Fauna silvestre y sustentabilidad

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Gestión de cuencas hidrográficas y ODS 6 en Venezuela - Vitalis Blog

Gestión de cuencas hidrográficas y ODS 6 en Venezuela

Por Manuel Matute Padrón (*)

Las cuencas hidrográficas constituyen las unidades geográficas y funcionales que sustentan los recursos imprescindibles para lograr el ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

En Venezuela, estos espacios se encuentran en condiciones críticas desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, observándose superficies arrasadas por la explotación minera al sur del estado Bolívar y en sitios del estado Amazonas, deforestaciones indiscriminadas para obtener madera y leña como combustible en casi todo el territorio nacional,  así como contaminación de sus aguas en los núcleos industriales y áreas agrícolas, incluyendo la escorrentía de aguas negras desde las zonas urbanas.

El conocimiento de la magnitud del deterioro ambiental, en general, es casi nulo a nivel nacional, porque la red de estaciones hidrometeorológicas, las mediciones de calidad de agua en ríos, embalses y pozos de agua subterránea y el estado de los acueductos no se registran. Pocas estaciones hidrométricas y climatológicas están funcionando, las plantas de tratamiento de agua potable operan sin todos los elementos y sustancias químicas requeridas, y las pérdidas de agua en los acueductos son significativas, lo cual impide obtener una visión real, cuantitativa y cualitativamente, de la situación de las cuencas y de las aguas que por ellas fluyen, dificultando realizar los diagnósticos y planes para recuperarlas y aprovechar sus recursos naturales.

En 2015 se promulgó la Ley de la Calidad de las Aguas y el Aire, contemplándose en su Artículo 44 que el ministerio con competencia ambiental diseñará planes maestros de control y manejo de la calidad de aguas específicos para cada cuenca hidrográfica en el territorio nacional, a los fines de mejorar la calidad de un determinado cuerpo de agua o de tramos de éstos.

A pesar de estas consideraciones legales, la gran mayoría de las cuencas hidrográficas presentan problemas de todo tipo: se realizan obras hidráulicas sin estudios de impacto ambiental, no se monitorean los ríos, ni volumétricamente ni en la calidad de sus aguas.  Por lo tanto, se considera conveniente proponer las siguientes acciones orientadas a mejorar la situación actual del manejo, aprovechamiento y conservación del agua para lograr el ODS 6:

  • Crear un organismo autónomo o un Instituto Nacional de Cuencas Hidrográficas, tal y como funcionó hace varios años atrás en el lago de Valencia, la cuenca del río Unare, del río Guaire y del lago de Maracaibo, cuyas funciones permitirán conocer las características, condiciones, usos previstos, tratamiento y planes de conservación de las aguas y de las obras que las regulan, conducen, recogen y tratan.
  • Recuperar y modernizar la red de estaciones hidrometeorológicas, para comunicarse con un sistema central computarizado, que permita conocer las variables climatológicas en tiempo real. En este sentido es importante convenir con Colombia, Brasil y Guyana el intercambio permanente de información hidrometeorológica, incluyendo registros de calidad de agua de los ríos transfronterizos.
  • Adaptar y aplicar la Ley Orgánica del Ambiente para minimizar los daños ambientales, principalmente la contaminación de los cuerpos de agua, degradación del suelo, deforestaciones indiscriminadas y cambios drásticos de los paisajes naturales.
  • Considerar los cambios climáticos que ocurren mundialmente, en particular los que afectan la Zona de Convergencia Intertropical donde se localiza Venezuela, en el diseño de los proyectos de obras hidráulicas, teniendo en cuenta además las invasiones, cambios de uso de la tierra y la deforestación inusual por parte de las poblaciones de menores recursos.
  • Aplicar técnicas de sectorización ambiental para maximizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio nacional, zonificando y ordenando los espacios urbanos, agrícolas, forestales, turísticos y mineros.
  • Realizar un diagnóstico de todas las áreas de extracción petrolera para identificar zonas donde se han producido derrames y recuperar dichas áreas.
  • Controlar el aprovechamiento de los acuíferos para evitar su sobre-explotación
  • Aplicar “Planes de Emergencia” a muy corto plazo, con el fin de dotar a todas las plantas de tratamiento de agua, potable y servidas, de los insumos necesarios, materiales, equipos y sustancias químicas, para asegurar una calidad de agua que cumpla con las exigencias legales.
  • Revisar la permisología referente al aprovechamiento del agua, considerando que aun cuando se exigen estudios de impacto ambiental para asignar “concesiones” para su uso, en las dos últimas décadas no se han otorgado.

Cada una de estas propuestas requiere de los estudios adecuados que integren desde el necesario diagnóstico de la situación y condiciones existentes hasta las soluciones de los problemas identificados, a corto y mediano plazo, según la importancia de cada aspecto, para así coadyuvar en la disposición efectiva de Agua Limpia y Saneamiento, objetivo principal del ODS 6.

Si te interesó este artículo tal vez también quieras leer más sobre otros aspectos relacionados con el agua. Te invitamos a revisar “El acceso al agua potable y saneamiento: un derecho humano fundamental” o “El futuro de la gestión del agua en Venezuela”.

¿Quieres involucrarte en alguna actividad para conservar el agua en tu localidad? Escríbenos a info@vitalis.net

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* Ingeniero Hidrometeorologista y Master of Science de Stanford Junior University. Especialista en meteorología, hidrografía e hidrología. Ex–Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidrometeorológica.

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Tiempo libre y ocio en provecho del ambiente

Por Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)

La Declaración de Estocolmo de 1972 reconoció el derecho al ambiente. Subsiguientes actividades de Naciones Unidas, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), han dejado claro el deber intergeneracional de gestión racional y protección de éste derecho, en beneficio de la vida.

