El agua: un recurso alterable.

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No solo los fabricantes han de responder por los envases.

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)


El principio «quien contamina, paga», piedra angular del derecho tributario ambiental, persigue la internalización del coste ambiental dentro de los parámetros económicos del operador industrial o comercial, de modo que el primer llamado a asumir la responsabilidad frente al daño ambiental sea éste, liberando a la sociedad del rol de mera víctima, al lado de quien se lucra con su actividad.

Todas las ramas del derecho ambiental comparten ese objetivo, el cual es buscado a través de diversas herramientas. El derecho tributario lo hace por medio de la fijación de impuestos, tasas o contribuciones ambientales, siendo que la finalidad de las administraciones tributarias ambientales no es entonces la recaudación: a menor recaudación mayor efectividad de la fiscalidad verde.

Dentro de esta línea, cada vez mas numerosos países en el mundo han implementado tributos ambientales (a los vertidos líquidos, a las emanaciones atmosféricas, a la producción de envases, etc.), como también por ejemplo la Unión Europea.
Manteniéndonos en el supuesto de los envases, particularmente los de materiales no biodegradables, resulta generalmente conocido por la gente que quien produce y/o utiliza para su producto un envase no biodegradable y se lucra con ello, ha de ser impactado fiscalmente, de forma que a la hora de elegir su materia de insumo opte por una no, o no tan, contaminante, o se conforme con pagar la contribucion en la tarifa que corresponda, asumiendo el coste económico socio ambiental de su decisión.

Y esto, sin perjuicio de que ese coste sea trasladado en el precio al público consumidor, pues éste también toma una decisión al comprar, habiendo preferido adquirir el producto en tal envase, ambientalmente nocivo. Hay pues una responsabilidad ambiental socialmente compartida entre productor y consumidor, en provecho de todos.
Ahora bien, qué ha de ocurrir con otros personajes que igualmente intervienen en la comercialización de los productos, pero no son el fabricante ni el consumidor? Pensemos en los importadores y distribuidores. Y no perdamos de vista a los reenvasadores o reempaquetadores.

Pues bien, el 15 de marzo de 2018 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso SC Cali Sprou SRL) fue clara, al disponer que la Directiva 94/62/CE (envases y residuos de envases), aunque no lo diga expresamente y acorde con el principio «quien contamina, paga», se proyecta tanto sobre los responsables directos de la producción de residuos, como sobre los que contribuyen a generar residuos (importadores y distribuidores de los productos envasados). Con ello se declaró la conformidad de la normativa de Rumania al respecto, que establece un tributo ambiental a ser pagado en provecho de un fondo ambiental, por parte de toda la cadena comercial que con diversos roles interviene en la fabricacion y distribucion de residuos, según sean las circunstancias de su respectiva participación.


(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. Asesor Internacional de VITALIS basado en Francia. @AlbertoBUQ . www.albertoblancouribe.com

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¿Qué futuro prevé la reforma energética para el almacenamiento de energía en México?

Por Ing. Victor Hugo Fernández Escamilla

En las últimas décadas, la generación de electricidad utilizando fuentes renovables de energía, ha tomado cada vez mayor relevancia en el mundo debido en gran medida a su menor impacto ambiental. Además la competencia de estas fuentes de energía frente a las convencionales cada vez es mejor, por la reducción de los costos tecnológicos y por los esquemas de subsidios impulsados por las naciones a partir de los tratados internacionales, tales como el protocolo de Kioto y el de Copenhague.

Uno de los principales problemas que presentan la energía eólica y la energía solar es su variabilidad, lo que representa un gran desafío técnico en la operación del sistema eléctrico, ya que, a medida que aumenta la generación de electricidad por fuentes renovables de energía se requiere mayor capacidad de fuentes de energía flexible para ajustar la producción a la demanda de electricidad. Es por ello que el almacenamiento de energía se plantea como una de las posibles soluciones a la integración a gran escala de las energías renovables.

Las tecnologías de almacenamiento pueden tener distintas aplicaciones en esta integración, que depende de sus características propias y su uso. Los parámetros técnicos más relevantes para caracterizar estas tecnologías son: tiempo de respuesta, tiempo de descarga y potencia disponible. Las tecnologías de almacenamiento de energía más adecuadas, para aplicaciones referidas a contrarrestar los efectos de intermitencia horaria y diaria de la generación de energía renovable son los sistemas de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo (Pump Hydro Storage System o PHSS) y los sistemas de almacenamiento de energía por aire comprimido (Compressed Air Energy Storage o CAES). Esto es debido a los altos niveles de almacenamiento que pueden manejar (de 100 a 5,000 MW) y a su velocidad de respuesta. Sin embargo, la tecnología CAES aún está en desarrollo mientras que los PHSS es la tecnología de almacenamiento más desarrollada a nivel mundial, al sumar 316 plantas en operación y alcanzando 162.2 GW instalados en total al año 2016 de acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América.

