Precauciones ante los incendios forestales

Por Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS

Uno de los temas discutidos con insistencia en las reuniones preparatorias para la Cumbre de Desarrollo Sostenible por las organizaciones no gubernamentales (ONG), es que el Estado somos todos y no exclusivamente los gobiernos que utilizan ambos términos como sinónimos, con lo cual se debilitan los procesos de participación y toma de decisiones, con aciertos y desaciertos, pero también con logros y retrocesos.

Varias delegaciones oficiales, incluyendo la representación de la Unión Europea, reconocieron el rol de las ONG como genuina expresión de la sociedad civil organizada, destacando el valor que poseen para los Estados, y específicamente para los gobiernos, aportando experiencias, capacidades y destrezas para fortalecer la gestión ambiental de cada país.

Personalmente, he podido compartir la opinión de muchas de las ONG asistentes a este encuentro, pues “una cosa es lo que se dice y otra la que se hace”, haciendo referencia a la larga brecha entre los discursos y la realidad de las acciones a nivel nacional.

Las ONG reunidas en la gran manzana reiteraron su compromiso con la presente y futuras generaciones, para que en un ánimo propositivo, constructivo y proactivo, continúen impulsando nuevos y mejores escenarios en los cuales se fortaleza la búsqueda de soluciones a los principales problemas ambientales, donde la acción gubernamental simplemente no llega, o es débil. La intención de las ONG es seguir contribuyendo al desarrollo de nuestros pueblos, pero en escenarios donde la equidad, la igualdad y la justicia en la toma de decisiones, reflejen el sentir de las mayorías y no de la exclusiva visión de los gobiernos.

A 10 años de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, las ONGs latinoamericanas han visto con tristeza cómo se han agudizado los problemas ambientales, sociales, culturales, sanitarios, económicos y políticos. Todo ello debido a un insostenible aprovechamiento de los recursos naturales, la pérdida sistemática de bienes y servicios ambientales y una mayor dependencia económica de los grandes centros de poder.

Las ONG también instaron a los gobiernos a cumplir cabalmente con los protocolos y acuerdos adquiridos en los escenarios internacionales que vayan a favor del desarrollo sostenible. Asimismo, exigieron priorizar la conservación de las áreas naturales protegidas y garantizar la activa participación de los pueblos autóctonos en su manejo.

Dos puntos importantes en la posición de las ONG fue la incorporación del tema de la discriminación ambiental en la agenda de la Cumbre de Desarrollo Sostenible, así como la expresa solicitud de eliminar la deuda externa como un acto de buena fe de los países ricos hacia el tercer mundo, como primer paso “tangible y real” para erradicar la pobreza.

Las ONG reiteraron su disposición de trabajar activamente en todo el proceso que definirá las acciones ambientales prioritarias para los próximos diez años. Además de los proyectos y acciones que le son propias, las ONG prometen seguir de cerca las buenas acciones de los gobiernos para reconocerlas y apoyarlas, sin dejar de censurar los comportamientos indebidos e insostenibles en detrimento de las mayorías.

No hay Estado sin gobierno, pero tampoco sin sociedad civil comprometida y participativa. En los países democráticos, las autoridades son reflejo de la decisión de los pueblos y son ellos quienes están llamados a ratificarles o revocarles en cualquier momento.

El Estado somos todos, ¿o no?.

Por Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS

Aquellos impactos ambientales ocasionados por el hombre, que acumulados en el tiempo, afectan en forma directa la calidad de vida de las personas y en general los ecosistemas, incluyendo a la vida silvestre y acuática, es lo que llamamos pasivos ambientales.

La degradación de las aguas marino-costeras de Venezuela, es un buen ejemplo de tales pasivos ambientales. Las continuas descargas de aguas residuales domésticas e industriales, así como aquellas derivadas de actividades agrícolas y petroleras, han incidido notoriamente en su deterioro, situación que se ha visto agravada con la descarga de sustancias tóxicas, incluyendo residuos altamente peligrosos.