El avance de los derechos humanos sobre el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad o auto determinación que la persona puede concebir en sí y de sí misma, en todos sus ámbitos, sin injerencias que perturben su dignidad, ha propiciado nuevos derechos. Entre ellos destacan el tiempo libre y el ocio, especialmente en interdependencia con otros como la protección de la vida privada, la salud, la calidad de vida, la creación cultural y la libertad asociativa.

Pero cuando se oye hablar de ocio la gente responde con una mueca de desaprobación, por entenderlo como inutilidad y pérdida de tiempo, lo cual es un prejuicio, pues tiene un carácter provechoso (Declaración Universal de los Derechos Humanos, UNESCO, Asociación Mundial del Ocio y la Recreación – WLRA). El ocio es una actividad positiva y enriquecedora, ligada al bienestar emocional.

Tal prejuicio se originó en la era industrial, Siglo XIX. La consigna del momento era producir al máximo, siendo lo único loable trabajar (“Ser alguien productivo”). El tiempo libre era visto como algo negativo. Salvo que ello se justificara en la necesidad de descansar, recuperarse para ser “productivo”. Incluso se acuñó aquello de que “el ocio es el padre de todos los vicios”.

Afortunadamente los diccionarios, además de acepciones prejuiciadas, nos muestran que el ocio es una actividad autotélica: divertirse mediando un hacer, a través del cual se desarrolla el ingenio y la creatividad, contando con tiempo para ello, gracias al hecho de estar libres de las ocupaciones habituales, y con resultado provechoso. Fuera de trabajar y descansar, se tiene la necesidad de alcanzar otros cometidos útiles para sí y para la sociedad.

Es solo en el ocio donde permitimos que emerjan facetas humanas que no están sujetas al imperativo de la producción y que hacen, con diversión, brotar el ingenio y la creatividad. “El ocio es el padre de todas las virtudes”. Un gran ocioso fue Leonardo Da Vinci. La sociedad debe fomentar el ocio.

Dentro del tiempo libre hay ocupaciones autoimpuestas, como el voluntariado tipo membresía en ONGs ambientalistas, que de suyo es participación solidaria en pro del ambiente (limpieza de playas, reforestación, sensibilización, formación); y las de ocio: diversión, ingenio, creatividad, utilidad, que no son trabajo, no implican remuneración ni obligación (huertos caseros, compost, reciclaje y reutilización, reparación, investigación y redacción de artículos como éste, preparación y dictado de cursos, escritura de textos, realización de videos…). El ocio podría desembocar en una obra literaria, pictórica, fórmula química, una mejor tecnología, un emprendimiento, un juego ecológico, etc.

Seamos voluntarios ambientalistas y también ociosos del ambiente: divirtámonos y retemos nuestro ingenio creativo.

¿Te gustó este artículo? Te invitamos a revisar este otro, relacionado con el tema, sobre “Tradiciones Populares y Educación Ambiental: Los Juegos“. Si deseas aprender herramientas didácticas creativas para aprovechar el tiempo libre visita nuestra oferta de cursos en línea aquí

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(*) Abogado, profesor universitario, asesor, consultor y litigante en materia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Colaborador de Vitalis. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

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“Más leña al fuego”: Impactos socioambientales del aprovechamiento de leña en Venezuela

Por Luis Alejandro Padrino (*)

Cuando vemos una chimenea emitiendo humo lo menos que nos pasa por la mente es que se trate de algún tipo de energía renovable. Lo cierto es que la leña -un tipo de biomasa forestal usado como biocombustible– constituye la primera fuente de energía aprovechada por el ser humano, principalmente para la cocción de alimentos y calefacción. Inclusive en la actualidad la leña, y otros tipos de biomasa, siguen teniendo gran peso como fuentes de energía en muchos países.

La clasificación de la biomasa como una fuente de energía renovable puede parecer algo contradictorio y de hecho es un punto que divide a los expertos. En el caso de la biomasa vegetal, cuenta con la capacidad de regenerarse y de volver a capturar, a través de la fotosíntesis, las emisiones de CO₂ que se habrían emitido por su combustión, a diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo cuyas emisiones no son compensadas de manera natural.

Sin embargo, el aprovechamiento de cualquier tipo de recurso natural o fuente de energía renovable o no renovable, genera impactos socioambientales y externalidades negativas. En el caso del aprovechamiento de leña y biomasa forestal estos impactos están relacionados con la degradación de los ecosistemas forestales cuando no se aplican políticas para su aprovechamiento sostenible y con la afectación de la salud humana al reducirse la calidad del aire en interiores debido a la carencia de equipos de combustión adecuados para quemar este tipo de combustibles.

En Venezuela el uso de leña como fuente de energía es bastante extendido en comunidades rurales que a lo largo de muchos años desarrollaron el conocimiento tradicional para su aprovechamiento sostenible y un uso relativamente seguro con impactos limitados. Sin embargo el planteamiento de un aprovechamiento a mayor escala puede tener serias implicaciones para la conservación de los bosques del país y su uso o combustión en áreas urbanas y espacios cerrados podría incrementar la incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente en estratos sociales de bajos recursos y particularmente en mujeres.

Desde este punto de vista, la leña y otros tipos de biomasa tienen un amplio potencial como fuente de energía renovable solo si estos recursos son aprovechados de una manera sostenible, planificada y con base en criterios técnicos y científicos. El marco legal venezolano cuenta con los instrumentos y mecanismos para una gestión sostenible de los bosques y de la biomasa forestal, estando establecidos en la Ley de Bosques y en diversas resoluciones que detallan las normas y restricciones para el aprovechamiento de especies forestales en bosques naturales o plantados, pero es indispensable que las autoridades e instituciones del Estado se aboquen al cumplimiento de esas regulaciones.

Es imprescindible que el liderazgo del país promueva políticas públicas para superar el aprovechamiento insostenible de la leña como combustible, pero de igual manera es necesario que se establezca una hoja de ruta para superar la dependencia de combustibles fósiles e impulsar una transición energética sostenible, justa e inclusiva.