Es importante mencionar que México no cuentan con ningún PHSS, mientras que China es el país con mayor capacidad instalada, habiendo explotado casi todos los sitios disponibles y triplicando su capacidad instalada desde el 2004 hasta el 2016 con 34 plantas generadoras llegando a 31,999 MW, seguido de Japón y EE.UU. con 28,251 y 22,560 MW de potencia instalada en operación. Es decir, Japón, siendo un país más pequeño que México, cuenta casi con el 50% de la potencia instada de México con esta tecnología.

Debido a la importancia del almacenamiento de energía en la operación de los sistemas eléctricos y a la tendencia de países como China, Japón y EE.UU sobre el uso de esta tecnología es sustancial conocer el futuro que prevé la reforma energética para el almacenamiento de energía en México.

La reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto dio inicio el día 20 de diciembre de 2013. Dicha reforma partió de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La modificación de estos artículos consistió principalmente en permitir a empresas privadas participar en la exploración y extracción del petróleo y la generación de energía eléctrica, dichas actividades eran exclusiva responsabilidad del Estado previo a la reforma. Para permitir que las empresas privadas pudieran participar en el sector energético mexicano fue necesario también impulsar nuevas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que permitieran regular la participación de las empresas privadas y del Estado, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como definir las reglas de los nuevos mercados.

En relación a la reforma aplicada al sector eléctrico, esta consistió en la abrogación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez en 1975 y en su lugar se publicó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) el 11 de agosto de 2014, completando la reforma con la Ley de la Energía Geotérmica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados y la Ley de la Transición Energética.

Entre los principales cambios que la reforma energética trajo al sector eléctrico fueron que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se desintegró de la CFE y se establece como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaria de Energía (SENER), con personalidad jurídica y patrimonios propios.

Asimismo, se estableció el termino Estricta Separación Legal, el cual establece que la CFE y todas las empresas participantes en la industria eléctrica deben estar separadas horizontal y verticalmente con el fin de garantizar la competencia en igualdad de condiciones. Surgen las figuras de generador, comercializador suministrador, comercializador no suministrador, usuarios calificados, transportista y distribuidor, permitiendo a privados participar en cualquiera de las figuras mencionadas, con la excepción del transporte o distribución de electricidad, estas seguirán siendo exclusividad del Estado.

Asimismo, la CFE se vuelve una empresa productiva del Estado, es decir ahora debe obtener ingresos para subsistir, y se separa en pequeñas empresas por cada una de las áreas de operación del sector energía formando 10 empresas subsidiarias y 4 filiales hasta el momento. Se incentiva la generación de energía eléctrica limpia a partir de los Certificados de Energía Limpia. Surge por primera vez la regulación de la generación distribuida. Se crea el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) operado por el CENACE. En el MEM los participantes pueden vender y comprar energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, servicios conexos, y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Se regula los pequeños sistemas eléctricos, es decir podrán existir sistemas menores a 5 MW interconectados a las redes generales de distribución o aislados. También se establece un procedimiento para el uso y ocupación superficial de la tierra con el objeto de reducir y facilitar a los inversionistas la ocupación de la tierra. Mediante este proceso se podrá ejercer una servidumbre legal (expropiar) sobre cualquier terreno necesario para las actividades de la industria eléctrica en caso de no llegar a un acuerdo en un lapso de 210 días.

Entre los aspectos más relevantes en materia de sustentabilidad que trajo consigo la reforma energética fue la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto social previo a la construcción de cualquier proyecto de infraestructura en materia de energía y los certificados de energía limpia (CEL´s). Los CEL´s dan a las tecnologías de energía limpia los recursos necesarios para hacerlas más competitivas en el mediano plazo. Es decir por cada megawatt-hora (MWh) generado de energía limpia los generadores se harán acreedores de un CEL.

Por otra parte, los grandes consumidores de electricidad, es decir Usuarios Calificados, los Usuarios finales que se suministren por abasto aislado, los Suministradores y los titulares de Contratos de Interconexión Legados están obligados a que un porcentaje de la energía eléctrica que consumen provenga de fuentes limpias, es decir están obligados a adquirir los CEL´s a partir del año 2018. De acuerdo a la LIE, el requisito de CEL´s corresponde al periodo de obligación, el cual para 2018 será de 5% y para el año 2019 será de 5.8%. El incumplimiento de estos estándares derivará en costosas penalizaciones por cada MWh que no se adquiera. Los CEL´s no tendrán un precio fijo, sino que dependerá de la oferta y la demanda. En la última Subasta de Largo Plazo, llevada a cabo en 2016 por el CENACE el precio promedio de la energía limpia (la combinación de un MWh de energía y un CEL) fue de 33.47 dólares.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, las plantas de ciclo combinado, las cuales representan el 45.55% de la matriz energética del servicio eléctrico nacional, tienen el menor costo de generación (735 pesos por MWh). Esto quiere decir que si el precio de los certificados fuera igual a la multa mínima (393 pesos), con base en los porcentajes de la obligación establecidos, el costo de generación de las plantas de ciclo combinado aumentaría entre 3.3% y 4.8%. Por su parte, el costo de la generación eólica se reduciría de $1,220 a $830 pesos. Por lo tanto, con este esquema de subsidio las energías limpias se vuelven aún más competitivas frente a las convencionales.