Desde el punto de vista atmosférico, el aire de nuestras ciudades ha sido afectado por diversos procesos derivados del crecimiento urbanístico incontrolado, y muy especialmente, del desarrollo de las actividades industriales y del parque automotor, lo cual ha derivado en estándares ambientales que requieren de un especial manejo en diversas regiones del país, a fin de prevenir su agudización.

Otro pasivo ambiental, pocas veces reseñado como tal, es la deforestación, la cual alcanza en Venezuela cifras alarmantes de acuerdo a organizaciones internacionales como la FAO. Recordemos que nuestro país ha perdido alrededor del 40% de su cobertura vegetal original.

En cuanto a nuestros suelos, la eliminación o disposición inadecuada de sustancias químicas de uso industrial, minero y urbano, incluyendo el mal desarrollo y mantenimiento de los procesos industriales, ha ocasionado la acumulación de miles de toneladas de residuos cuyo manejo ha sido difícil, debido, entre otros aspectos, a los altos costos del proceso y la disponibilidad de las tecnologías apropiadas.

Resulta importante reflexionar sobre quién o quiénes son los responsables de los pasivos ambientales en Venezuela, aunque su conocimiento no necesariamente conduzca a la solución del problema. Sin embargo, más importante que todo, es gestionar la remediación de las áreas afectadas mediante mecanismos interinstitucionales de cooperación, donde además de actuar en forma inmediata sobre las regiones más afectadas, se dicten las pautas técnicas y administrativas para detener su continuo crecimiento, habida cuenta que los procesos industriales y el desarrollo urbano no se detienen.

Se debería lograr un consenso para dar prioridad a los sitios, áreas o lugares que serán evaluados y posteriormente intervenidos, teniendo presente al menos lo significativo del deterioro ambiental, y particularmente de los impactos sobre las personas y la vida silvestre y acuática, sin dejar de lado las alternativas de rehabilitación, recuperación o remediación.

Sabemos que la solución para remediar las consecuencias de los pasivos ambientales posee un alto valor económico, pero también estamos convencidos que es posible, siempre y cuando exista la voluntad, la tecnología y la capacidad técnica de nuestros funcionarios para resolverlo. Después de todo, seguimos siendo un país rico.

Por Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS

Los zoológicos han sido creados para promover la conservación de la fauna silvestre y proveer oportunidades para la recreación, la educación y la investigación. Sin embargo, lejos de una situación ideal, algunos zoológicos en Venezuela se han convertido en parques con jaulas, dejando de lado las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento.

En Venezuela existen alrededor de 14 Zoológicos, de los cuales más de la mitad confrontan serias dificultades en su administración y manejo. Falta de aseo de las instalaciones, diseño inapropiado de las exhibiciones, manejo inadecuado de la información para los usuarios, son sólo algunos de sus principales problemas. Todo ello, sin mencionar aquellos derivados de presupuestos insuficientes, que limitan su gestión a una administración basada en la supervivencia.

En Venezuela, en opinión de la Biólogo Esmeralda Mujica, miembro de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios – ALPZA, la mayoría de las instalaciones nacionales están por debajo de los estándares internacionales, particularmente por la falta de investigación y su limitada proyección hacia las comunidades, debido entre otros aspectos, a la poca valoración de estos lugares como centros de alta utilidad para la formación de valores, conocimientos y conductas, cónsonas con la conservación ambiental.

Un ejemplo exitoso en materia educativa dentro de los Zoológicos de Venezuela, lo constituye el Parque Zoológico Ambiental Gustavo Rivera, en Punta Cardón. Por medio de diversas iniciativas han logrado capacitar a cientos de docentes de la región, en temas claves para el desarrollo local, incluyendo sus principales ecosistemas estratégicos, y los bienes y servicios ambientales asociados.

En materia de Fauna, destaca el Zoológico de Bararida, en el Estado Lara, instalación que ha logrado reproducir en cautiverio desde Osos Meleros hasta Cunaguaros.

No importa el tamaño de la colección, o si la infraestructura es moderna, pero sí el equipo humano interdisciplinario que garantice el desarrollo de sus principales actividades. También es importante contar con los materiales y equipos para manejar los animales, pues sin el equipamiento básico, pueden cometerse accidentes irreversibles.