¿Te gustaría involucrarte en acciones para conservar los recursos de tu localidad? Escríbenos a info@vitalis.net

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(*) Ingeniero Agrónomo, Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades, Diplomado en Mercados de Carbono. Director de Grupo Ambing, C.A. y VenezuelaCO₂. @padrinoluisale

Biden's President courtesy of NYTimes

Biden’s Environmental Challenges

By Andy Caviedes, Diego Díaz-Martín, Andrea Alvarez & Eduardo Rivero, (Vitalis USA) (*)

North American citizens have spoken and Joseph Robinette Biden Jr. is now the 46th U.S. President-elect. More people than ever have voted in this election, even in the middle of a Pandemic. Democracy was exercised as never before.

Many factors have influenced this decision. Among them, Biden’s position on environmental issues.

At Vitalis, an organization with 20 years’ experience in international environmental conservation matters, we would like to share some environmental challenges for the president-elect. Our purpose is to call to the attention of new authorities’ interest regarding natural resources conservation, public services, and the achievement of sustainable development goals.

Main environmental challenges for the president-elect:

• Climate Change. Democrats are known for believing in the effects of climate change, and they seem committed to protecting America’s natural resources, ensuring the quality of air, water, and land for current and future generations. Current U.S. President Donald Trump ignored this subject, calling climate change “a hoax,” and withdrawing the USA from the Paris Climate Agreement, disregarding the scientific community. We hope Biden’s administration could reverse that mistake.

• Energy Transition. One of the most important changes that the United States would experience within the new environmental administration could be the energy transition. Biden promised important federal spending to ease and facilitate the expansion of renewable energy generation and to drive savings and other carbon reduction technologies while reducing industrial emissions with tough regulations. For all this and more, the strengthening of the United States Environmental Protection Agency is vital.

• Carbon Neutral. Biden assures a fossil emission-free electric power sector by 2035. This would allow the country to become a net-zero emitter by 2050. Among his promises, also is the creation of a Federal Standard for Energy Efficiency and Clean Electricity (EECES), which would help provide and guarantee incentives to energy producers to decarbonize operations. This plan not only shows its support for energy sources such as hydroelectric but also provides government investment to promote the installation of millions of solar panels and thousands of wind turbines in order to boost the use and exploitation of renewable technologies.

• Eco-efficiency. From investing in clean energy to protecting our ecosystems, democrats seem committed to addressing some of the biggest environmental challenges, paving the way to more sustainable development in America. That includes the application of the eco-efficiency approach, incentivizing tens of billions of dollars in private sector investment to retrofit 4 million buildings, including weatherization and upgrading energy systems in hospitals, schools, public housing, and municipal buildings, among others. A good example could be the eco-efficiency in federal facilities, including the White House.

• Landscapes and Protected Areas. Democrats have affirmed that they are restoring treasured landscapes. This important matter should be strengthened with the participation of universities, NGOs, and federal institutions. Effectively managed protected areas are a critical tool for safeguarding biodiversity, preserving environmental services, maintaining ecosystem balance, preserving crucial habitats, building resilience to climate change and providing global food security. This is also crucial for maintaining water quality, conserving natural resources, driving economic success, curbing the spread of diseases and pests, and providing many other benefits to wildlife, ecosystems and human health.

• Biodiversity. Biden’s new government should work on preserving over 1,300 endangered or threatened species in the United States. Today this number includes plants and animals that have become so rare they are in danger of becoming extinct. For this, it is required to strengthen US Fish & Wildlife Service, as well as other national and regional efforts to value and conserve wild species throughout the country.

• Water. Biden’s administration should also cooperate with Local, State, and Federal agencies to collect and treat water, to assure its integrated management nationwide. Issues that affect drinking water supply and sanitation in the United States include water scarcity, pollution, a backlog of investment, concerns about the affordability of water for the poorest, and a rapidly retiring workforce.

• Land conservation & new environmental activities. The new administration should continue to work with local communities conserving and restoring forests, grasslands, and wetlands across America for generations to come and to ensure the integrity of the waters Americans rely on every day for drinking, swimming, and fishing, by supporting initiatives that restore rivers, oceans, and watersheds, among other water ecosystems.

• Transportation. Biden’s government should promote sustainable systems to connect the country; protecting, conserving, and restoring wild areas, and reducing negative impacts of urban environments. The promotion of new technologies in transportation systems is an important area, joining efforts with universities, research centers, and other state and federal institutions.

• Solid Waste. North Americans dispose of seven pounds of trash per person every day, which means about 2,555 pounds per American every year. A staggering 90 percent of all raw materials extracted in the U.S. are ultimately dumped into landfills or burned in incinerators. New Federal leaders, jointly with local authorities, should address the integrated Solid Waste Management, combining engineering principles and management practices, with administrative and legal incentives to favor its reduction, reuse, and recycling.

With all this said, the environmental challenges ahead are many.

Vitalis seeks to assist those actions to support the conservation of America’s environment and natural resources. We are convinced that a cleaner environment supports a stronger economy, as the basis for sustainable development.

Vitalis proposes to not wait for the government to take action. We should act together as workers, officials, influencers, journalists, entrepreneurs, scientists, professors, citizens of the public, and the private sector. We all made stronger by working together, for a sustainable future.

We hope that the president-elect’s promises will be fulfilled. From civil society, we will be aware of these environmental issues of importance for the United States of America, and for the entire planet.


(*) More information about Vitalis here www.vitalis.net. Social networks @ONGVitalis. Email: info@vitalis.net

Pictures courtesy of the New York Times.

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¡Buenas Noticias! Acuerdo de Escazú entrará pronto en vigor.

