La protesta crece, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada,
Gilberto Carreño / Periodista ambiental (Especial del Observatorio Ambiental de Venezuela).
Desde la región geológica catalogada entre las más antiguas en el proceso de formación de La Tierra con las características que hoy conocemos, surge un grito convertido en alarma nacional ante las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema del que depende la vida de sus habitantes y la calidad ambiental del país y del propio planeta.
La Guayana venezolana, conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar, integra lo que es conocida como el Macizo Guayanés en una extensión estimada en más de 430 mil kilómetros cuadrados. En una combinación de maravillas geológicas y de selva tropical únicas y más extensas del planeta, como los tepuyes y el área que abarca a la cuenca del río Amazonas compartida con otros ocho países de América del Sur, han constituido la fuente principal de riqueza para ese mundo bajo el predominio del desarrollo tradicional basado en la irracional explotación de los recursos de la Naturaleza.
De allí que, siguiendo con una vieja práctica de entrega territorial de los productos mineros de la región, una nueva amenaza contra la calidad de vida sus habitantes hace su aparición el 24 de febrero de 2016, cuando a través del Decreto Presidencial Nº 2.248, se crea lo que comenzó a denominarse “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, concebida por el Gobierno nacional como “una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico productivo y social de la nación, salir del rentismo petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral”.
En la determinación del área de afectación se establece una extensión de 111.000 Km2, equivalente al 46% del estado Bolívar, donde se ubica geográficamente, y abarca a 10 de los 11 municipios de esta entidad, afectando prácticamente a toda su población, predominantemente a los pueblos indígenas que los ocupan desde tiempos ancestrales, pese a ser teóricamente beneficiario su territorio de figuras de Áreas de Régimen de Áreas de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de reserva de biósfera, reservas forestales, parques nacionales y zonas protectoras de cuencas, entre otras.
Indígenas activan la alarma
Fueron precisamente los pobladores de la región quienes emitieron su primer grito de alerta, exponiendo entre otros argumentos: en primer lugar, que “las negociaciones del gobierno con las transnacionales mineras no fueron consultadas con los Pueblos Indígenas, lo cual viola el Art.120 de la República Bolivariana de Venezuela”; segundo, que “no se han realizado los estudios de impacto ambiental previos a las negociaciones, tal como se establece en el Art. 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y, en tercer lugar, “el gobierno venezolano pretende involucrar a los Pueblos Indígenas a través de planes y políticas públicas, pero no hay medidas que mitiguen la magnitud de los conflictos que vienen con la explotación minera de 150 transnacionales voraces”
De igual manera, en comunicado que divulgó desde un principio la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas “Wanaaleru”, advierten sobre las consecuencias de la minería en el área de los pueblos indígenas, entre las que señalan la destrucción de la naturaleza, “es decir, la producción que hace la misma naturaleza de bienes y servicios para la vida”; y que al destruirse su economía de sustento, se ven obligados a desplazarse hacia centros poblados donde terminan como mano de obra barata, vendiendo sus artesanías a “revendedores oportunistas”. Además, que la minería destruye las culturas indígenas, porque se adopta la cultura minera basada en la acumulación y depredación; incide en la salud de los pobladores, “porque con la destrucción de la economía de sustento y la dieta tradicional, además de la contaminación química, aparecen enfermedades que no eran comunes, como el cáncer, diabetes, neumoconiosis”, y que las minas a cielo abierto repuntan la malaria.
El pronunciamiento indígena fue inmediatamente secundado por organizaciones ambientalistas y de investigación científica de la región, entre las que se incluyó el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Bolívar y la Universidad Experimental de Guayana, que emitieron su Manifiesto de Guayana, en el que además de respaldar la argumentación de los pueblos indígenas, han propuesto, entre otras, además de su actualización tras su debida discusión, la promulgación del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales de la región conforme a la vocación de uso del espacio; la aprobación de la reforma del Decreto Nº 2.165, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y sus conexas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés públicos referidos a dichas actividades sobre los minerales propiedad de la república (artículos 150 y 187 de la República); el diseño de una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para el área de la minería, y reformar la ley de minas y sus reglamentos y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región.
Igualmente, se han sumado a las protestas y exigencias de eliminación o reforma del referido plan Arco Minero del Orinoco, diversas Organizaciones No Gubernamentales como, entre otras, la Fundación Vitalis, Sociedad Homo et Natura del Estado Zulia, Azul Ambientalistas, la Red ARA, Una Montaña de Gente, la Federación Ecológica de Calabozo-Ciudadanos Verdes del Llano y la Fundación Agua Clara.
La gestión de la Asamblea Nacional
Por otra parte, promovida por el representante del Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), diputado Américo De Grazia, esa institución designó una comisión que ha venido trabajando en el sentido de evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, cuyo informe preliminar fue presentado en plenaria del Parlamento a fines de diciembre del pasado 2016, en el cual se señala entre sus principales conclusiones que el decreto de creación de dicha zona “representa una violación de la soberanía nacional al pretender entregar más del 12% del territorio nacional para la explotación minera masiva, en condiciones lesivas para la República, desconociendo además los derechos sociales, sindicales y de los pueblos indígenas, quienes serían desplazados de sus territorios, de sus hábitats y tierras, al crearse un Estado dentro de otro Estado, con especial incidencia negativa para el 46% del Estado Bolívar que quedaría destinado a la minería”.
Asimismo, advierte sobre los enfrentamientos que se han venido denunciando entre distintos grupos por el control de las minas, y que han arrojado varias muertes en la zona, además de las irregularidades que observa con el otorgamiento de facultades en materia de negocios y actividades extractivas a una empresa militar “cuyas funciones de resguardo de la soberanía territorial están establecidas en la Constitución, todo lo cual crea un cuadro general de anomia o ausencia de normas que se agudizan por la crisis institucional existente y la corrupción en los altos mandos oficiales; y se compromete la moral y la ética de la Fuerza Armada, inconveniente para el país que requiere de su servicio para coadyuvar en la protección de sus cuencas, ríos, bosques, biodiversidad y del sistema de Áreas Protegidas.”
Con las dificultades que hoy enfrenta la Asamblea Nacional, la comisión sigue trabajando en la formulación de una ley especial que regule lo concerniente a la materia. Mientras, la protesta sigue creciendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada.
@GilbertoCarreno @ONGvitalis
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Leyenda foto: Explotación minera en el área del Arco Minero del Orinoco / Foto cortesía Prodavinci-AirPano
