La organización no gubernamental VITALIS, fijó su posición en torno al proyecto de desarrollo turístico de la Isla La Tortuga, propuesto por el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Producción y Comercio.
De acuerdo con la opinión de Diego Díaz Martín, Presidente de esta ONG ambiental “VITALIS comparte los objetivos de desarrollo sostenible que acompañan al proyecto, pero señala su preocupación por lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la necesidad de contar con la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental, la cual de existir, debe formar parte integral de la propuesta de desarrollo, con sus principales conclusiones y recomendaciones ambientales”.
Preocupa a VITALIS el manejo que se vaya a realizar de los recursos faunísticos y florísticos de la isla, catalogados por la misma propuesta oficial como “de abundancia considerable”.
Si bien el proyecto resalta la aplicación de “criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, aprovechando áreas naturales marino-costeras poco intervenidas”, no describe con precisión las medidas que serían tomadas para mitigar los efectos de las actividades susceptibles de degradar la fauna y la flora, limitándose a desarrollar las acciones relacionadas con las “aguas servidas, el reciclaje de agua y el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos”.
VITALIS recuerda que esta isla es hábitat de corales, manglares, praderas de fanerógamas marinas, delfines y tortugas marinas. Estas últimas, amenazadas de extinción, utilizan algunas de las playas para nidificar.
VITALIS también resalta la importancia del proyecto para generar empleo y divisas para el país, de allí que confía en que las consideraciones ambientales sean desarrolladas y sometidas a la consulta de especialistas debidamente calificados, antes de su aprobación definitiva.
Cabe resaltar que la propuesta evidencia la dirección del proyecto al mercado internacional. En tal sentido, VITALIS indica que el mercado nacional también debería tener acceso a estos proyectos, para hacerlos accesibles a la población venezolana, evitando la prohibición casi obligada que determinan los altos costos de los servicios turísticos en zonas como Canaima y Los Roques cuyo atractivo principal son los ecosistemas naturales, patrimonio de todos los venezolanos.