Por Diego Díaz Martín, PhD. (*) @DDiazMartin

El pasado 5 de noviembre, el Senado de México ratificó el Acuerdo de Escazú, decisión que sumada al refrendo de la Cámara de Diputados Argentina del pasado mes de septiembre, permite lograr los 11 países requeridos para su entrada en vigor. Este tratado, garantiza los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, además ser el primer acuerdo regional que reconoce y garantiza la protección de personas defensoras del ambiente, un tema de especial importancia para América Latina.

Entre otros instrumentos normativos, el Acuerdo de Escazú reafirma la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. De igual forma, reconoce la importancia de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.

Además de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú propiciará la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación dentro de la región, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

A pesar de la importancia de este Tratado, Chile, uno de sus impulsores, no lo firmó. Tampoco lo hicieron El Salvador y Venezuela, quienes subestimaron su importancia.

Por su parte, Costa Rica, otro de los países promotores, y sede del Acuerdo, diluyó su entusiasmo y hasta la fecha no lo ha ratificado. Mientras tanto Perú, uno de sus firmantes, decidió “por ahora” no ratificarlo.

Pese a las contradicciones de los mismos gobiermos de la región, y la compleja problemática ambiental existente, la sensatez privó. Por ello el Acuerdo de Escazú entrará en vigor tan pronto sean consignadas las ratificaciones en las Naciones Unidas, lo que permitirá avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de sus defensores, fortaleciendo el Derecho al Ambiente, como lo hizo el Convenio de Aarhus firmado en Dinamarca en 1998 para Europa.

El Acuerdo de Escazú marca un acontecimiento significativo en la defensa y conservación de nuestros recursos naturales y del desarrollo sostenible en la región que debemos conocer, divulgar y hacer cumplir.


(*) Biólogo, Maestro en Gerencia Ambiental y Doctor en Proyectos de Ingeniería orientados al Desarrollo Sustentable. Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. https://www.linkedin.com/in/ddiazmartin/

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Covid-19. Tiempo de oportunidades para construir un mundo posible

Por Greta Colina (*)

La llegada del coronavirus trajo consigo una crisis vivida de forma distinta por cada uno. Sin embargo, todos transitamos diferentes cambios y transformaciones.

La enfermedad del COVID-19, posiblemente, ha llegado con el fin de hacernos reflexionar sobre nuestro actuar y sobre cómo, hasta la fecha, hemos venido alterando los procesos en los ecosistemas. El comportamiento destructivo de todos los seres humanos ha sido el principal causante de la crisis que hoy padecemos. Nos urge aprender a tener una mejor relación con la naturaleza. 

En este escenario, sería válido preguntarse ¿para qué ha llegado la COVID-19 y qué lectura podemos darle a esta situación que nos ha paralizado?

A la luz de estas inquietudes, y centrándonos en el contexto educativo, la UNESCO advierte que “…las pandemias y los conflictos pueden dejar a generaciones completas traumatizadas, sin educación”.  De allí que la educación recobre mayor significado, y más, cuando nos planteamos nuevos retos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Estamos ante una crisis que ha tocado todos los procesos generando un impacto negativo sin precedentes en cada país del mundo.

La transformación vivida por la sociedad, manifestada a partir del cierre de las escuelas, generó de manera automática cambios en las rutinas diarias. Solo en abril, 1600 millones de estudiantes a nivel mundial se vieron afectados tras el cierre de las escuelas. La solución inmediata fue la educación a distancia y la escuela en casa pasó a ser lo cotidiano.  No obstante, esta medida dejó por fuera a millones de estudiantes por los costos y el acceso que tiene el Internet en cada país.

Ante esto, la educación está llamada a constituirse en la inversión prioritaria para fomentar una nueva cultura de vida con sociedades que actúen desde la conciencia y la coherencia. Un nuevo paradigma que logre la auténtica inclusión y equidad tal y como se establece en el objetivo número cuatro de los ODS.

Desde esta perspectiva la educación ambiental aborda una nueva premisa: “Aprender del que aprende” situándonos en el papel del otro, del que aprende, generando más empatía y sensibilidad. Que nos permita resolver los retos ambientales y que nos haga entender que somos seres eco-dependientes que estamos vinculados con la naturaleza con todos nuestros sentidos. Que nos prepare para combatir con creatividad e innovación estos desafíos, y que nos enseñe a vivir con menos.

Si bien el virus trajo consigo una crisis de gran magnitud, también nos ha dado la oportunidad para manejarnos a partir de nuestra resiliencia, de conocer, sin saberlo sobre la “ética de los cuidados” que nos impulsa a cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Saber cuidar el entorno en el que vivimos y el de las personas que queremos. Debemos comprometernos con la acción y mantener presente que los sueños y la imaginación son parte del acto de educar para construir un mundo posible.

¿Te pareció interesante este artículo? Tal vez quieras leer también “Un desafío inesperado del siglo XXI: implicaciones del Covid-19 sobre los ODS“. ¿Quieres saber cómo puedes involucrarte y generar un cambio para tu comunidad, empresa o país? Escríbenos a info@vitalis.net

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(*) Licenciada en Educación Integral mención Ciencias Sociales, con estudios en Investigación de la Educación y Especialización en Gestión Ambiental Empresarial.

LinkedIn: linkedin.com/in/greta-vestalia-colina-hibirma

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Ingeniería ¿al servicio de la sociedad?

Por Graciela G. Caro Morelos (*)

Durante mucho tiempo se ha pensado que el único objetivo de la ingeniería es solucionar problemas, razón por la que los humanos podemos vivir en condiciones más cómodas, logrando crecer en todos los ámbitos, favoreciendo el progreso de la especie y su adaptación a los cambios. Sin embargo, pocas veces se reconoce el verdadero impacto que genera en las sociedades y el potencial que posee para solucionar problemas de esta índole.

