Galicia, Arco Minero del Orinoco y Fiscalidad Ambiental

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Por. Dr. Alberto Blanco-Uribe, @albertobuq

Las presentes l铆neas tienen por cometido el an谩lisis comparado de dos textos normativos, uno gallego y otro venezolano, que tocan la tem谩tica tributaria vinculada a aspectos mineros y ambientales, a objeto de destacar lo que resulta ser una regulaci贸n seria desde la perspectiva de la gesti贸n ambiental y de fuente democr谩tica, frente a una iniciativa cuasi burlesca y de suyo demag贸gica, populista y claramente antiambientalista.

La Venezuela v铆ctima del autoritarismo populista y su Ley 鈥淐onstitucional鈥 del R茅gimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero1 (del Orinoco):

Comenzando por el texto normativo venezolano, ya su nombre rimbombante propio de los usos de los reg铆menes autoritarios pone en evidencia su motivaci贸n populista.

Y ello ha de ser confirmado si recordamos que proviene de un ente ya internacionalmente reconocido como ileg铆timo, y producto de la ruptura del orden constitucional y democr谩tico venezolano, como lo es la fraudulenta asamblea nacional constituyente, herramienta del gobierno represivo, que inventa la figura de 鈥渓ey constitucional鈥 para usurpar las funciones del Poder Legislativo institucionalizado en la Asamblea Nacional leg铆timamente electa en 2015, 煤nico ente que en el Poder Nacional puede legislar en materia tributaria, acorde con el principio garantista de legalidad tributaria.

Ahora bien, antes de entrar en su contenido pertinente a nuestro tema, es menester recordar que la fiscalidad ambiental, tributaci贸n ambiental o derecho tributario ambiental constituye un instrumento m谩s de la gesti贸n p煤blica del ambiente, destinada a asegurar el goce efectivo del derecho humano a un ambiente sano y ecol贸gicamente equilibrado, y las condiciones de vida digna indispensables para ello.

En este sentido, si bien la Constituci贸n no menciona expl铆citamente la fiscalidad o tributaci贸n ambiental, ella encuentra cobijo en el reconocimiento del derecho humano al ambiente junto a la obligaci贸n estatal de garantizarlo (art铆culo 127), y en el principio de seguridad nacional de promoci贸n y conservaci贸n ambiental sobre las bases del desarrollo sustentable (art铆culo 326), todo ello aunado, cuando se trata de la explotaci贸n de recursos presentes en territorios ancestrales ind铆genas, a sus derechos a informaci贸n previa, a consulta y a los beneficios (art铆culo 120).

En otras palabras, se confi贸 al legislador el dictado de las normas que desarrollar铆an la pol铆tica de gesti贸n ambiental, comprendiendo lo tributario. Empero, al remitirnos entonces a la Ley Org谩nica del Ambiente de 2006 podemos lamentablemente observar que la 煤nica previsi贸n al respecto tiene que ver solo con la posibilidad de establecer incentivos fiscales como las exoneraciones del pago de impuestos, tasas o contribuciones nacionales, estadales o municipales, para quienes hagan inversiones para la conservaci贸n ambiental (art铆culos 102 y siguientes).

Y dejando de lado otros 谩mbitos para insertarnos en el campo minero, pues esa es la tem谩tica abordada, conviene no olvidar que el espacio denominado Arco Minero del Orinoco fue concebido precisamente como una zona destinada por el gobierno, sin m谩s, a la actividad minera y con un enfoque claramente extractivista y rentista, ignorando las principios de la Ley Org谩nica para la Ordenaci贸n del Territorio, de la Ley Org谩nica del Ambiente (especialmente en cuanto a estudios de impacto ambiental independientes y sujetos a participaci贸n ciudadana) y de la legislaci贸n nacional e internacional indigenista (notablemente en torno a la informaci贸n y consulta). Esta conclusi贸n se aprecia de su decreto de creaci贸n de 20162, eufem铆sticamente como 鈥渮ona de desarrollo estrat茅gico nacional鈥, cuyo art铆culo 4 indica 鈥渃omo objetivo prioritario, la creaci贸n de los est铆mulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sinton铆a con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Econ贸mico y Social de la Naci贸n鈥.

Obviamente se ignora la obligaci贸n constitucional (art铆culo 127) del Estado de proteger las 鈥溍eas de especial importancia ecol贸gica鈥.