Lo anterior aunado a la reducción de costos tecnológicos de las energías limpias hace muy probable que la meta adquirida por el gobierno mexicano a partir de la reforma energética de llegar al 35% al 2035 y al 50% al 2050  se cumpla e incluso se rebase por mucho en el largo plazo. Sin embargo, ni el PRODESEN 2017-2031, ni la Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031 tiene aún un pronóstico del potencial o requerimiento de almacenamiento de energía para México. Aunque a través del Consejo Consultivo para la Transición Energética ya se está abordando el tema.

En conclusión, la reforma energética prevé un enorme crecimiento en la integración de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional. Esto hace necesario la integración de tecnologías de almacenamiento de energía, principalmente de PHSS, por su tiempo de respuesta, su capacidad de almacenamiento y su sustentabilidad. Por lo tanto, se vuelve necesario la creación de una regulación al respecto para crear incentivos que fomenten la inversión en estas tecnologías. Así mismo se vuelve necesario generar estudios y reportes que permitan identificar los sitios con mayor potencial de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo, así como los nodos de red con mayor requerimiento de almacenamiento de energía.

 

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Galicia, Arco Minero del Orinoco y Fiscalidad Ambiental

Por. Dr. Alberto Blanco-Uribe, @albertobuq

Las presentes líneas tienen por cometido el análisis comparado de dos textos normativos, uno gallego y otro venezolano, que tocan la temática tributaria vinculada a aspectos mineros y ambientales, a objeto de destacar lo que resulta ser una regulación seria desde la perspectiva de la gestión ambiental y de fuente democrática, frente a una iniciativa cuasi burlesca y de suyo demagógica, populista y claramente antiambientalista.

La Venezuela víctima del autoritarismo populista y su Ley “Constitucional” del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero1 (del Orinoco):

Comenzando por el texto normativo venezolano, ya su nombre rimbombante propio de los usos de los regímenes autoritarios pone en evidencia su motivación populista.

Y ello ha de ser confirmado si recordamos que proviene de un ente ya internacionalmente reconocido como ilegítimo, y producto de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano, como lo es la fraudulenta asamblea nacional constituyente, herramienta del gobierno represivo, que inventa la figura de “ley constitucional” para usurpar las funciones del Poder Legislativo institucionalizado en la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, único ente que en el Poder Nacional puede legislar en materia tributaria, acorde con el principio garantista de legalidad tributaria.

Ahora bien, antes de entrar en su contenido pertinente a nuestro tema, es menester recordar que la fiscalidad ambiental, tributación ambiental o derecho tributario ambiental constituye un instrumento más de la gestión pública del ambiente, destinada a asegurar el goce efectivo del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y las condiciones de vida digna indispensables para ello.

En este sentido, si bien la Constitución no menciona explícitamente la fiscalidad o tributación ambiental, ella encuentra cobijo en el reconocimiento del derecho humano al ambiente junto a la obligación estatal de garantizarlo (artículo 127), y en el principio de seguridad nacional de promoción y conservación ambiental sobre las bases del desarrollo sustentable (artículo 326), todo ello aunado, cuando se trata de la explotación de recursos presentes en territorios ancestrales indígenas, a sus derechos a información previa, a consulta y a los beneficios (artículo 120).

En otras palabras, se confió al legislador el dictado de las normas que desarrollarían la política de gestión ambiental, comprendiendo lo tributario. Empero, al remitirnos entonces a la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 podemos lamentablemente observar que la única previsión al respecto tiene que ver solo con la posibilidad de establecer incentivos fiscales como las exoneraciones del pago de impuestos, tasas o contribuciones nacionales, estadales o municipales, para quienes hagan inversiones para la conservación ambiental (artículos 102 y siguientes).

Y dejando de lado otros ámbitos para insertarnos en el campo minero, pues esa es la temática abordada, conviene no olvidar que el espacio denominado Arco Minero del Orinoco fue concebido precisamente como una zona destinada por el gobierno, sin más, a la actividad minera y con un enfoque claramente extractivista y rentista, ignorando las principios de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley Orgánica del Ambiente (especialmente en cuanto a estudios de impacto ambiental independientes y sujetos a participación ciudadana) y de la legislación nacional e internacional indigenista (notablemente en torno a la información y consulta). Esta conclusión se aprecia de su decreto de creación de 20162, eufemísticamente como “zona de desarrollo estratégico nacional”, cuyo artículo 4 indica “como objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Obviamente se ignora la obligación constitucional (artículo 127) del Estado de proteger las “áreas de especial importancia ecológica”.

Y ello, en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria3, de contenido económicamente rentista y políticamente ideologizante hacia el socialismo, que menosprecia la previsión constitucional acerca de la ordenación del territorio pro gestión ambiental y su ley y planes de desarrollo, y que por cierto, en cuanto a lo tributario, únicamente prevé planes de estímulos y liberación y suspensión de tributos, particularmente en aduanas, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

Y tratándose básicamente de la explotación del oro, si bien existe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos4, nada más contiene previsiones sobre el pago de regalías de explotación sin afectación alguna a lo ambiental.