La ingeniería tiene sus aplicaciones en una gran variedad de ramas, y de manera similar existe un número alto de problemas que provocan alteraciones en la sociedad, por lo tanto, se debe encontrar un punto de equilibrio que permita resolver no sólo problemas técnicos, sino también por medio del desarrollo de modelos, procesos y productos se puedan
brindar soluciones efectivas a problemas sociales.

Los ingenieros debemos buscar nuevas oportunidades, saberes y perspectivas de las adversidades a las que se enfrentan las sociedades con la intención de que se cuestionen la posición en la que se encuentran bajo las dimensiones de ética y política para que desde la solidaridad y empatía, aunado a su conocimiento, se puedan encontrar respuestas comprometidas para disminuir las desigualdades y exclusiones sociales, siempre considerando un factor importante el cuidado del medio ambiente.

Aunque generalmente los problemas sociales se asocian a países en vías de desarrollo, éstos se presentan en todo el mundo, por lo tanto, se debe optar por una cultura global tecno-científica con enfoque social para alcanzar un desarrollo en todos los ámbitos que permita a las personas vivir en un ambiente más saludable, cómodo, donde haya más justicia y con mejores oportunidades laborales que favorezcan el crecimiento económico y como
consecuencia se pueda ver reflejado en un incremento en la calidad de vida de las personas.

El medio ambiente es una variable esencial para lograr cambios efectivos, ya que a partir de soluciones a este tipo de problemas se pueden resolver al mismo tiempo problemas sociales relacionados con derechos humanos básicos como es el acceso al agua y a la alimentación.

Por medio de tecnologías de energía renovable se puede tener acceso a energía eléctrica y calor, lo cual está directamente relacionado con el concepto de vivienda digna. Asimismo, abre las puertas a mejores oportunidades para el desarrollo económico y social de la población.

El medio ambiente es un objeto de conocimiento y de acción, es por eso, que a partir de su estudio, se pueden encontrar una gran diversidad de problemas pero al mismo tiempo una fuente de soluciones muy amplia que impacta tanto en lo social, como en lo económico, y por supuesto en lo ambiental. Sentado esto, se puede ver de manera más clara el vínculo entre ingeniería y ambiente. Por ello, es posible establecer una simbiosis entre estas dos ramas de estudio para beneficiarse mutuamente. En otras palabras, a través de la ingeniería se pueden reconocer los impactos ambientales originados por el sistema de producción actual basado en una economía lineal y también es posible analizar las vinculaciones de carácter social relacionadas con la degradación ambiental que se traduce en una afectación de la calidad de vida de las personas.

Finalmente, es importante dejar claro que los ingenieros deben trabajar para brindar soluciones efectivas a los problemas existentes, siempre considerando las variables ambientales y buscando como objetivo final el bienestar social. Si el ingeniero ofrece un bien social que se pueda realizar a través de técnicas o métodos que disminuyan el deterioro al medio ambiente y un efectivo manejo de los recursos, y al mismo tiempo permita generar utilidades económicas, por consecuencia, la práctica profesional será ética y estaría aportando a un futuro que apunta a un desarrollo sostenible.


(*) Ingeniería Ambiental, Universidad Anáhuac México, gracielacm060@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/gracielacarom

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El auge de la movilidad sostenible en tiempos de Covid-19.

Por Eduardo Ochoa Perales (*) @Ochope

En los últimos meses hemos visto crecer el uso de transportes “ecológicos”, denominados sostenibles, tales como bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, y otros vehículos ambientalmente amigables. La razón principal, la Covid-19.

En el caso especifico de las bicicletas, su venta se ha disparado en todo el mundo, alcanzando hasta 5000%. Esto ha tomado por sorpresa a las diferentes empresas que las manufacturan, debido a que sus líneas de producción han estado paralizadas durante los meses de confinamiento, por lo que no han podido cubrir la creciente demanda.

En todo este proceso de cambio que estamos experimentando en los medios de movilización, la pandemia ocasionada por el nuevo Coronavirus juega un rol fundamental.

El miedo de la población a los medios de transporte masivos, donde las posibilidades de contagio son mayores, trajo como consecuencia que en países como España, la demanda de bicicletas tuviera un incremento de 260%. En ciudades como Barcelona, la autoridad municipal anunció que dará subvenciones directas para la compra de bicicletas o patinetes, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y descongestionar el transporte público, en un momento en el que la distancia física sigue siendo necesaria.

Otro ejemplo de este fenómeno social ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la bicicleta se ha convertido en un bien de transporte esencial. Los grandes almacenes como Walmart han visto sus inventarios
reducidos, convirtiéndose en la mayor cadena vendedora de este tipo de medio de transporte. El número de bicicletas vendidas fue más del 5.000% superior al de mediados de mayo de 2019.

Por su parte, Google informó que la búsqueda de rutas en bicicleta, a través de su plataforma Google Maps, experimentó un incremento récord de 69%.
América Latina no escapa a este boom. En ciudades como Bogotá, las ciclovías que recorren la ciudad ya presentaban un auge. La patineta eléctrica se incorporó desde hace meses al gran número de bicicletas que a diario recorren esta vía. No obstante, no todas la ciudad cuenta con áreas especialmente diseñadas para el uso de este medio de transporte, aunque 45 km nuevos de ciclovía temporales se sumaron a los 35 km adecuados inicialmente cuando empezaron las restricciones.

En Venezuela, la pandemia y el incremento del costo de la gasolina impulsaron que las tiendas de reparación de bicicletas se vieran desbordadas. Por ello también es común observar una gran cantidad de ciclistas en las calles, especialmente los que se encargan del sistema de venta de entregas a domicilio (delivery), pues muchos negocios de comida optaron por contratar a ciclistas para las entregas, en una ciudad donde las normas de tránsito no son respetadas.

Desafortunadamente, iniciativas como las implementadas por algunas alcaldías caraqueñas que promovían y prestaban bicicletas, se vinieron abajo por la ineficacia en la gestión pública. De haber persistido hoy serían muy buenas alternativas.