Después del Brasil, Venezuela es el segundo país en América en contar con un ordenamiento legal específico para el manejo y funcionamiento de los zoológicos. Además posee una Fundación Nacional llamada FUNPZA, adscrita al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, que supervisa, capacita y asesora a estas instalaciones, para promover un eficiente desempeño.

En nuestro país contamos con un excelente capital humano e infraestructura técnica para lograr más y mejores zoológicos. Para ello, debemos conciliar intereses, coordinar efectivamente los esfuerzos interinstitucionales, capacitar nuestros recursos humanos, diversificar las fuentes de financiamiento y lograr comprometer a nuestras autoridades y sus funcionarios hacia una gerencia exitosa, que trascienda los intereses particulares, y garantice el desarrollo de estas instalaciones y el cumplimiento de sus objetivos de conservación.

Publicado en la columna “Importancia Vital” del Diario El Globo, 15/01/01 y en la Sección de Opinión de El Universal, 5/02/01

Por Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS

Con el inicio de una nueva campaña electoral, surgen promesas y sueños propios del realismo mágico y cada uno de nosotros recobra las esperanzas por un municipio limpio, seguro y confortable. Sueños que solo serían posibles de cumplir, con una gestión ambientalmente responsable, propia de aquellas autoridades que no anteponen sus necesidades a las del colectivo; un soberano que tiene en sus manos la única opción para elegirlos.

Diversas instrumentos jurídicos otorgan a los Municipios funciones específicas para promover una gestión ambiental eficiente y efectiva, entre ellas la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Esta Ley, decretada en el año 1.989, expresa claramente en su artículo 36 las competencias ambientales que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

Sin embargo, poca gente conoce tales funciones y atribuciones. Por otro lado, pocos son los Alcaldes y Concejales que están al tanto de sus responsabilidades en el sector ambiental.

Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que Alcaldes y Concejales son los máximos responsables en el ámbito municipal de la protección ambiental?. ¿Cuántos de nosotros nos hemos percatado del papel del Municipio en la construcción y mantenimiento de acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de aguas residuales?. ¿Es que acaso al autorizar un desarrollo urbanístico en zonas frágiles y sin vocación residencial, no estamos contraviniendo el marco jurídico venezolano?. ¿Qué pasó con las áreas verdes, jardines, plazas, playas, balnearios y otros sitios de recreación y deporte bajo el ámbito municipal?. ¿Qué debemos hacer para que se organice eficientemente el tránsito de vehículos y personas en nuestra comunidad, y que los ruidos molestos desaparezcan en nuestras preciadas horas de descanso?

Probablemente no encontremos con facilidad respuesta a estas interrogantes, pero un Alcalde y una Cámara Municipal ambientalmente responsable si debería poder suministrarlas.

Nuestro país necesita gerentes y legisladores municipales capaces de motorizar a todos los ciudadanos hacia la reconciliación y compromiso con su entorno, buscando el beneficio colectivo, por encima de las posiciones individualistas.

El clientelismo político, y también social, cada vez pierde más vigencia, pues se imponen nuevos estilos de gestión basados en principios universales como la solidaridad, la transparencia administrativa y la gobernabilidad participativa.

Los venezolanos informados, estaremos muy atentos de la gestión ambiental de nuestros alcaldes, así como de aquellos Concejales que serán elegidos próximamente. Ya basta de echarle la culpa al resto de las organizaciones gubernamentales, que sin estar exentos de culpa, pocas veces logran coordinarse efectivamente con las máximas autoridades municipales, quienes están obligados a cooperar en temas claves para el desarrollo nacional, como la salubridad pública, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Es probable que muchos de nuestros candidatos aún desconozcan sus compromisos ambientales con la presente y las futuras generaciones.

En nuestras manos está otorgar la oportunidad a los que realmente estén en capacidad de actuar en forma responsable, por un ambiente sano para todos sus ciudadanos

Este artículo fue publicado en la Columna “Importancia vital”, Sección Economía, del Diario El Globo (28/11/00)