(*) Por Cecilia Gómez Miliani
A casi tres meses después de los sismos que sacudieron a Venezuela, es momento de repensar las decisiones de reconstrucción. La recuperación no puede ser una carrera por volver a la ‘normalidad’ previa. Debe ser, ante todo, un ejercicio de planificación territorial informado, riguroso y respetuoso de la normativa vigente.
El territorio es un sistema vivo, complejo y dinámico. En el caso de la fachada norte costera venezolana, es además un sistema particularmente sensible a perturbaciones sísmicas, hidrometeorológicas y antrópicas. Reconstruir sin considerar estas variables no es desarrollo: es reproducir la vulnerabilidad existente.
La ordenación del territorio constituye un proceso técnico, jurídico y político que permite orientar el uso y ocupación del espacio en función de sus capacidades, limitaciones y potencialidades. En Venezuela, este proceso está regulado por la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio que lo define como una política de Estado orientada a promover y regular la ocupación del territorio nacional, en concordancia con la estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo.
El Plan Nacional de Ordenación del Territorio, establecido mediante Decreto Presidencial Nº 2.945 de 1998, constituye el marco de referencia para la planificación espacial a escala nacional. Sin embargo, su aplicación ha sido intermitente y, en muchos casos, ignorada en la toma de decisiones. Los sismos de junio de 2026 ponen nuevamente en evidencia la importancia de contar con instrumentos de ordenación territorial actualizados y efectivamente aplicados.
Desde la perspectiva de la ordenación del territorio, el caso específico de La Guaira, debe entenderse como un sistema territorial integrado por cuencas costeras que articulan las zonas altas y medias con la franja litoral. Cualquier intervención en la zona baja donde se ubican puerto, viviendas, comercios y vías, tendrá efectos limitados si no se abordan de manera integral las cuencas altas y medias.
La estabilidad de las laderas, la capacidad de infiltración de los suelos, la dinámica de escorrentía y la susceptibilidad a movimientos en masa son variables que deben ser mapeadas, monitoreadas y consideradas en cualquier decisión de reconstrucción de este espacio geográfico. Ignorar esta interdependencia es asumir riesgos innecesarios.
La ordenación del territorio exige respetar la vocación histórica y económica de cada espacio. En el caso de La Guaira, esa vocación está ligada al turismo, pesca, servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos. Reactivar estas actividades es prioritario, pero debe hacerse bajo criterios de sostenibilidad y reducción de riesgos, evitando la ocupación de zonas de alta peligrosidad y fortaleciendo la resiliencia de las comunidades.
Al mismo tiempo, es necesario revisar el modelo de concentración poblacional en la fachada norte costera. Una actualización de la política nacional de ordenación territorial debería promover un sistema de asentamientos más equilibrado y policéntrico, sustentado en criterios actuales de riesgo, capacidad ambiental, infraestructura y oportunidades económicas.
Los sismos dejaron una evidencia contundente: la forma en que se ocupa, planifica y construye el territorio puede multiplicar las consecuencias humanas, económicas y ambientales de un fenómeno natural. La reconstrucción debe estar guiada por instrumentos técnicos sólidos, por el respeto a la normativa vigente y por una comprensión profunda de los procesos naturales que modelan el territorio.
Desde Vitalis, se insiste en que la verdadera recuperación no se mide en velocidad de reconstrucción, sino en la calidad de la planificación que la sustenta. Ordenar el territorio antes de reconstruir no es una opción: es un imperativo técnico, legal y ético. La Guaira, y Venezuela, merecen un futuro construido sobre bases firmes, no sobre los mismos errores del pasado.
(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables, Magister en Gestión Ambiental, Doctora en Economía y Administración de Empresas. Directora de Vitalis Academy.