La crisis desatada por la pandemia y las posteriores restricciones de movilidad que los ciudadanos hemos sufrido, han propiciado un fenómeno social que por los momentos sigue en aumento. Mientras no se consiga una solución inmediata para el Covid-19, las personas se verán obligadas cambiar su forma de movilizarse.

Ojalá esta nueva cultura que apuesta a la movilización sostenible se mantenga, disminuyendo las emisiones contaminantes a la atmósfera, propiciando el ejercicio y descongestionando las vías de comunicación.

Los beneficios del transporte sostenible son muchos. Nuestra salud y la del planeta, lo necesitan.


(*) Licenciado en Administración. Líder Global de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Vitalis. Director Ejecutivo de Vitalis Venezuela. Presidente de la Asociación Venezolana para el Agua. https://www.linkedin.com/in/eduardo-ochoa-perales-81193a157/

Morrocoy

Derrame Petrolero en Golfo Triste y su impacto en el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare. Edo. Falcón, Venezuela.

Por. Biol. Zoyla Martínez, Geog. Militza Correa, Dra. María Elisa Febres, Mtro. Antonio Franyutti y Dra. Cecilia Gómez (*)

La conservación de los espacios costeros de Venezuela tiene una importancia determinante debido a sus valores ecológicos, sociales, económicos y paisajísticos excepcionales y en razón de la alta susceptibilidad de susecosistemas.

La franja marítimo-costera venezolana corresponde a la zona norte de nuestro territorio donde se concentra casi 60% de la población nacional y un gran número de los complejos industriales más importantes del país. Si bien este patrón de ocupación y uso permite aprovechar las ventajas competitivas del contacto marítimo-continental, también es cierto que sin la gestión apropiada, potencialmente, los componentes de este escenario pueden generar impactos ambientales relevantes.

Debido a estas razones se han establecido áreas protegidas en esta zona con el objetivo fundamental de conservar la biodiversidad que en ellas se alberga. Entre estas ABRAE destacan el Parque Nacional Morrocoy (PNM) y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare (RFSC), sistemas marino costeros situados en el extremo oriental del estado Falcón, ubicados en la región centro-occidental de Venezuela (Latitud 10º47’ y 10º59’ N y Longitud 68º09’ y 68º22’ O), los cuales han sido impactados por el derrame de hidrocarburos ocurrido entre el 19 y el 22 de julio de 2020 en Golfo Triste, sector Boca de Aroa, posiblemente proveniente del Complejo de Refinería El Palito, según investigación realizada por el Dr. Eduardo Klein de la Universidad Simón Bolívar [1].

La importancia de estas dos áreas protegidas radica, entre otros aspectos, en que son hábitats de una gran diversidad de especies vegetales y animales, entre las cuales destacan:

  • Reptiles como el Caimán de la Costa (Crocodylus acutus), catalogado como especie amenazada de extinción.
  • Viveros naturales de moluscos con alto valor comercial, como la ostra de mangle (Crassotrea rizophorae), la ostra de mina (Pinctata imbricada) y la jaiba (Callinectes sp).
  • Especies de manglar, como el mangle rojo (Rhizhophora mangle), el mangle negro (Avicennia germinans) y el mangle gris (Conocarpus erectus), sujetos a protección especial por parte del Estado.
  • Cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción: la Verde (Chelonia mydas), la Laúd (Dermochelys coriacea), la Cabezona (Caretta caretta) y la Carey (Eretmochelys imbricata).

Por su parte, los arrecifes coralinos que se desarrollan en estos espacios son una de las especies de invertebrados más representativas de los ecosistemas litorales, especialmente en el PNM, junto con su comunidad íctica y bentónica asociada.

Cabe agregar, que estas áreas protegidas también se destacan por su alta<br>diversidad de aves. Es por ello que el RFSC forma parte de la Convención Internacional Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocida como RAMSAR, siendo las especies más representativas la corocora roja (Eudocimus ruber), el flamenco (Phoenicopterus ruber ruber), la cotorra cabeciamarilla (Amazona barbadensis) y las aves migratorias conocidas genéricamente como playeritos.

Gran parte de las especies y ecosistemas anteriormente mencionados son sensibles a la perturbación ambiental. En este sentido cabe recordar que en 1996 ocurrió un evento similar en la misma zona, el cual afectó dramáticamente a la biodiversidad del PNM, originando la desaparición de 90% de los corales e invertebrados bentónicos locales. A la fecha sólo quedaban 9 de las 26 especies coralinas identificadas en la zona, condición que evidencia el alto grado de fragilidad e importancia ecológica del área.

Como es sabido, el ambiente, la diversidad biológica, los parques nacionales y demás áreas de especial importancia ecológica gozan de especial tutela constitucional, debiendo el Estado garantizar su protección.

Además de esta previsión contenida en la Carta Magna de Venezuela, existen muchas otras disposiciones en diferentes instrumentos jurídicos, que nos dan fundamentos para exigir que sean tomadas medidas y acciones oportunas y efectivas, ya que la conservación de estos bienes ambientales está definida legalmente como una prioridad.

Así, la Ley de Diversidad Biológica establece que serán objeto prioritario de conservación in situ: “…Las áreas bajo régimen de administración especial que tengan como objetivo primario la conservación de la diversidad biológica”.

Los ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y ecológica, los que constituyan centros de endemismos y las contentivas de paisajes naturales de singular belleza.

Las especies de animales, plantas o poblaciones de éstas particularmente vulnerables o que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. La ley de Zonas Costeras es otro documento que refuerza la necesidad de protección y el valor que tienen los arrecifes coralinos, las praderas de fanerógamas marinas, los manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, restingas, acantilados, terrazas marinas y costas, como ecosistemas y elementos de importancia objeto de protección, y que constituyen parte integral de estas zonas.

