralidad partidista.

VITALIS espera que los nuevos representantes de las distintas fuerzas políticas  del país retomen la importancia del liderazgo en sus áreas de competencia ambiental, creando los mecanismos de seguimiento y acompañamiento que requiere Venezuela, con una sólida base técnica y legislativa, alineada al mandato constitucional de disfrute de un ambiente sano, seguro y equilibrado para todos.

En consulta pública proyecto de Ley de Calidad de Aguas y del Aire

El pasado 4 de noviembre la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dio el primer paso para dar mayor jerarquía y consolidar en un único instrumento normativo, ahora de rango legal, a los Decretos vinculados con la calidad del aire y de las aguas.

Así lo dio a conocer Giancarlo Selvaggio, Director de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS, quien informó que tal instrumento normativo, denominado Proyecto de Ley de Calidad de Aguas y del Aire, incluye a los conocidos Decretos 638 y 883. El primero contentivo de las “Normas sobre Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4899, de fecha 19 de mayo de 1995, el segundo contentivo de las “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5021, de fecha 18 de diciembre de 1995.

En opinión del Abogado Selvaggio, lo primero que debe destacarse del mencionado Proyecto de Ley es que, de forma acertada, no acabarían completamente con lo establecido en los Decretos anteriormente mencionados, ya que mantendrían su vigencia y estatus de “normativa técnica” a la hora de emplearlos para la comparación de los parámetros y sus correspondientes límites en elementos contaminantes a la atmósfera y a los cuerpos hídricos. Este aspecto reviste especial importancia, pues la “normativa técnica” requiere de un proceso de alta actualización (aunque la vigente se haya mantenido por casi veinte 20 años) que chocaría inicialmente con la estabilidad de una Ley que se vería sujeta a continuas reformas y actualizaciones.

Sin embargo, el profesional de VITALIS destaca que con respecto al punto al que anteriormente se hace mención, es importante destacar que durante las participaciones en la Consulta Pública realizada recientemente en Caracas, se pudo observar que, tentativamente, se pretendería proponer la incorporación de la normativa técnica, luego de ser actualizada, a un futuro Reglamento de la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire. Esto, como ya se mencionó anteriormente, podría generar las consecuencias ya descritas dado lo estático de un Reglamento en comparación con los Decretos.

VITALIS destaca que en la revisión del instrumento jurídico proyectado, se pueden notar aproximadamente treinta y cinco (35) disposiciones tomadas de los Decretos 638 y 883, de un total de ciento setenta y tres (173), muchas de ellas definiciones. Por lo anterior, el referido proyecto de Ley parece el compendio de una “Ley de Calidad de las Aguas” y otra “Ley de Calidad del Aire” (tal y como la normativa técnica los separa), lo cual se evidencia en los artículos referidos a las Definiciones disgregados a lo largo del cuerpo de la Ley, cuando lo ideal sería el establecimiento de un único artículo sobre Definiciones entre los primeros de la Ley.

Selvaggio destaca asimismo la importancia de conceptualizar algunos términos que no están debidamente explicados en la propuesta normativa, como “molestia ambiental”, “límites”, “parámetros”, “concentraciones”, “Proceso o Plan de Adecuación”, “Período de Prueba”, “bienes ambientales”, “humo”, “vibraciones”, “malos olores”, “efectos electromagnéticos”, y “pérdida de valor escénico”, entre algunos otros que se encuentran desarrollados en la normativa técnica, y que podría aprovecharse la oportunidad para establecerlos en el nuevo marco legal.

VITALIS considera que el momento es propicio para desarrollar en el marco regulatorio ambiental venezolano todos los aspectos asociados al Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA), a fin de determinar con el mayor nivel de precisión posible el nivel de alcance del mismo y así evitar las continuas consultas a las que es sometido el tema ante la Dirección General de Calidad Ambiental del extinto Ministerio del Ambiente, ahora conocido como Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.

VITALIS también considera necesaria la incorporación de un articulado dirigido única y exclusivamente a ampliar y explicar el tema de los supuestos de actualización del RACDA, visto que los mismos se encuentran dispersos en la normativa técnica, generando desconocimiento y ocasionando incumplimiento por parte de los administrados. Incluso, resulta menester destacar que con la reciente entrada en vigencia de la Resolución 073 de fecha 25 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial No. 40483 de fecha 26 de agosto de 2014, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, derogó la Resolución No. 040, reformada parcialmente a través de la Resolución No. 0000003, publicada en la Gaceta Oficial No. 39864, de fecha 14 de febrero de 2012, contentiva de los Requisitos para el Registro y Autorización de Manejadores de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, que incluía un supuesto particular de actualización de RACDA destinado a la “implementación de nueva tecnología”, supuesto el cual, al día de hoy, se encuentra fuera del marco jurídico venezolano.