Y ello, en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalizaci贸n Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria3, de contenido econ贸micamente rentista y pol铆ticamente ideologizante hacia el socialismo, que menosprecia la previsi贸n constitucional acerca de la ordenaci贸n del territorio pro gesti贸n ambiental y su ley y planes de desarrollo, y que por cierto, en cuanto a lo tributario, 煤nicamente prev茅 planes de est铆mulos y liberaci贸n y suspensi贸n de tributos, particularmente en aduanas, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

Y trat谩ndose b谩sicamente de la explotaci贸n del oro, si bien existe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Org谩nica que Reserva al Estado las Actividades de Exploraci贸n y Explotaci贸n del Oro y Dem谩s Minerales Estrat茅gicos4, nada m谩s contiene previsiones sobre el pago de regal铆as de explotaci贸n sin afectaci贸n alguna a lo ambiental.

A esa conclusi贸n igualmente se llega si se observa el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas5, que en lo tributario se dedica a regular el impuesto superficial por hect谩rea acordada y el impuesto de explotaci贸n.

No hay pues tributaci贸n o fiscalidad ambiental alguna.

Pero, a todas estas, cu谩l es ese r茅gimen tributario especialmente previsto para el Arco Minero del Orinoco? Es el de car谩cter ambiental?

Lamentablemente la respuesta es negativa, pues a m谩s de insertarse en lo descrito anteriormente, se limita exclusivamente a establecer un r茅gimen especial铆simo en el dominio exclusivo del impuesto sobre la renta, para los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Banco Central de Venezuela o a otros sujetos autorizados, por parte de institutos p煤blicos, corporaciones o empresas del Estado, empresas mixtas y alianzas estrat茅gicas. De modo que se gravar谩n conforme lo disponga el Presidente de la Rep煤blica y en base a los siguientes supuestos: Cuando su capacidad de producci贸n sea superior o igual a 16.000 Kg/a帽o, o su capacidad de procesamiento sea superior o igual a 2.500.000 Ton/a帽o; y, cuando su capacidad de producci贸n sea menor a 16.000 Kg/a帽o, pero mayor o igual a 1.600 kg/a帽o, o su capacidad de procesamiento sea menor a 2.500.000 Ton/a帽o, pero mayor o igual a 250.000 Ton/a帽o.

Y, si la capacidad de producci贸n es menor a 1.600 Kg/a帽o, o la capacidad de procesamiento es menor a 250.000 Ton/a帽o, el Presidente de la Rep煤blica fijar谩 la tarifa impositiva.

Por otro lado, entre diversos puntos donde se encuentran formas de pago y exoneraciones, el documento prev茅 condiciones a cumplir para poder disfrutar de este r茅gimen especial que se traduce en el pago de menor cantidad de impuesto con el correspondiente sacrificio fiscal, tales como destinar en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se genera el hecho imponible, el 100% de la diferencia del impuesto que le hubiese correspondido pagar, entre otras cosas aparentemente alternativas, a la inversi贸n en protecci贸n y saneamiento ambiental, y cumplimiento estricto de las normas jur铆dicas en materia de protecci贸n del ambiente.

No se trata entonces de fiscalidad o tributaci贸n ambiental, puesto que no se persigue propiamente inducir cambios de comportamiento hacia conductas menos perjudiciales para el ambiente, ni destinar la recaudaci贸n a un fondo especial de gesti贸n ambiental. Tan solo se busca reducir la recaudaci贸n de ese tributo, en la medida en que haya inversi贸n ambiental y cumplimiento de las normas ambientales, como ya ocurr铆a en nuestras viejas de d茅cadas leyes de impuesto sobre la renta.

Y no hay tributaci贸n ambiental pues no se persigue la internalizaci贸n del costo ambiental, conforme al principio 鈥渜uien contamina, paga鈥.

La Galicia beneficiaria de la democracia proambientalista y su Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas6:

Con un nombre nada pomposo y muy preciso, el Parlamento de Galicia, ejerciendo la potestad legislativa que le acuerda el Estatuto de Autonom铆a de Galicia, dict贸 esta ley por medio de la cual, cumpliendo con el principio de legalidad tributaria, se crearon, entre otros tributos, el impuesto compensatorio ambiental minero, debidamente desarrollado por la Orden de la Consejer铆a de Hacienda de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las Normas de Aplicaci贸n del Impuesto Compensatorio Ambiental Minero7.

