Por Diego Díaz Martín (*)
Hay decisiones que se toman en días, pero se pagan durante décadas. En una emergencia, la rapidez importa; pero cuando se confunde rapidez con improvisación, el daño puede ser mayor que el problema que se intenta resolver.
Cada vez que el suelo tiembla en Venezuela, algo más se sacude junto con los edificios: la tentación de resolver rápido lo que exige criterio. Pocas ideas son tan cómodas, tan aparentes y tan equivocadas como tomar los escombros que deja un terremoto y lanzarlos al mar.
La situación de La Guaira no admite ambigüedades: hacerlo no sería solo un error ambiental. Sería ilegal, irresponsable y una hipoteca sobre el futuro de un litoral del que dependen miles de familias.
Lo que dice la ley, sin interpretaciones convenientes
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 127 al 129, consagra el derecho a un ambiente sano, obliga al Estado a proteger los ecosistemas y exige estudios de impacto ambiental para actividades capaces de dañarlos. Verter escombros al mar sin autorización ni evaluación viola ese mandato desde su origen.
A ello se suman la Ley Orgánica del Ambiente, que prohíbe contaminar cuerpos de agua; la Ley Penal del Ambiente, que sanciona la contaminación de aguas y costas; la Ley de Gestión Integral de la Basura, que reconoce los escombros de construcción y demolición como residuos sólidos que deben gestionarse en sitios autorizados o valorizarse; y la Ley Orgánica para la Gestión Integral de las Zonas Costeras, que otorga protección especial a franjas como la de La Guaira, por su valor ecológico, social y estratégico.
Tampoco es solo un asunto interno. Venezuela es parte del Convenio de Cartagena de Indias, que obliga a los países del Gran Caribe a prevenir y controlar la contaminación marina de origen terrestre. El compromiso no es únicamente con nuestras leyes: es con toda una región que comparte ese mar.
Lo que la ley protege no es abstracto
Los escombros de un terremoto no son bloques limpios de concreto. Son mezclas de yeso, metales, restos de cableado, pinturas, plásticos, maderas tratadas y, en edificaciones antiguas, posibles rastros de asbesto u otros materiales peligrosos.
Arrojados al mar, esos residuos no desaparecen. Se incorporan al agua, aumentan la turbidez, deterioran hábitats, afectan corales, praderas marinas, peces, moluscos y aves costeras. También alteran la dinámica natural de las playas y pueden acelerar procesos de erosión difíciles y costosos de revertir.
La Guaira ya es un territorio de alta vulnerabilidad costera. Añadir escombros no autorizados a su litoral no es una solución temporal a la emergencia: es sumarle una segunda catástrofe, silenciosa y prolongada, a una tragedia que ya exige toda nuestra capacidad de respuesta.
La otra opción, la que sí tiene sentido
Los escombros no son solo un problema que hay que sacar de la vista. En buena parte, pueden ser un recurso. Con separación, clasificación, trituración y control de calidad, parte del concreto y otros materiales pueden reutilizarse en rellenos, subbases viales y aplicaciones de ingeniería.
Eso reduce costos de disposición final, disminuye la presión sobre canteras y ríos, evita nuevos impactos ambientales y convierte una emergencia en una oportunidad real de economía circular.
Esa es la ruta que defendemos desde Vitalis: separación de materiales en el sitio, identificación y retiro seguro de residuos peligrosos, reciclaje de lo aprovechable y disposición final, solo de lo que realmente no tenga otro destino y en instalaciones debidamente autorizadas desde el punto de vista ambiental y sanitario.
Una decisión que no es solo técnica
Hacerlo bien requiere voluntad institucional, coordinación, supervisión y rapidez. Porque las decisiones que se tomen en los próximos días no definirán solo la limpieza de una zona afectada, definirán el estado de nuestra costa durante años.
Reconstruir después de un desastre no puede significar únicamente levantar edificios de nuevo. También significa decidir qué país queremos ser cuando pase la emergencia: uno que traslada sus problemas al mar, o uno que entiende que gestionar bien los escombros de hoy es proteger la costa, la salud pública y la resiliencia de mañana.
Desde Vitalis seguiremos insistiendo con la misma claridad con la que lo dice la ley: el mar no es un vertedero.
Y cuando una sociedad olvida eso en nombre de la urgencia, no resuelve una emergencia: siembra otra. Una que puede durar décadas.
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(*) Presidente de Vitalis. Experto en sustentabilidad. Profesor universitario con más de 30 años de experiencia como docente e investigador en temas vinculados a la gestión ambiental. Biólogo, Master en Gerencia Ambiental y Doctor en Ingeniería para el desarrollo sostenible