Es importante destacar que en aras de la protección de los derechos adquiridos de los administrados mediante las aprobaciones de Planes y Cronogramas de Adecuación, el nuevo instrumento legal no debe dejar pasar desapercibido (al establecer un máximo de 12 meses para la adecuación en materia de emisiones y efluentes), el respeto absoluto a todos aquellos actos administrativos dictados por la autoridad ambiental antes de la entrada en vigencia del nuevo marco normativo que establezcan lapsos mayores de adecuación.

Por último, entre muchos otros detalles que VITALIS espera sean evaluados y considerados, Selvaggio destaca que se debe ser enfático al establecer la posible inconstitucionalidad del artículo contentivo de la prescripción de los delitos ambientales, pudiendo entenderse éstos como delitos contra derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución y por Tratados Internacionales suscritos por la República, lo que revestiría de imprescriptibilidad a cualquier acción que sea intentada contra el Estado por la violación de éstos derechos fundamentales.

Con la atención de los ciudadanos puesta en otros puntos de la realidad venezolana, VITALIS destaca que es indispensable la participación de todas las personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que se incorporen en la discusión de este nuevo instrumento legal que tendrá, a todas luces, un impacto notable en la forma en cómo se deberá planificar el desarrollo del país teniendo como propósito el respeto al ambiente.

 

Imagen cortesía de SIBCI.

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Pronunciamiento de los miembros venezolanos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas

En ocasión del VI Congreso Mundial de Parques en Sidney, los miembros venezolanos de la comisión mundial de áreas protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) formulan el siguiente pronunciamiento, en el cual precisar diversos temas de importancia e interés que requieren de inmediata atención. Los miembros de la comisión en Venezuela comprenden Biólogos, Ecólogos, Ingenieros y demás profesionales en Parques Nacionales y otras áreas protegidas, con alrededor de 20 años en promedio de experiencia.

Seguidamente publicados textualmente el referido comunicado.

“A propósito de la celebración del VI Congreso Mundial de Parques a realizarse en Sidney (Australia) es pertinente hacer una evaluación de la situación de Venezuela, quien fuera sede y anfitrión del IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, 1992). Todos los países del mundo tienden a hacer una evaluación de su estado en las vísperas de cada congreso mundial. La mayoría de los países podrán decir que han avanzado o retrocedido en tal o cual aspecto, en tal o cual magnitud, pero sin duda, la mayoría de las naciones del mundo podrán decir que han avanzado en materia de Áreas Protegidas (AP). Sin embargo nosotros los venezolanos al intentarlo encontramos un resultado muy negativo, por lo que se hace necesario hacer una profunda reflexión del porqué.

¿ Qué tiene de especial Venezuela para que lo que le pase en materia de AP sea de interés para el mundo? Venezuela, siendo un país del “mundo en desarrollo” avanzó grandemente en las políticas de conservación de su patrimonio natural cuando el resto del mundo no había comenzado o estaba en retroceso en esta materia. Fundó su primer parque nacional en 1937 y su primera AP en 1927. Ciertamente no fue el único, muchos países de América lo hicieron en esa época o incluso antes. La diferencia es que Venezuela lo asumió como política y no como retórica: incrementó grandemente su cobertura de AP a lo largo de las décadas siguientes hasta abarcar un 16, 45% de su territorio; empleó criterios modernos y actuales para designarlas y para manejarlas; acometió exitosamente la restauración ecológica de ecosistemas terrestres y marinos (dentro de AP) en tiempos en que no se hablaba de ello; creó uno de las primeras AP marinas del mundo (Archipiélago Los Roques, 1972) cuando muy pocos países en el mundo lo habían hecho; interconectaba AP cuando se pensaba que eso era utópico.