Este tributo se encuentra establecido en el Cap铆tulo III del T铆tulo I 鈥淢edidas Fiscales鈥, y como veremos representa un genuino caso de fiscalidad o tributaci贸n ambiental, conforme al r茅gimen concreto en esta ley concebido, de car谩cter t茅cnico, objetivo, sin palabrer铆o populista y con clara vocaci贸n ambientalista. Veamos:

Su Secci贸n 1 鈥淒isposiciones Generales鈥 expresa que el impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM) es un impuesto comunitario, directo, real, objetivo y orientado a una finalidad extrafiscal de car谩cter ambiental, dirigido a hacer cumplir las obligaciones de recuperaci贸n ambiental de los terrenos afectados por las labores mineras.

Por tanto, el texto legal prev茅 la afectaci贸n de su recaudaci贸n, deducidos los costes de gesti贸n, a actuaciones de compensaci贸n y reequilibrio ambiental y territorial, paisaj铆sticas y de desarrollo tecnol贸gico minero.

Persigue entonces la internalizaci贸n del coste ambiental.

Sobre los elementos del ICAM, la Secci贸n 2 comienza por definir el hecho imponible, como corresponde, el cual presenta dos supuestos:

a) La alteraci贸n de la superficie o suelo como consecuencia de la extracci贸n a partir de las concesiones de explotaci贸n de minerales met谩licos industriales y metales preciosos, presumi茅ndose cumplido durante la vigencia temporal de la concesi贸n, aunque la misma se encuentre en suspensi贸n temporal.

b) El dep贸sito o almacenamiento en vertederos p煤blicos o privados de residuos mineros procedentes de la extracci贸n o derivados del proceso de beneficio, de los minerales met谩licos industriales y metales preciosos, presumi茅mndose cumplido mientras no sea clausurado el dep贸sito o almac茅n de residuos, aun cuando la actividad hubiese cesado.

Luego establece el per铆odo impositivo coincidente con el a帽o civil, e indica que el devengo se producir谩 el 31 de diciembre de cada a帽o, salvo en el 煤ltimo a帽o de actividad.

Con respecto a los sujetos pasivos, la ley se帽ala en calidad de contribuyentes a las personas f铆sicas, jur铆dicas o entidades definidas por la Ley General Tributaria, que, bajo cualquier t铆tulo, realicen las actividades constitutivas del hecho imponible del impuesto, aun cuando carezcan de la autorizaci贸n administrativa correspondiente, caso en el cual se exigir谩 el impuesto, independientemente de la incoaci贸n del procedimiento sancionador.

Y como responsables solidarios, la ley incluye a las personas f铆sicas, jur铆dicas o entidades dichas que: sean titulares de las concesiones mineras, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de la correspondiente autorizaci贸n administrativa del dep贸sito o almac茅n de los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de las instalaciones o terrenos en que se almacenen los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; o transporten los residuos mineros, cuando no sea posible identificar la procedencia de los residuos.

Por lo que se refiere a la base imponible, la ley la define en estimaci贸n directa, as铆:

a) En la alteraci贸n de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracci贸n de minerales met谩licos industriales y metales preciosos, por la superficie total afectada por las explotaciones e instalaciones, expresada en unidades de superficie (hect谩reas o fracciones) alteradas y no restauradas en la fecha de devengo.

b) En el almacenamiento de residuos, por las toneladas depositadas o almacenadas de residuos s贸lidos y/o los metros c煤bicos de volumen depositados o almacenados de residuos no s贸lidos a lo largo del periodo impositivo. El c贸mputo de la base imponible se realizar谩 teniendo en cuenta el volumen inicial depositado o almacenado y el volumen incrementado, en cada per铆odo de liquidaci贸n.

En cuanto al tipo de gravamen y cuota tributaria, la ley dispone que la cuota tributaria viene determinada por la aplicaci贸n a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen anuales:

a) En la alteraci贸n de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracci贸n de minerales met谩licos industriales y metales preciosos: Por cada hect谩rea o fracci贸n de superficie alterada no restaurada: 12.500 euros.

b) En el almacenamiento de residuos: Por cada tonelada o metro c煤bico de residuo peligroso depositado o almacenado: 0鈥125 euros; por cada tonelada o metro c煤bico de residuo no peligroso no inerte depositado o almacenado: 0鈥0125 euros; por cada tonelada o metro c煤bico de residuo no peligroso inerte depositado o almacenado: 0鈥00625 euros. A los residuos generados en el proceso de beneficio del mineral se les aplicar谩 un coeficiente de incremento de 1,2. Igualmente, a los residuos procedentes, en su caso, de fuera de Galicia se les aplicar谩 un coeficiente de incremento del 1,5.

