(*) Por Elaine Alvarado
Abrir un grifo y no recibir una sola gota de agua es una realidad cotidiana en numerosos hogares de América Latina y el Caribe, especialmente en comunidades rurales, periurbanas y de bajos ingresos. En 2024, alrededor de 140 millones de personas (el 21,1 % de la población regional) todavía carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Las diferencias también son profundas entre subregiones, territorios y grupos sociales.
Este desafío se agrava por los efectos del cambio climático. En las últimas décadas, las precipitaciones en la región se han vuelto más extremas, alternando periodos secos más prolongados con lluvias intensas e inundaciones. La escasez de agua ya no puede entenderse únicamente como la ausencia física del recurso: también puede ser consecuencia de una infraestructura deficiente, contaminación, desigualdad, falta de planificación y debilidad institucional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Esto supone que todas las personas deben disponer de agua suficiente, segura, accesible y asequible para atender sus necesidades personales y domésticas. Sin embargo, reconocer un derecho no garantiza automáticamente su cumplimiento: se requieren instituciones capaces, inversión sostenida, regulación efectiva y mecanismos que prioricen a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
La crisis hídrica es también una expresión de injusticia social. El acceso al agua segura continúa siendo menor en los hogares de bajos ingresos, las zonas rurales y en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Además, la proporción de población más vulnerable de la región destina proporcionalmente 1,6 veces más de su gasto familiar al agua y al saneamiento que la de mayores ingresos. Quienes reciben el servicio más irregular pueden terminar pagando más por cada litro adquirido mediante camiones cisterna, recipientes o proveedores informales.
Frente a esta realidad, la gobernanza hídrica resulta fundamental. Gobernar el agua significa establecer reglas claras, distribuir adecuadamente las responsabilidades, coordinar a las instituciones, utilizar información confiable, prevenir conflictos entre usuarios y garantizar transparencia, participación y rendición de cuentas. Esta gobernanza debe operar desde las comunidades y los municipios hasta las cuencas hidrográficas y los ámbitos nacionales, porque el agua no reconoce fronteras administrativas.
La corresponsabilidad es necesaria, pero no debe diluir las obligaciones públicas. Los Estados continúan siendo los principales responsables de garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento. A su vez, los prestadores públicos, comunitarios o privados deben operar con eficiencia y transparencia; las empresas deben reducir su consumo y prevenir la contaminación; por su parte, la ciudadanía debe disponer de mecanismos reales para participar, acceder a la información y ejercer contraloría social.
La infraestructura construida tampoco será suficiente si se deteriora la infraestructura natural. Los bosques, humedales, páramos, manglares y demás ecosistemas vinculados al agua favorecen la infiltración, la regulación de los caudales, la retención de sedimentos y el mantenimiento de la calidad hídrica. Su degradación incrementa los costos de potabilización y reduce la capacidad de los territorios para enfrentar sequías e inundaciones.
Avanzar hacia una verdadera seguridad hídrica exige proteger y restaurar las cuencas; mantener y modernizar las redes; identificar y reducir fugas; medir públicamente la continuidad y calidad del servicio; tratar y reutilizar de forma segura las aguas residuales; promover tarifas socialmente justas; y fortalecer la participación informada de las comunidades. No se trata únicamente de construir más obras, sino de administrar mejor el agua disponible y garantizar que las decisiones respondan al interés colectivo.
Defender el agua significa proteger los ecosistemas que la regulan, las instituciones que deben gestionarla y el derecho de todas las personas a recibirla en condiciones dignas. La gobernanza hídrica no sustituye la inversión ni la infraestructura, pero permite que ambas sean más justas, eficientes y sostenibles. Garantizar el agua es asegurar el futuro.