Para fines de los años 80 Venezuela tenía una reputación positiva que bien le valió la nominación y aceptación como sede del IV Congreso Mundial de Parques. Venezolanos como Gerardo Budowski, Henri Pittier, Julian Steyermark, José Rafael García, habían dejado una huella positiva en la visión y gestión de las AP del mundo. Eso sin olvidar que es uno de los doce países megadiversos del mundo, y que resguarda, casi en exclusividad, las mayores maravillas de esa biorregión única en el mundo: el Escudo Guayanés. Dentro de ella merece destacarse el caso del Parque Nacional Canaima, único Sitio de Patrimonio Natural Mundial propuesto por Venezuela y reconocido por UNESCO, donde ahora prolifera ilegalmente la minería de oro sin que las autoridades competentes hayan podido detenerla.

Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP

¿Por qué reflexionar sobre Venezuela?. Porque lo que acontece en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo, y en especial en la región sudamericana. En nuestro país se ha entronizado una visión política del mundo y de la vida que desdeña y no comprende la importancia de las AP, que las considera una política contraria al interés humano. Ciertamente muchos gobiernos en el mundo así lo piensan. ¿Cuál es la novedad con eso?. Pues la novedad está en que pocos países lo llevan a la práctica desmontando toda la institucionalidad de las AP. No se trata de un gobierno que asigna pocos recursos, o que cierra temporalmente parques, o que insiste en pasar oleoductos por AP. Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP, mientras paralelamente sustituye sus recursos humanos técnicos por comisarios políticos. Un gobierno que elimina el Ministerio del Ambiente para distribuir sus competencias ambientales, a las que constitucionalmente está obligado, en dependencias de menor jerarquía dentro de un ministerio de vivienda que construye y pretender construir obras de alto impacto ambiental dentro de AP.

El caso venezolano es digno de estudio, y he allí nuestro llamado a todos los colegas de la CMAP. No vean lo que ocurre en Venezuela como una curiosidad sociopolítica. No lo vean con desdén, con la vaga convicción de que algún día pasará. Véanla como una corriente de acción política que muchos de nuestros colegas habían dado por extinta, pero que en realidad se encuentra vigente, en pleno vigor, y con todo el potencial para expandirse por toda la región sudamericana, y de allí al mundo en desarrollo.

La UICN hace un excelente papel al diseñar políticas novedosas que permitan institucionalizar y evolucionar la gestión de las áreas protegidas. Entendemos también que, como institución que en cierta forma es análoga a la ONU, se maneje bajo principios de no crítica a los asuntos “internos” de los países. Sin embargo, aún en el seno de la ONU, cuando un país se sale de todos los estándares de convivencia y racionalidad, debe ser contactado por los medios diplomáticos y persuadido de que no prosiga en su cometido, para evitar así que se propague su insensatez al resto del mundo.

El caso de Venezuela merece una detallada y decidida atención de la UICN. Algunos datos ilustrativos se presentan seguidamente:

1. La inversión en conservación de Venezuela, promedio en los últimos 10 años ha sido de 3,66 US$/Km2, cuando en los países en vías de desarrollo la inversión promedio es de 161 US$/Km2. Esto no es congruente con el hecho de que el Estado Venezolano ha manejado en los últimos 14 años ingresos aproximados de 660 millardos de US$.

2. Los pocos recursos asignados a Areas Protegidas han conllevado al abandono y deterioro de los puestos de vigilancia y control, con equipamiento dañado y de muchos años de uso. Actualmente solo se cuentan con 350 Guardaparques para custodiar más de 15 millones de hectáreas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.

3. Los sueldos del personal son extremadamente bajos y su nivel de capacitación es muy bajo, presentándose con frecuencia casos de corrupción.

4. Existe una patente ausencia de custodia de las fuerzas policiales en la AP, lo que ha hecho más peligrosa la actividad de vigilancia y control de los Guardaparques quienes no tienen entrenamiento ni funciones policiales. Entre el 2001 y 2014 han asesinado con impunidad a 4 funcionarios de AP, en el ejercicio de sus deberes.

5. Se ha incrementado hasta niveles record las deforestaciones, incendios forestales, cacería y pesca ilegal. Es frecuente la utilización de AP para actividades de narcotráfico, delincuencia común, secuestros y otros delitos.

6. Las obras de “interés público” (tendidos eléctrico, carreteras, corredores de servicio, fibra óptica, gasoductos, antenas de telecomunicaciones) proliferan dentro de las AP y se ejecutan con mínimo apego a las medidas de mitigación y restauración que prescriben los Estudios de Impacto Ambiental”.

Interesados pueden contactar al Presidente de la Comisión Venezolana aquí.

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