Y en aquellos per铆odos impositivos que no coincidan con el a帽o civil, la cuota resultante se prorratear谩 en funci贸n del n煤mero de d铆as del per铆odo impositivo.

En otro orden de ideas, la Secci贸n 3 prev茅 los detalles de aplicaci贸n del tributo: autoridad administrativa tributaria competente; potestad sancionatoria tributaria; la potestad fiscalizadora en cooperaci贸n entre los 贸rganos administrativos competentes en las materias de minas, ambiente e industria; las obligaciones formales en cuanto a la presentaci贸n de declaraciones; el registro obligatorio de concesiones y de instalaciones de dep贸sito o almacenamiento de residuos objeto de gravamen y de las caracter铆sticas de las mismas; la obligaci贸n de presentar autoliquidaci贸n por cada una de las concesiones y por cada una de las instalaciones receptoras de residuos mineros que exploten, determinando la deuda tributaria correspondiente e ingresando su importe, en la forma, plazos y lugar, seg煤n los modelos y de conformidad con las instrucciones que establezca la consejer铆a competente en materia de hacienda; la obligaci贸n de efectuar pagos a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva por aplicaci贸n del tipo de gravamen sobre la base imponible provisional acumulada desde el principio del per铆odo impositivo hasta el final del plazo al que se refiera el pago autoliquidando e ingresando su importe en la cuant铆a, condiciones, forma, lugar y plazos determinados en la orden de la consejer铆a competente en materia de hacienda; y la recurribilidad de los actos administrativo tributarios de aplicaci贸n.

Finalmente, la Secci贸n 4 de esta ley prev茅 la trascendental figura del Fondo Minero Ambiental y Paisaj铆stico, llamado a canalizar las actuaciones de compensaci贸n y reequilibrio ambiental y territorial, paisaj铆sticas y de desarrollo tecnol贸gico minero, el cual se financiar谩, sin perjuicio de los dem谩s recursos que en 茅l se puedan integrar, con los ingresos obtenidos del ICAM, deducidos los gastos de gesti贸n. Siendo su actuaci贸n dirigida especialmente a las zonas afectadas por las explotaciones mineras y los almacenes gestionados por los sujetos pasivos del ICAM.

De esta forma, la ley ilustra que el Fondo sufragar谩:

a) Las actuaciones orientadas a la recuperaci贸n del medio natural y del paisaje, as铆 como a la mejora de las condiciones socioecon贸micas y del desarrollo sostenible.

b) La promoci贸n de la investigaci贸n, desarrollo e innovaci贸n de las t茅cnicas mineras, as铆 como de las propiedades, aplicaciones y mejoras de los productos mineros producidos en Galicia, encaminadas a la consecuci贸n de procesos mineros m谩s eficientes desde el punto de vista ambiental y de productos m谩s respetuosos con el medio.

c) El refuerzo y la dotaci贸n de medios de seguridad, control y vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas por el ICAM.

Conclusi贸n:

Sirva este an谩lisis comparado para que nuestro legislador venezolano, una vez recuperada la democracia y reinstaurado el orden constitucional y el Estado de Derecho, con preeminencia de los derechos humanos y pluralismo pol铆tico, pueda dictar las leyes implementadoras de una verdadera fiscalidad o tributaci贸n ambiental protectora del ambiente y con ello propulsora de condiciones de vida dignas para todos los habitantes del pa铆s.

1 http://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-del-regimen-tributario-desarrollo-soberano-del-arco-minero/

2 http://www.juris-line.com.ve/data/files/3311.pdf

3 http://dctos.finanzasdigital.com/GOEN6151Decreto1425DSesarrolloSocioProductivoPatria.pdf

4 http://www.bod.com.ve/media/97487/GACETA-OFICIAL-EXTRAORDINARIA-6210.pdf

5 http://fpantin.tripod.com/index-62.html

6 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/542655-l-12-2014-de-22-dic-ca-galicia-medidas-fiscales-y-administrativas.html

7 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-191217-0001_es.html

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