Por Ing. Edgar Rodríguez Santos (*)

La seguridad se encuentra incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo la denominación Paz, Justicia e Instituciones Fuertes , un tema de especial relevancia para México en el marco de la sustentabilidad.

En los últimos años, los niveles de inseguridad y violencia armada, han tenido un aumento considerable, con lamentables consecuencias para el desarrollo del país, ya que afectan su crecimiento económico y redundan en otro tipo de delitos.

La seguridad es un marco normativo dinámico y práctico, que permite hacer frente a las amenazas con que se enfrentan personas y gobiernos.

Dentro del orden global, México está entre los primeros 60 países catalogados como pacíficos. Sin embargo, con respecto a los índices de seguridad, el país se ubica en los últimos sitios. Esto a su vez, es consecuencia del incremento en la tasa de delitos como el homicidio, el robo con violencia y el aumento de los crímenes realizados por la delincuencia organizada.

Otro factor importante para destacar es la corrupción que permea entre las autoridades de la seguridad pública, ya que según estudios realizados, se tiene un porcentaje alto de ciudadanos que perciben que las autoridades son corruptas. Entre los factores analizados, se tienen dos causas principales: los niveles salariales que no corresponden en absoluto a los altos riesgos que afronta su profesión y a la capacidad económica de las organizaciones criminales, que les permite corromper a los policías.

En promedio,  en México 91% de los delitos cometidos no se castigan, por lo que el país ocupa el penúltimo lugar entre los países con mayor impunidad. Esta situación se agrava con el índice de magistrados y jueces por habitante, que tiene una tasa de 3.5 por cada 100,000 habitantes, siendo la media global de 16.

Los delitos cometidos tienen un alto impacto para la economía nacional; al alcanzar en el año 2016 un costo de 3.07 billones de pesos, lo cual es equivalente al 18% del PIB.

De tal manera, es necesario que se enfoquen esfuerzos para conducir al país hacia la sustentabilidad desde el ámbito de la seguridad. En primer lugar, para proteger la vida de la población, así como salvaguardar su integridad y patrimonio, creando condiciones de vida que eviten de forma preventiva el surgimiento de actos criminales y violentos. En segundo lugar, fortaleciendo las instituciones y el estado de derecho, atendiendo los grupos vulnerables, y promoviendo una cultura de paz. Este último puede favorecerse, mejorando y acondicionando los espacios públicos con la debida seguridad, lo cual a su vez repercutirá en un desarrollo sostenible nacional.

 

*Ing. Químico Petrolero, erodrisant@gmail.com

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