A esa conclusión igualmente se llega si se observa el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas5, que en lo tributario se dedica a regular el impuesto superficial por hectárea acordada y el impuesto de explotación.

No hay pues tributación o fiscalidad ambiental alguna.

Pero, a todas estas, cuál es ese régimen tributario especialmente previsto para el Arco Minero del Orinoco? Es el de carácter ambiental?

Lamentablemente la respuesta es negativa, pues a más de insertarse en lo descrito anteriormente, se limita exclusivamente a establecer un régimen especialísimo en el dominio exclusivo del impuesto sobre la renta, para los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Banco Central de Venezuela o a otros sujetos autorizados, por parte de institutos públicos, corporaciones o empresas del Estado, empresas mixtas y alianzas estratégicas. De modo que se gravarán conforme lo disponga el Presidente de la República y en base a los siguientes supuestos: Cuando su capacidad de producción sea superior o igual a 16.000 Kg/año, o su capacidad de procesamiento sea superior o igual a 2.500.000 Ton/año; y, cuando su capacidad de producción sea menor a 16.000 Kg/año, pero mayor o igual a 1.600 kg/año, o su capacidad de procesamiento sea menor a 2.500.000 Ton/año, pero mayor o igual a 250.000 Ton/año.

Y, si la capacidad de producción es menor a 1.600 Kg/año, o la capacidad de procesamiento es menor a 250.000 Ton/año, el Presidente de la República fijará la tarifa impositiva.

Por otro lado, entre diversos puntos donde se encuentran formas de pago y exoneraciones, el documento prevé condiciones a cumplir para poder disfrutar de este régimen especial que se traduce en el pago de menor cantidad de impuesto con el correspondiente sacrificio fiscal, tales como destinar en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se genera el hecho imponible, el 100% de la diferencia del impuesto que le hubiese correspondido pagar, entre otras cosas aparentemente alternativas, a la inversión en protección y saneamiento ambiental, y cumplimiento estricto de las normas jurídicas en materia de protección del ambiente.

No se trata entonces de fiscalidad o tributación ambiental, puesto que no se persigue propiamente inducir cambios de comportamiento hacia conductas menos perjudiciales para el ambiente, ni destinar la recaudación a un fondo especial de gestión ambiental. Tan solo se busca reducir la recaudación de ese tributo, en la medida en que haya inversión ambiental y cumplimiento de las normas ambientales, como ya ocurría en nuestras viejas de décadas leyes de impuesto sobre la renta.

Y no hay tributación ambiental pues no se persigue la internalización del costo ambiental, conforme al principio “quien contamina, paga”.

La Galicia beneficiaria de la democracia proambientalista y su Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas6:

Con un nombre nada pomposo y muy preciso, el Parlamento de Galicia, ejerciendo la potestad legislativa que le acuerda el Estatuto de Autonomía de Galicia, dictó esta ley por medio de la cual, cumpliendo con el principio de legalidad tributaria, se crearon, entre otros tributos, el impuesto compensatorio ambiental minero, debidamente desarrollado por la Orden de la Consejería de Hacienda de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las Normas de Aplicación del Impuesto Compensatorio Ambiental Minero7.

Este tributo se encuentra establecido en el Capítulo III del Título I “Medidas Fiscales”, y como veremos representa un genuino caso de fiscalidad o tributación ambiental, conforme al régimen concreto en esta ley concebido, de carácter técnico, objetivo, sin palabrerío populista y con clara vocación ambientalista. Veamos:

Su Sección 1 “Disposiciones Generales” expresa que el impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM) es un impuesto comunitario, directo, real, objetivo y orientado a una finalidad extrafiscal de carácter ambiental, dirigido a hacer cumplir las obligaciones de recuperación ambiental de los terrenos afectados por las labores mineras.

Por tanto, el texto legal prevé la afectación de su recaudación, deducidos los costes de gestión, a actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero.

Persigue entonces la internalización del coste ambiental.

Sobre los elementos del ICAM, la Sección 2 comienza por definir el hecho imponible, como corresponde, el cual presenta dos supuestos:

a) La alteración de la superficie o suelo como consecuencia de la extracción a partir de las concesiones de explotación de minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiéndose cumplido durante la vigencia temporal de la concesión, aunque la misma se encuentre en suspensión temporal.

b) El depósito o almacenamiento en vertederos públicos o privados de residuos mineros procedentes de la extracción o derivados del proceso de beneficio, de los minerales metálicos industriales y metales preciosos, presumiémndose cumplido mientras no sea clausurado el depósito o almacén de residuos, aun cuando la actividad hubiese cesado.

Luego establece el período impositivo coincidente con el año civil, e indica que el devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año, salvo en el último año de actividad.