Para efectos de la situación que nos ocupa, es relevante destacar que la conservación de las zonas costeras, según señala la ley, comprende la protección de la diversidad biológica, la vigilancia y control de las actividades capaces de degradar el ambiente, y el control, corrección y mitigación de las causas generadoras de contaminación.

Sumado a la importancia ecológica de los ecosistemas y las especies presentes en el PNM y el RFSC, están también los beneficios socio-económicos de estos lugares para la población. La pesca artesanal y el turismo son dos actividades de las que dependen, en gran medida, los habitantes de las costas del Estado Falcón, las cuales se verán seriamente afectadas con la presencia del crudo derramado y esparcido en mar y tierra.

Por ello, especialistas de VITALIS consideran preocupante el posible impacto negativo del reciente derrame de crudo sobre la biodiversidad en estas áreas protegidas, especialmente para los arrecifes coralinos, los manglares y la fauna asociada, así como también, los efectos sobre la calidad paisajística de los lugares y la alteración de las actividades socioeconómicas locales.

A manera de ejemplo, un derrame de hidrocarburos que ingresa a un sistema de manglar tiene el potencial de sofocar los poros de respiración de esta especie vegetal y ocasionar efectos tóxicos en las raíces. Los productos más ligeros pueden tener menor impacto por sofocación, pero pueden presentar toxicidad más aguda. Por esta razón, para orientar las acciones de recuperación y restauración ambiental de las áreas y los recursos afectados, en primer lugar, es imprescindible identificar el tipo, composición y proceso de envejecimiento del hidrocarburo derramado en el mar, ya que éste puede transformarse como consecuencia de la dinámica natural del medio receptor, modificando su destino y comportamiento.

Los principales procesos de envejecimiento son: evaporación, dispersión, disolución, emulsificación, foto-oxidación, sedimentación y biodegradación. Dependiendo de las características del crudo y las condiciones del entorno, un hidrocarburo ligero derramado en ambientes tropicales puede evaporarse completamente en tres horas, por el contrario un hidrocarburo pesado en condiciones análogas, podría perder, por evaporación, apenas 15% de su volumen durante un periodo de cuatro días.

Debe considerarse que la fracción más liviana del hidrocarburo se evaporará y será descompuesta por foto-oxidación en la atmósfera; de igual manera otra proporción quedará en el agua y sufrirá foto-oxidación.

Por su parte, el componente más pesado del crudo se disolverá en el agua formando una gelatina de agua y aceite que eventualmente se convertirá en bolas de alquitrán densas, semi sólidas, con aspecto asfáltico que alterarán la flora y fauna bentónica, así como los seres vivos que se alimentan de ellas. Este hidrocarburo que se hunde o permanece “flotando” a determinada profundidad, por efecto de las mareas llegará en algún momento a la costa y afectará a los recursos naturales e infraestructura allí localizados.

De acuerdo a un comunicado de Oswaldo Barbera, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, en fecha 10-08-2020, más de 200 voluntarios se han sumado a las labores de saneamiento de las áreas afectadas por este derrame de crudo, lo que ha permitido que, según su información, más del 90% [1] de las áreas afectadas ya hayan sido saneadas. Sin embargo, VITALIS estima como segundo aspecto fundamental, que se amplíe la información suministrada por el ente rector del país en materia ambiental, la autoridad en parques nacionales y PDVSA, en lo referente a la gestión preventiva de la estatal petrolera, así como también las acciones aplicadas para controlar la emergencia, la gestión planteada para sanear y restaurar las áreas afectadas y los indicadores, a través de los cuales se verificará y expresará el grado de saneamiento y recuperación alcanzados en el corto y mediano plazo.

Desde 1960, el Complejo de Refinería El Palito operó como un elemento esencial de la red de producción, transporte, almacenamiento y refinación de hidrocarburos de Venezuela. Localizado en las costas del estado Carabobo, al este del PNM y el RFSC, de acuerdo con la información disponible en fuentes públicas y notas de prensa [2] , en su plan de refinación 2006-2012 PDVSA planteaba que durante 2009 en esta instalación se refinarían 70.000 barriles de crudo pesado. Sin embargo, un incendio ocurrido en 2017 dañó su FCC y la refinería permaneció cerrada hasta el 10-04-2020 cuando logró ponerse en funcionamiento la planta de craqueo catalítico para producir gasolina.

Por su naturaleza, las instalaciones, operaciones, actividades y productos del Complejo de Refinería El Palito intrínsecamente representan factores de riesgos de seguridad y ambientales. Consciente de este hecho, la industria petrolera venezolana incorporó a su negocio una cultura en materia de seguridad, ambiente e higiene dirigida a proteger a sus empleados, las comunidades, sus activos y el entorno, incluyendo entre sus principios de actuación la preparación para contingencias, es decir, la identificación y, de ser necesario, la ejecución de las acciones inmediatas de respuesta a que hubiese lugar en caso de fugas de sustancias contaminantes al ambiente.

A propósito de comprender la causa raíz del evento ocurrido en julio de 2020, evaluar sus consecuencias, proponer las acciones válidas de recuperación ecológica y muy especialmente prevenir la ocurrencia de un nuevo derrame, VITALIS considera inestimable que PDVSA comparta información suficiente con la comunidad científica, ONG, comunidad organizada y otros actores interesados, con respecto a la gestión ambiental preventiva en el Complejo de Refinería El Palito.

