
Ing. Luís Alejandro Padrino (*) @agua_ambiente
Para
abordar una emergencia humanitaria compleja como la que vive Venezuela, se
deben considerar componentes de atención urgente como el abastecimiento de agua
potable a la población más vulnerable, pero es en los temas de gobernanza y
gestión donde se sientan las bases para que no vuelva a ocurrir o, en caso de
presentase, que sus efectos sean controlables. En este aspecto, la gestión del
agua tiene un papel crucial que amerita medidas estructurales que vayan más
allá de la coyuntura actual, buscando mejorar los niveles de seguridad hídrica del
país ante escenarios de mayor incertidumbre como el cambio climático.
Aunque
Venezuela cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per
cápita del mundo, esta no se traduce en seguridad hídrica debido a la falta de
inversión, carencia de políticas y la escasa integridad en la administración
los recursos financieros. Los impactos de la falta de seguridad hídrica van más
allá del evidente deterioro del servicio de agua potable, generando importantes
retrocesos en el sector agrícola y energético por la interdependencia del “nexo:
agua-energía-alimentos”.
El
agua está presente en todos los aspectos de la sociedad de manera transversal,
siendo considerada como el epicentro para el desarrollo sostenible, por lo que
todos los sectores tienen algo que aportar en la gestión del recurso. Los
esquemas de gobernanza del agua se establecen bajo criterios de
descentralización por cuencas hidrográficas, que deben ser gestionadas por órganos
consultivos y ejecutivos denominados Consejos de Cuenca o Región Hidrográfica.
Estos a través del consenso con los distintos actores estratégicos planifican entorno
a la gestión integrada de los recursos hídricos y la conservación de las
fuentes, llevando a cabo una gestión efectiva a través de las Secretarías
Ejecutivas de Cuenca o Región Hidrográfica en coordinación con otros entes y
organizaciones. Contar con un ministerio solo para la gestión de aguas facilita
en gran medida los procesos administrativos y de coordinación para establecer una
línea estratégica nacional, siempre que cuente con las atribuciones para
ejercer un control y gestión real sobre el sector.
Los
recursos hídricos son el mayor vínculo de la sociedad con el ambiente, donde la
infraestructura verde o natural realiza una serie de funciones ecológicas y
procesos naturales que benefician directamente a la sociedad como lo son: secuestro
de carbono, regulación hidrológica, control de erosión, almacenamiento de agua en
suelos y acuíferos. Estos también son llamados servicios ambientales. El
eslabón más débil de la conservación ambiental, tanto en Venezuela como en
otros países de la región, es el acceso al financiamiento, por lo tanto del
reconocimiento de los servicios ambientales, nacen estrategias de retribución económica
como los pagos por servicios ambientales con los que no solo se estarían
reconociendo los costos de operar y mantener la infraestructura gris, conformada
por plantas potabilizadoras, sistemas de riego o centrales hidroeléctricas,
etc., sino que también se brindaría soporte financiero a la ejecución de
proyectos de conservación de la infraestructura verde conexa, ya sea en áreas
protegidas o en áreas intervenidas por la agricultura, ganadería y otras
actividades económicas que pueden desarrollar modelos de producción más
sostenibles y amigables con el ambiente.
(*) Experto en seguridad hídrica y manejo de cuencas. Profesional Asociado de VITALIS en Ecuador. lpadrino@vitalis.net