Con respecto a los sujetos pasivos, la ley señala en calidad de contribuyentes a las personas físicas, jurídicas o entidades definidas por la Ley General Tributaria, que, bajo cualquier título, realicen las actividades constitutivas del hecho imponible del impuesto, aun cuando carezcan de la autorización administrativa correspondiente, caso en el cual se exigirá el impuesto, independientemente de la incoación del procedimiento sancionador.

Y como responsables solidarios, la ley incluye a las personas físicas, jurídicas o entidades dichas que: sean titulares de las concesiones mineras, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de la correspondiente autorización administrativa del depósito o almacén de los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; sean titulares de las instalaciones o terrenos en que se almacenen los residuos, cuando no coincidan con los que realicen las actividades constitutivas del hecho imponible; o transporten los residuos mineros, cuando no sea posible identificar la procedencia de los residuos.

Por lo que se refiere a la base imponible, la ley la define en estimación directa, así:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos, por la superficie total afectada por las explotaciones e instalaciones, expresada en unidades de superficie (hectáreas o fracciones) alteradas y no restauradas en la fecha de devengo.

b) En el almacenamiento de residuos, por las toneladas depositadas o almacenadas de residuos sólidos y/o los metros cúbicos de volumen depositados o almacenados de residuos no sólidos a lo largo del periodo impositivo. El cómputo de la base imponible se realizará teniendo en cuenta el volumen inicial depositado o almacenado y el volumen incrementado, en cada período de liquidación.

En cuanto al tipo de gravamen y cuota tributaria, la ley dispone que la cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen anuales:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como consecuencia de la extracción de minerales metálicos industriales y metales preciosos: Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no restaurada: 12.500 euros.

b) En el almacenamiento de residuos: Por cada tonelada o metro cúbico de residuo peligroso depositado o almacenado: 0’125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso no inerte depositado o almacenado: 0’0125 euros; por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso inerte depositado o almacenado: 0’00625 euros. A los residuos generados en el proceso de beneficio del mineral se les aplicará un coeficiente de incremento de 1,2. Igualmente, a los residuos procedentes, en su caso, de fuera de Galicia se les aplicará un coeficiente de incremento del 1,5.

Y en aquellos períodos impositivos que no coincidan con el año civil, la cuota resultante se prorrateará en función del número de días del período impositivo.

En otro orden de ideas, la Sección 3 prevé los detalles de aplicación del tributo: autoridad administrativa tributaria competente; potestad sancionatoria tributaria; la potestad fiscalizadora en cooperación entre los órganos administrativos competentes en las materias de minas, ambiente e industria; las obligaciones formales en cuanto a la presentación de declaraciones; el registro obligatorio de concesiones y de instalaciones de depósito o almacenamiento de residuos objeto de gravamen y de las características de las mismas; la obligación de presentar autoliquidación por cada una de las concesiones y por cada una de las instalaciones receptoras de residuos mineros que exploten, determinando la deuda tributaria correspondiente e ingresando su importe, en la forma, plazos y lugar, según los modelos y de conformidad con las instrucciones que establezca la consejería competente en materia de hacienda; la obligación de efectuar pagos a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva por aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible provisional acumulada desde el principio del período impositivo hasta el final del plazo al que se refiera el pago autoliquidando e ingresando su importe en la cuantía, condiciones, forma, lugar y plazos determinados en la orden de la consejería competente en materia de hacienda; y la recurribilidad de los actos administrativo tributarios de aplicación.

Finalmente, la Sección 4 de esta ley prevé la trascendental figura del Fondo Minero Ambiental y Paisajístico, llamado a canalizar las actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero, el cual se financiará, sin perjuicio de los demás recursos que en él se puedan integrar, con los ingresos obtenidos del ICAM, deducidos los gastos de gestión. Siendo su actuación dirigida especialmente a las zonas afectadas por las explotaciones mineras y los almacenes gestionados por los sujetos pasivos del ICAM.

De esta forma, la ley ilustra que el Fondo sufragará:

a) Las actuaciones orientadas a la recuperación del medio natural y del paisaje, así como a la mejora de las condiciones socioeconómicas y del desarrollo sostenible.

b) La promoción de la investigación, desarrollo e innovación de las técnicas mineras, así como de las propiedades, aplicaciones y mejoras de los productos mineros producidos en Galicia, encaminadas a la consecución de procesos mineros más eficientes desde el punto de vista ambiental y de productos más respetuosos con el medio.

c) El refuerzo y la dotación de medios de seguridad, control y vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas por el ICAM.

Conclusión:

Sirva este análisis comparado para que nuestro legislador venezolano, una vez recuperada la democracia y reinstaurado el orden constitucional y el Estado de Derecho, con preeminencia de los derechos humanos y pluralismo político, pueda dictar las leyes implementadoras de una verdadera fiscalidad o tributación ambiental protectora del ambiente y con ello propulsora de condiciones de vida dignas para todos los habitantes del país.

