Por Abog. Mariana Tejado (*)
Es necesario que la ciudadanía cuente con mecanismos que le permitan proteger el medio ambiente y los recursos naturales de una manera eficiente y eficaz. Desafortunadamente, en México parece lejana la idea de contar con caminos rápidos y accesibles que permitan alcanzar una verdadera justicia ambiental sin tener que pasar por la contratación de abogados especialistas, largos periodos de espera o inclusive, tener que invertir una gran cantidad de dinero en la elaboración de estudios que permitan comprobar la existencia de contaminación o afectación al ambiente.
Si bien México es un país megadiverso y multicultural, su historia en las últimas décadas se ha visto plagada de tragedias ambientales que han impactado y afectado nuestros recursos naturales y, con ello, a la sociedad. Con facilidad se pueden evocar sucesos como el derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora; la explosión en el pozo Terra 123 en el estado de Tabasco; la contaminación del río Atoyac que corre a lo largo de los estados de Tlaxcala y Puebla y los múltiples derrames de hidrocarburos en la zonas costeras del país.
Por lo anterior resulta necesario contar con mecanismos que le permitan a la sociedad tener acceso a la justicia ambiental. Además de la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales – vía que se torna larga, compleja y en ocasiones poco efectiva – existen otros mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede acudir a instancias en las que un juez no está involucrado.
Como ejemplo de lo anterior tenemos (i) la denuncia popular, la cual debe ser presentada ante las autoridades encargadas de la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental como puede la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a nivel federal, o las procuradurías estatales. Asimismo, se cuenta con (ii) el procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución encargada de integrar expedientes y determinar la violación o no de los derechos humanos así como el similar llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, (iii) existe el mecanismo seguido ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, la cual analiza la correcta aplicación de la normatividad ambiental.
Estoy convencida de que estos mecanismos pueden ser de gran utilidad para la ciudadanía que se encuentre necesitada de salvaguardar el ambiente. Por ello, considero indispensable que se tenga acceso a información que permita conocer de manera clara el procedimiento bajo el cual funcionan dichos mecanismos, para que éstos sean aprovechados por la ciudadanía y, con ello, se reduzca la impunidad y se garantice la protección de los derechos humanos en materia ambiental.
(*) Abogada. Especialista en Derecho Ambiental. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de ONGVitalis Latinoamérica – México. @marianiux888