Durante su historia reciente, la refinería ha experimentado accidentes, paralizaciones, cambios y arranques. En tal sentido es pertinente revisar los siguientes aspectos:

  • ¿Los operadores están suficientemente adiestrados en el manejo de las instalaciones y cuentan con manuales actualizados?
  • ¿Se han ejecutado paradas programadas de plantas y programas de mantenimiento mayor?
  • ¿Se han llevado a cabo los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las instalaciones para garantizar su integridad y continuidad operacional?
  • ¿Se realizan inspecciones rutinarias y auditorías operacionales periódicas?,
  • ¿Se verifica la incorporación de las recomendaciones en los procesos de trabajo, actividades, definición de responsabilidades, entre otras.?
  • ¿Se cuenta con los planes de contingencia contra derrames de petróleo en sus versiones nacional y local?
  • ¿Se ha actualizado la información representada en sus mapas acerca de componentes claves tales como caracterización y sensibilidad ambiental, recursos naturales relevantes, factores que influyen en la dispersión del crudo, sectores de máxima protección, sectores de sacrificio, organizaciones de apoyo, equipos y acciones de recolección y limpieza?
  • ¿Se han revisado y redefinido los posibles escenarios de derrames de crudo asociados con la refinería?
  • ¿Se dispone de las embarcaciones, materiales, equipos y herramientas adecuados para contener y recolectar los derrames de crudo?
  • ¿Están organizados y debidamente entrenados los grupos de respuesta? ¿se realizan periódicamente simulacros de eventos?

Estas interrogantes representan oportunidades para generar información necesaria para proteger el ambiente, fortalecer la gestión de prevención de seguridad y ambiente y mejorar el desempeño ambiental de PDVSA y otras organizaciones, sobre la base del conocimiento de sus propios trabajadores y contratistas, así como el aporte técnico de terceros especializados. Recordemos que según la Ley Orgánica del Ambiente “el derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión”.

La Ley de Calidad de las Aguas y del Aire también se pronuncia en el mismo sentido, al expresar que el acceso a la información es un derecho de las personas. Este derecho a la información es fundamental y prerrequisito para que puedan facilitarse y materializarse los derechos a la participación y a la tutela efectiva, o lo que es lo mismo, el derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia, en defensa de los derechos ambientales.

En tercera instancia es importante saber el volumen de crudo derramado, tanto en el mar como en tierra firme. De igual manera se requiere conocer las acciones de limpieza y recolección realizadas a la fecha, ya que para atender los derrames petroleros en tierra, dependiendo el tipo y volumen de crudo y las características de las zonas afectadas, pueden emplearse diferentes implementos tales como palas y rastrillos, construir bermas o diques de contención, usar materiales y mantos oleofílicos, así como sistemas de aspiración.

Con respecto a los derrames en agua, pueden desplegarse barreras de contención, mantos y mopas oleofílicas y emplear embarcaciones y desnatadores para detener el desplazamiento del petróleo y recoger el hidrocarburo suspendido en la superficie del agua.

Las acciones de limpieza y recolección del crudo también pueden ser ambientalmente impactantes sobre estos ecosistemas marino-costeros sensibles, siendo necesario evaluar y documentar sus respuestas, a fin de introducir cambios o de ser necesario, definir nuevas respuestas.

En términos de la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, la industria petrolera constituye una actividad capaz de degradar la calidad de las aguas y el aire, y por lo tanto debe estar sujeta a control. Tiene también el deber de disponer de la tecnología y personal técnico apropiado para una adecuada gestión ambiental y estar óptimamente preparada para casos de emergencia o vertidos imprevisibles, estableciéndose sanciones cuando no se activen o se activen de forma deficiente los planes de emergencia o contingencia.

Por su parte, la Ley de Zonas Costeras establece que las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades que impliquen riesgos de contaminación u otras formas de degradar el ambiente y los recursos de dichas zonas, deberán contar y mantener medios, sistemas y procedimientos para la prevención, tratamiento y eliminación de cualquier elemento contaminante que pudiera afectar a dicha zona.

Finalmente es importante considerar el papel que pueda jugar el Ministerio Público en este caso, pues si bien no se tiene información cierta de que se haya iniciado una investigación al respecto, no hay que perder de vista las previsiones de la Ley Penal del Ambiente, donde se tipifican delitos ambientales que incluyen hechos que atenten contra la calidad ambiental y en particular relativos a la contaminación por hidrocarburos, que pudieran resultar aplicables.

La acción penal para estos casos es pública y puede proceder de oficio, y su objetivo no es solamente buscar la imposición de las sanciones penales, sino también, y más importante, llegar a establecer medidas precautelativas, de restitución y de reparación, en favor del ambiente y de las poblaciones vulneradas. Todo ello enmarcado en la Constitución de Venezuela, que contempla el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado venezolano.

Por todas las razones expuestas, VITALIS considera que el derrame de crudo ocurrido en julio de 2020 en Golfo Triste es una excelente ocasión para aprender, marcar diferencias y establecer el rumbo de una gestión co-responsable, legal, técnica y ambientalmente correcta.

VITALIS insta a las autoridades de PDVSA, al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y especialmente a INPARQUES, que unan esfuerzos entre ellos y con todos quienes podemos y queremos aportar en materia ambiental, a objeto de efectuar los estudios pertinentes dirigidos a evaluar sobre bases científicas, los impactos de este evento, proponer las medidas adecuadas de mitigación y remediación, establecer las acciones de protección de la biodiversidad marino-costera del Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, definir y levantar los indicadores de recuperación ambiental, así como también, establecer la gestión corporativa preventiva que debería implementarse para evitar su ocurrencia en el futuro.


(*) Equipo Técnico de Vitalis Venezuela, México y Costa Rica. www.vitalis.net

[1] https://elpitazo.net/occidente/sociedad-venezolana-de-ecologia-exige-
determinar-responsables-por-derrame-petrolero/
[2] https://www.laiguana.tv/articulos/779576-costas-parque-nacional-morrocoy-
golfo-triste-saneados/
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Refiner%C3%ADa_El_Palito y
https://talcualdigital.com/trabajadores-de-refineria-el-palito-lograron-reiniciar-planta-de-craqueo-catalitico/

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