1 http://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-del-regimen-tributario-desarrollo-soberano-del-arco-minero/

2 http://www.juris-line.com.ve/data/files/3311.pdf

3 http://dctos.finanzasdigital.com/GOEN6151Decreto1425DSesarrolloSocioProductivoPatria.pdf

4 http://www.bod.com.ve/media/97487/GACETA-OFICIAL-EXTRAORDINARIA-6210.pdf

5 http://fpantin.tripod.com/index-62.html

6 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/542655-l-12-2014-de-22-dic-ca-galicia-medidas-fiscales-y-administrativas.html

7 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-191217-0001_es.html

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Una mirada crítica hacia la estrategia del Nuevo Modelo Energético en México

Por. Lic. Rebeca López (*)

Uno de los retos más importantes a los cuales se enfrentaba la Reforma Energética, constituida en el 2013, era el de formular una estrategia de difusión para involucrar a la ciudadanía en el cono-cimiento y entendimiento del Nuevo Modelo Energético. Hoy existen graves problemas a raíz de una gran falta de comunicación y vinculación ciudadana con la transformación energética. Por un lado la gente está verdaderamente molesta por los altos precios a los que hemos llegado en el segundo mes de 2018, por el otro, existe una confusión enorme en cuanto a la creencia de que PEMEX fue privatizada y que el mismo destino le espera a CFE.

Todo inicia desde el momento en el que se concibe la última planeación estratégica elaborada para el Sector Energético. Al examinar la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 nos encontramos con un diseño robusto, en cuanto a contenido, que comprende claras metas para que México se convierta en un productor de energía de talla internacional. El propósito es claro, se deben de alinear las necesidades económicas, sociales y ambientales para aprovechar la energía de la mejor forma posible. Y sí, todo, de verdad todo está ahí, se habla de actores, de involucramiento con otros sectores, de proyectos multidimensionales, de evaluaciones continuas, sin embargo, la estrategia no tiene un orden lógico de todo aquello que comprende.

El problema no es de contenido, si no de forma. La estructura no tiene mucha lógica pues si bien se plantean objetivos estratégicos, no existe una agenda clara en cuanto a los pasos a seguir. Al no contemplar una organización, un orden cuidadoso de las cosas, el diseño del ENE refleja esta carencia en cómo la gente percibe, la situación energética del país.

Sin duda han habido esfuerzos por industrializar, mejorar la producción e incrementar la oferta energética (a través de la introducción al mercado de organizaciones privadas), sin embargo seguimos importando una enorme cantidad de diésel, gasolinas, turbosina, gas natural, LP y petroquímicos. A pesar de la creación de los CEMIEs (Centros Mexicanos de Innovación en Energía Geotérmica, Solar y Eólica) y de los Fondos Energéticos, los beneficios de estos recursos científicos, tecnológicos y económicos se han visto nulamente reflejados en el día a día. Por ejemplo, muchos sistemas de transporte de energía aún presentan signos de obsolescencia y capacidad limitada, y en cuanto al tema de la electricidad, la mayoría sigue siendo producida por la quema de combustibles fósiles.  

Nuestro territorio nacional tiene todo para proveer a la población con fuentes de energía limpias y renovables. ¿Por qué hasta ahora el alcance ha sido tan bajo? El ENE es una gran propuesta que apunta hacia un futuro sustentable en beneficio de la población, pero hay varias fallas tanto en el tema de ejecución, como de difusión. La gente ni siquiera entiende por qué para el gobierno ya no era posible mantener el subsidio a la gasolina, sólo ven una cartera cada vez más vacía, y claro esto también es un punto que debe de contemplarse, los precios se han elevado por los cielos.

La última y más grande incertidumbre que me queda, es pensar en lo siguiente: En plena marea política, a sólo unos meses de las elecciones, ¿qué va a pasar con el Sector Energético, con el ENE?

 

(*) Comunicóloga, rebeca.lopez@peer-education.com

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Integridad y Transparencia: Imperativos de una gobernanza sostenible.

Por Lic. Hugo Flores (*)

Sin integridad y transparencia no se puede reforzar la confianza de la ciudadanía en lo público, en sus representantes y grupos de interés. La importancia debe estar siempre en el lado de la integridad (aspecto sustantivo) y complementariamente de la transparencia (carácter instrumental en la rendición de cuentas de actividades, resultados y remuneración de los servidores públicos y dependencias).

Las crisis económicas y la pobreza son consecuencia de la falta de oportunidades, así como la pérdida de confianza política debido a la eterna cultura de la corrupción en los pueblos latinoamericanos producto de políticas mal encausadas.

Países como Brasil, México, Chile, Argentina, España e Italia, entre otros, destacan en los primeros lugares de baja credibilidad del gobierno por actos de corrupción, rapiña, desmantelamiento de Instituciones y poca o nula transparencia en sus actividades. En ese sentido, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puede ilustrar apenas en una parte aproximada a la realidad de la distancia entre la verdad y congruencia de los gobernantes y sus prácticas.

La ética institucional estriba en la tendencia dicotómica. La buena o mala ética pública es un espejo en el que se mira la ciudadanía, impregna  e influye en la sociedad, replica sus valores y conductas. La integridad institucional ha despertado conforme la corrupción se hacía más presente en el espacio público, como mecanismo reactivo y semillero de los vicios en Instituciones corruptas, dictatoriales y/o populistas. Rendición de cuentas y auditorias son imperativas en la función pública, así como prevenir y consolidar mecanismos internos anti-corrupción.

La participación ciudadana y el cabildeo entre los grupos de interés en las cámaras legislativas deben ser incluyentes y sin tráfico de influencias o compadrazgos.

Quienes dirigen o gestionan nuestros asuntos públicos son parte de esa estructura social y trasladan sus valores al ejercicio de su actividad.

Nos gusta escandalizarnos de los políticos que tenemos, sin embargo, nunca nos sorprendemos de nuestra baja calidad moral en nuestras acciones cotidianas en la familia, en el trabajo, con la sociedad y nosotros mismos.

No puede haber políticos íntegros moralmente o políticos transparentes en su totalidad cuando la sociedad no ha interiorizado esos valores.


(*) Licenciado en Administración por la UNAM y Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental en FLACSO sede México. huggoflores.hf@gmail.com

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El panorama de la vivienda en México

Por Ing. Carlos Muñoz (*)

Adquirir una vivienda es una de las necesidades básicas de todo ser humano, por ello es tan importante valorar este tema de especial importancia en México.

A través del tiempo, han surgido factores que condicionan la adquisición de una vivienda digna, tales como el crecimiento demográfico y la economía, ya que mas del 50 % de los ingresos de las familias son destinados a la vivienda, en construccion, servicios o impuestos.

El Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido como objetivo impulsar la adquisición de un inmueble para la sociedad. Para ello ha creado instituciones como INFONAVIT Y FOVISSTE, que se dedican a generar incentivos y otorgar subsidios o créditos hipotecarios para la construcción, compra, remodelación o mejora de la vivienda. Sin embargo, a pesar de esto, aún sigue siendo difícil para las clases baja y media de la población, tener acceso a una vivienda digna, pues no cuentan con los medios suficientes para adquirirla y mantenerla.

En términos generales, 65% de la población que tiene ingresos por debajo a tres salarios mínimos, se encuentra fuera de los programas institucionales de suelo urbanizado y de vivienda, por lo que las personas construyen sus casas con lo que tienen y como pueden. Estas viviendas, consideradas informales, comprenden procesos irregulares de poblamiento, hacinamiento y autoproducción de la sociedad, saltándose el factor político, legal y económico que lo respalde. Todo lo anterior puede poner en riesgo la integridad de sus habitantes, e incluso de quienes lo rodean, lo que genera un deterioro en su calidad de vida.

El no tener una vivienda es actualmente uno de los desafíos que enfrenta México y el mundo,  además de los conflictos económicos y los intereses sociales en países subdesarrollados.

La agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece el compromiso de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, compromiso en el cual se incluyen las viviendas.

Es importante que el sector inmobiliario tenga una oferta y demanda estable para su permanencia y rentabilidad, que generen confianza en la sociedad, un programa de desarrollo para no salariados, un suelo apto de vivienda, y un contrato de compra venta que especifique un lenguaje claro y preciso.

 

(*) Ingeniero en Energía y Desarrollo Sustentable, rcarlosmuma@gmail.com

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Sin trabajo es imposible impulsar la sustentabilidad

Ing. Civil Ivonne López Escamilla (*)

El trabajo decente y digno contribuye a alcanzar un crecimiento económico sostenible, más fuerte e inclusivo, así como a la erradicación de la pobreza.

El trabajo es un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.

Un buen trabajo o un empleo digno se puede definir como un trabajo decente, e implica tener un empleo productivo que genere ingresos justos, la seguridad en el lugar de trabajo, desarrollo personal e integración social, y la igualdad de oportunidades y trato para todos.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existen cuatro pilares importantes dentro del trabajo decente; promover el empleo y las empresas esto permite valorar la composición del mercado laboral, garantizar los derechos en el trabajo cumpliendo la ley federal del trabajo, fomentar el diálogo social y extender la protección social el cual muestra las condiciones en los centros de trabajo, el aseguramiento, los accidentes y enfermedades.

En la actualidad 152 millones de niños son víctimas de trabajo infantil ocasionándoles daños físicos y psicológicos, y al menos 21 millones de personas son víctimas de trabajos forzados y deplorables prácticas de trata de personas. Por ello, es necesario adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las prácticas de esclavitud y trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo.

En muchas regiones del mundo, las mujeres ocupan con frecuencia empleos infravalorados y mal remunerados. Carecen de acceso a la educación, a la formación y a oportunidades de trabajo. Tienen un poder de negociación y de toma de decisiones limitado y siguen cargando con la responsabilidad de la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado. A nivel mundial, sólo la mitad de las mujeres del mundo forman parte de la fuerza de trabajo, frente a 80 por ciento de los hombres. Se deben instaurar políticas para ayudar a las mujeres a entrar en el mercado de trabajo y a beneficiarse de una protección de la maternidad justa y de políticas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Por otra parte, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas son las principales creadoras de empleos, concentran al menos dos terceras partes de todos los empleos a nivel mundial, por lo tanto, es necesario promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, crear las condiciones apropiadas para permitir que las empresas prosperen y de esta manera se desarrolle la creación de empleos decentes.

Es fundamental que exista la oportunidad de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y equitativa.

 

(*) Ingeniero Civil, ivonne.lopez.escamilla@hotmail.com

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Alimentación y Nutrición, necesarios para el bienestar social  

(*) Ing. Elizabeth Cruz Nopal

Toda persona tiene derecho a la alimentación, como parte de sus derechos universales, lo que implica el acceso a una nutrición adecuada, sana e inocua, y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. La nutrición adecuada es parte fundamental de la salud y bienestar de los seres humanos.

Una buena alimentación es básica para cubrir las necesidades energéticas, formar y mantener las estructuras corporales, regular los procesos metabólicos y prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición; sin embargo, hay que considerar que la alimentación depende de varios factores como las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad y moda, principalmente.

El tema de la nutrición debe ser una prioridad pues afecta directamente el desarrollo en el mundo. Los costos económicos de la desnutrición son preocupantes, ya que anualmente se encuentran entre el 2% y el 3% del producto interno bruto (PIB), destacando que en algunos países como África y Asia, que son los más afectados por el tema alimentario, es hasta del 11% del PIB. Asimismo, en costos humanos una mala nutrición puede provocar diversas enfermedades y en casos extremos la muerte, al disminuir la inmunidad y aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades.

Actualmente alrededor de 178 millones de niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica en el planeta, de los cuales en México se encuentran 1.5 millones, destacando su prevalencia en la región sur y en las zonas con población indígena, donde existe mayor marginación y el acceso a los productos básicos es insuficiente.

El cambio en los alimentos disponibles y las condiciones de vida han provocado enfermedades en la población, destacando la obesidad y el sobrepeso. El país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos.

El bienestar de la sociedad depende de una nutrición equilibrada y la educación en el tema de alimentación es importante para que la población cuente con los elementos necesarios para equilibrar su dieta y aprovechar los alimentos a los que tiene acceso.  Y que esto se lleve a cabo depende de las acciones y mecanismos jurídicos e institucionales que cada país establezca en pro de garantizar a su población el derecho universal a la alimentación, los cuales deberán ser económicamente sostenibles.

 

(*) Ingeniera Agroindustrial. ecruznop@gmail.com

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Pobreza y Desarrollo Económico

Por Ing. Lia Silva Muñoz (*)

De acuerdo a la línea de pobreza del Banco Mundial, en 2013, poco más del 10% de la población mundial (7.183 mil millones) vivía en promedio con 1.90 dólares al día

La pobreza se presenta cuando una persona tiene alguna carencia social, como acceso a la alimentación, acceso a servicios de salud, rezago educativo, entre otros. Asimismo, el concepto de pobreza suele relacionarse con un ingreso insuficiente para poder adquirir bienes y servicios mínimos necesarios y satisfacer sus necesidades.

Existen diferentes tipos de pobreza (extrema, moderada, multidimensional, entre otras.), que presentan la misma característica, carencia de algunos de los índices de privación social (número de carencias que tiene una persona).

En 2016, en México se registraron 53.4 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales el 7.6% se encontraban en condiciones de pobreza extrema.

Para combatir a la pobreza se requiere obtener un mayor conocimiento de cuántas personas existen en esa condición, dónde se encuentran y por qué están así. Para ello, se han implementado diferentes métodos para medirla como la pobreza multidimensional, que abarca diferentes factores sociales y económicos (salud, educación, vivienda y entorno, entre otros) que es aplicado en México por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quién se basa en el Artículo 36 de la Ley de Desarrollo Social, tomando en consideración algunos indicadores como el Ingreso corriente per cápita, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Grado de cohesión social, Acceso a los servicios de salud y Acceso a la alimentación, entre otros.

Los índices de pobreza en el ámbito mundial han disminuido de 1.7 mil millones en 1999 a 767 millones en 2013, sin embargo, sigue siendo una cifra alarmante.

Algunos países subdesarrollados han presentado importantes niveles de crecimiento económico debido a que están produciendo más bienes y servicios, pero no por ello presentan un buen nivel de desarrollo económico, ya que muestran una mala distribución de los recursos, lo cual impide mejores niveles de vida para la población. Esto significa que el desarrollo económico depende de la distribución igualitaria de los ingresos.

Finalmente, muchos países han optado por implementar 3 medidas para combatir la desigualdad en la distribución de los ingresos como: el cobro de impuesto sobre la renta de acuerdo a la capacidad de pago del contribuyente, programas de seguridad social y servicios subsidiados por parte del gobierno.

El combate a la pobreza es un gran reto para el mundo, en donde gobierno y sociedad deben trabajar en conjunto para disminuir principalmente las desigualdades entre los grupos sociales, reduciendo así, las condiciones de vulnerabilidad en los sectores marginados de la población.

(*) Ing. Agroinsdustrial, (lia21lva@gmail.com)

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